La polémica ley de amnistía impulsada por el anterior Gobierno conservador para el norte de Irlanda está en la agenda del nuevo inquilino del 10 de Downing Street, el laborista Keir Starmer, según se ha confirmado este miércoles en la protocolaria sesión dirigida por el rey Charles III. Sin embargo, no hay confirmación total de que el objetivo sea la derogación y menos aún plazos para ello.

Con todo, el tema está sobre la mesa y a él se han referido tanto el Gobierno irlandés como Sinn Féin, que desean que se llegue a la derogación y se evite así la impunidad para los militares británicos que cometieron crímenes en el marco del enfrentamiento armado.

Tras escuchar el discurso del monarca británico, Dublín ha indicado que espera un gesto al respecto antes de decidir si retira la demanda legal interestatal que presentó el pasado año ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contra el Reino Unido.

«Siempre he sido claro al respecto, tal y como está, no es adecuada para su propósito», ha declarado el viceprimer ministro irlandés, Micheál Martin, en referencia a la llamada Ley del Conflicto (Legado y Reconciliación) de 2023, introducida por el anterior Gobierno conservador.

Martin aseguró que está deseando trabajar con el nuevo ministro británico para el norte de Irlanda, Hilary Benn, para abordar este asunto, que también tratará este miércoles en Londres el propio Starmer con su colega irlandés, Simon Harris.

«Las necesidades de las víctimas y el cumplimiento con el TEDH deben de estar en el centro de este enfoque revisado», insistió Martin sobre la reforma de la ley, que cuenta asimismo con el rechazo de los grupos de víctimas y los principales partidos políticos norirlandeses.

A la cabeza de este rechazo está Sinn Féin, cuya presidenta, Mary Lou McDonald, se ha hecho eco de esta posibilidad pero ha reclamado a Starmer hechos y no meras palabras (que ni siquiera ha pronunciado el ganador de las elecciones).

Inmunidad en entredicho

La polémica legislación ofrece a miembros de las fuerzas de seguridad y a los paramilitares inmunidad ante procesos penales y civiles si colaboran con una comisión independiente creada para obtener información y favorecer la reconciliación, según planteó Londres en su origen.

En este contexto, todos los procesos judiciales, incluidas las investigaciones especiales, que no llegaron al final de su instrucción y estaban listos para emitir un veredicto concluyeron el pasado mayo.

El Tribunal Superior de Irlanda del Norte ya dictaminó en febrero que la ley es incompatible con la Convención Europea de Derechos Humanos.

El juez instructor, Adrian Colton, advirtió de que no existen evidencias de que las disposiciones legales encaminadas a conceder una amnistía bajo ciertas condiciones contribuirán al proceso de reconciliación en la región, tal y como sostenía el Gobierno del Reino Unido.