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La peña Sanduzelai denuncia que la Policía española le amenazó con una multa de un millón

«Lo que queremos saber es por qué y para qué querían nuestros datos», ha señalado la Peña Sanduzelai, al revelar las amenazas de la Policía española para obtener los datos de todos sus socios dentro de la investigación por el incidente ocurrido en la plaza de toros de Iruñea el 14 de julio de 2022.

Vista general de la plaza de toros de Iruñea, durante una de las corridas de los pasados sanfermines.
Vista general de la plaza de toros de Iruñea, durante una de las corridas de los pasados sanfermines. (Jagoba MANTEROLA | FOKU)

La Policía española amenazó a la dirección de la peña Sanduzelai con una multa de un millón de euros si no le entregaba los datos de todos sus socios dentro de la investigación por el incidente ocurrido en la plaza de toros el 14 de julio de 2022.

Así lo ha revelado Alazne Vicente, presidenta de la citada peña, en una comparecencia ante los medios en la que ha estado acompañada por la presidenta de la Federación de Peñas de Iruñea, Rakel Arjol.

La excusa para pedir esos datos era la investigación del incidente registrado en la plaza de toros el 14 de julio de 2022 tras la denuncia realizada por la peña Mutilzarra. Ese día, sus integrantes bajaron al ruedo para salir por la puerta grande con su pancarta, «que desde hace muchos años lleva una gran bandera de Navarra detrás», explicó.

«Comenzaron entonces las muestras de odio y rechazo con una gran pitada y cántico muy numeroso desde las localidades de sol» contra ellos, según aseguró la peña en su día, que habló de insultos, lanzamiento de objetos y de una agresión a su presidente ya fuera de la plaza.

La persona que denunció los hechos aseguró que había visto a alguien que portaba la camisa de la peña Sanduzelai en los incidentes.

En el curso de la investigación de esos hechos, la Policía español solicitó a la dirección de Sanduzelai los nombres de todos los socios, el DNI y los teléfonos de contacto para identificar al presunto agresor, ha explicado Vicente.

Alazne Vicente y Rakel Arjol, en la rueda de prensa ofrecida en la peña Sanduzelai. (EUROPA PRESS)


Ya se había identificado

Y realizó esa petición a pesar de que esa persona se había presentado por su cuenta ante la víctima para pedirle perdón, por lo que ya estaba identificada. Esta circunstancia lleva a Vicente a señalar que «lo que queremos saber es por qué y para qué querían nuestros datos, dónde están ahora. Si la persona estaba identificada, ¿por qué seguían solicitando los datos de todos los socios? No solo pedía, presionaba, amenazaba... ¿por qué todo esto?».

De hecho, en relación a las presiones, ha indicado que la Policía española llegó a amenazar a la dirección de la peña con una multa de un millón de euros si no le facilitaba esa información.

La situación se volvió muy complicada para la dirección, ya que «estuvimos dos meses de vuelta con esto todos los días. La Policía estuvo varias veces en la peña, llamamientos, mensajes... dos meses muy malos».

Por todo ello, la peña Sanduzelai va a pedir explicaciones a la delegada del Gobierno español en Nafarroa por esta actuación de la Policía. Incluso la Federación de Peñas también ha denunciado el informe político sobre las peñas elaborado por la Policía española para atribuir un delito de odio en el proceso.  

Absueltos del delito de odio

Los hechos que originaron esta situación finalmente fueron juzgados y los cinco acusados de coaccionar a simpatizantes de la peña Mutilzarra fueron absueltos de delitos de odio por la Sección Segunda de la Audiencia de Nafarroa el 28 de mayo de este año.

La Fiscalía había solicitado dos años de prisión para dos inculpados y un año para los otros tres procesados por «sendos delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas, en su modalidad de delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución, en concurso con un delito contra la integridad moral».

Pero en su sentencia, los jueces indicaron que «ni los integrantes de la peña Mutilzarra, ni sus simpatizantes conforman un grupo protegido, en la configuración típica; tampoco la justificación que se trata de dotar para la realidad de existencia de un discurso de odio, puede estimarse como concurrentes en las concretas circunstancias del caso».

Por ese motivo condenaron a 360 euros de multa, como autores de sendos delitos leves de amenazas, a dos acusados que imprecaron a simpatizantes de la peña Mutilzarra. Un tercer inculpado fue condenado a la misma multa, por un delito leve de lesiones, por haber dado «un manotazo» en la cara a otro seguidor de la misma.