A dos días de cumplirse 29 meses de la detención en condiciones absolutamente irregulares del periodista vasco Pablo González Yagüe, colectivos y sindicatos de periodistas han convocado a una manifestación frente al consulado de la República de Polonia en Madrid y han intentado entregar una carta en la que piden que se cumplan los derechos fundamentales para el periodista preso.

Esto último no ha sido posible porque ningún funcionario de la sede diplomática polaca ha querido atender la petición, según han informado los convocantes al salir de la misma. «Ni han querido cogerla en mano, nos han dicho que la dejemos en un buzón», ha dicho a NAIZ y otros medios presentes allí Amaia Goikoetxea Marqués, presidenta de la Asociación Vasca de Periodistas y decana del Colegio Vasco de Periodistas.

A diferencia de otras ocasiones, en las que quien convoca es el colectivo Free Pablo González (manifestaciones que suelen ser frente al Ministerio de Asuntos Exteriores ubicado en el centro histórico madrileño), que aglutina a amigos y familiares y activistas, el acto de este miércoles ha sido promovido y organizado por sindicatos y asociaciones y colectivos de periodistas, que han querido presentar su propia misiva a la representación del Gobierno polaco en el Estado español al estar ya cerca de cumplirse dos años y medio de la detención del cronista.

Los convocantes han sido la Asociación Vasca de Periodistas, Reporteros Sin Fronteras, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), el Sindicato de Periodistas de Madrid, la European Federation of Journalists (EFJ), ELA, CCOO y UGT.

Pocos minutos después de las 12.00, periodistas y activistas sostenían pancartas frente al consulado, ubicado en la calle Goya a metros del emblemático monumento a Colón, en la que se reclamaba la liberación de González y el respeto a sus derechos.

Una de las personas detrás de la pancarta era Oihana Goiriena, familiar del periodista encarcelado. «Ya no se puede pedir más veces esto», ha dicho con un gesto de visible cansancio.

Albares, «que desbloquee la situación»

«Pedimos que se cumplan derechos básicos como llamadas de teléfono, visitas regulares, y que de ser posible cumpla aquí (en el Estado español) el tiempo que quede para esperar al juicio», ha señalado. Además, preguntada por los medios presentes qué le diría al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha respondido: «Que desbloquee la situación, quien puede hacerlo es solamente él y le toca a él».

Goiriena ha recordado que la última vez que vio personalmente a González fue el 13 de mayo pasado, y era tan solo la tercera vez que lo hacía en más de dos años porque las autoridades penitenciarias polacas no lo habían permitido más: «Aquel día lo vi esperanzado, con ánimo y salud, el año pasado lo vi peor. Él es consciente de que es cuestión de tiempo y se siente privilegiado porque recibe apoyo de gente, tiene a su familia y abogados y dice que eso no es lo frecuente con los otros presos».

Sobre el posible optimismo al haber un nuevo Gobierno en Polonia que no es de ultraderecha, Goiriena espera «que un Gobierno mas europeísta y mas alineado con los derechos europeos pueda ayudar».

Por su parte, Goikoetxea ha dicho a NAIZ que es «una vergüenza» que en la embajada polaca no hayan querido coger en mano la carta «y que no hayan ni siquiera abierto la puerta. La próxima vez haremos algo mas, subiremos el tono. Esto es inaceptable», ha enfatizado.
Además, ha confirmado que está decidido que se realice una manifestación junto a asociaciones de periodistas de Polonia frente a la cárcel de Radom, algo que fue debatido y votado en la última reunión de la Federación Internacional de Periodistas, que tuvo lugar en Tirana, capital de Albania.

La periodista vasca ha también denunciado «la inacción del Gobierno español», que «no hace nada» al respecto y así «no está garantizando los derechos de los periodistas, despreciando su labor. Aquí hablan de bulos y las fake news y cómo se deben erradicar, pues que comiencen por esto, defendiendo con uñas y dientes los derechos de Pablo González», ha recalcado.

También estaba presente el presidente de honor de la Asociación de Periodistas de Investigación, Antonio Rubio, uno de los mayores investigadores de los GAL y autor de libros y documentales al respecto. El periodista, que actualmente se dedica al mundo académico, ha lamentado que un país miembro de la Unión Europea esté «incumpliendo las normativas judiciales, no es ético, no es lógico ni es de Derecho».

En ese sentido, en conversación con NAIZ ha criticado que el Gobierno del Estado «lo que está haciendo sobre este tema es materialmente nada» y ha enfatizado que «no se puede tener dos años a una persona sin juicio, el Gobierno debe intervenir y también la UE».

«Estamos aquí todos pidiendo su libertad y si alguna vez ha cometido una irregularidad, pues que se juzgue, todo el mundo tiene derecho a ser juzgado, pero lo que no puede ser es que esté en una situación tercermundista», ha añadido.

Preguntado sobre por qué parece no haber tenido este caso un eco suficiente en la sociedad y en el gremio periodístico, ha respondido: «Decía Albert Camus que un país vale lo que vale su prensa. Podemos recoger esas palabras del maestro Camus para entender esto… Quizás no se ha informado lo suficiente. La gente también tiene que tener la inquietud de informarse. Es un fiel reflejo del momento periodístico que estamos viviendo», ha opinado.

En tanto, la representante de Reporteros Sin Fronteras, Edith Rodríguez, ha reclamado el cese del «encarnizamiento carcelario» contra González y que haya «más transparencia en la comunicación a las entidades periodísticas de lo que el Gobierno español esta haciendo» sobre este tema.

Las organizaciones convocantes han leído un comunicado en el que recuerdan que el periodista vasco está encarcelado «sin acusación judicial formal alguna y en situación de prisión preventiva con agravante de aislamiento», algo que han tachado de «intolerable, injusto y contrario a cualquier elemental derecho humanitario, máxime en un país de la UE». También se ha pedido al Gobierno español una actitud «mucho más decidida ante el Gobierno de Polonia y las instancias europeas».

Pablo González nació en Moscú y tiene doble nacionalidad, española y rusa porque su padre es ruso, mientras que su madre es descendiente de los llamados ‘niños de la guerra’, hijos de republicanos acogidos en Rusia tras el golpe fascista del 36 Fue detenido en febrero de 2022 acusado de «espionaje» a favor del Gobierno de Putin mientras cubría el devenir de la invasión a Ucrania trabajando en territorio polaco, aunque con el tiempo nunca se han expuesto evidencias o pruebas en su contra.