«La prostitución constituye una forma de violencia contra mujeres y niñas en sí misma y debe ser tratada como tal», ha indicado la relatora de la ONU sobre la violencia contra las mujeres y niñas, Reem Alsalem, en rueda de prensa tras haber presentado al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas su primer informe dedicado a la situación de la prostitución.

En él, la relatora aboga por que los gobiernos apliquen un modelo abolicionista o «igualitario» de la prostitución y despenalicen la prostitución de mujeres y niñas, las traten como víctimas y les proporcionen apoyo integral y vías de salida.

También insta a los estados a tipificar como delito la compra de actos sexuales y adoptar medidas estrictas contra el proxenetismo.

El documento, basado en la información recopilada por la experta a partir de testimonios de supervivientes, demuestra que las normas patriarcales, las desigualdades económicas y la globalización están contribuyendo a normalizar la prostitución.

Según Alsalem, esta normalización perpetúa la violencia sistemática contra las mujeres y las niñas, y difumina la línea que separa el sexo consentido de la violencia sexual.

«No se puede hablar de consentimiento»

«El concepto de consentimiento en la situación de prostitución es absurdo porque se trata de situaciones de abuso y explotación extremas y, por tanto, no podemos hablar de consentimiento en estas condiciones», aseveró.

Ha advertido de que la normalización de la prostitución también crea expectativas sexuales perjudiciales y afecta al comportamiento sexual de hombres y niños, además de afectar negativamente la participación segura e igualitaria de las mujeres y las niñas en la sociedad.

Además de la desigualdad de género, la relatora ha denunciado que en muchos casos la prostitución conlleva una marginación estructural que «sexualiza y racializa la pobreza» al aprovecharse de mujeres que carecen de acceso a servicios de protección o a oportunidades de subsistencia digna.

La relatora ha puesto ejemplos como el de las mujeres migrantes, las cuales al llegar a los países de acogida se encuentran en un estatus «dudoso», una condición que «aumenta su riesgo de ser víctimas de esta lacra».