El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se ha acogido a su derecho a no declarar ante el juez que investiga a su esposa por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios, acogiéndose al artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que recoge que un cónyuge está «dispensado de la obligación de declarar» en una causa contra su pareja, abierta por una denuncia del autodenominado sindicato Manos Limpias y en la que figuran otras acusaciones como Vox o la organización ultracatólica Hazte Oír.

El juez Juan Carlos Peinado se ha desplazado al Palacio de La Moncloa para llevar a cabo esta comparecencia testifical, a pesar de que Sánchez pidió por carta que su declaración se realizara por escrito.

El magistrado ha llegado a la sede presidencial a las 10.20, y junto a él han accedido la Fiscalía, las defensas de los tres encausados y la letrada de Vox, Marta Castro, como coordinadora de las acusaciones populares.

«Exactamente dos minutos»

En uno de los accesos se han concentrado desde primera hora de la mañana una veintena de simpatizantes de Hazte Oír, que han coreado lemas como «Pedro Sánchez a prisión» o «Juan Carlos Peinado, España está a tu lado».

El abogado de Begoña Gómez, el exministro del PSOE Antonio Camacho, ha detallado que «la declaración ha durado exactamente dos minutos. Por su señoría se ha preguntado al presidente si tenía alguna relación con alguno de los investigados. Él ha manifestado, evidentemente, que es el cónyuge de mi representada. A partir de ahí le ha preguntado si se acogía a la dispensa de no declarar. Ha dicho que sí».

«Y a partir de ese momento el juez, lógicamente, ha dicho que la diligencia se tiene por terminada. Se ha firmado el acta y hemos salido», ha apostillado.

Preguntado sobre si cree que Sánchez podría terminar como investigado, Camacho ha opinado que «en ningún caso. Porque si no hay objeto del procedimiento, si no se está investigando realmente nada, no cabe esa opción».

Sánchez se querella contra el juez

Sánchez no ha testificado ante el juez, pero su mensaje posterior hacia Peinado no deja lugar a la duda, al presentar una querella por un presunto delito de prevaricación. En representación del presidente, la Abogacía General del Estado ha denunciado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) a Peinado y a su sustituto, el juez Carlos Valle, por la providencia por la que se le citó como testigo y por la que se rechazó que declarase por escrito.

La Abogacía defiende a lo largo de 35 páginas que Sánchez tenía que haber comparecido por escrito en su condición de jefe del Gobierno, al considerar que así lo fija la ley para los casos en los que se le tome declaración por hechos de los que tuvo conocimiento por razón de su cargo de presidente.

«Lo que adquiere relevancia, no se nos lleve a engaño, es lo hecho por la investigada en consideración a que su esposo es presidente del Gobierno, esto es, en atención a su cargo. No cabe disociar a una persona y pretender que se le va a preguntar como esposo, cuando lo determinante del objeto de la investigación, como decíamos, es la condición de presidente de Gobierno del marido de la investigada», asevera.

«Se trata de impedir que el ejercicio del poder judicial altere innecesariamente el discurrir y labor de los demás poderes estatales. No hay duda de ello y no la ha habido desde la aprobación de nuestra sobradamente centenaria Ley de Enjuiciamiento Criminal», añade.

En el marco del escrito, la Abogacía insiste en que el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid no cuenta con «un mínimo indicio» y genera con sus «conjeturas» un «descrédito gratuito» hacia la Presidencia del Gobierno.

Vox: «Impávido y altanero»

En declaraciones a los medios, la coordinadora jurídica de Vox, que ha estado presente en el interrogatorio, ha asegurado que Sánchez se ha mostrado «impávido y altanero».

La testifical, que se ha demorado unos 20 minutos por una serie de «cuestiones técnicas», se ha celebrado en un «despacho habilitado a tal efecto». El juez, según Marta Castro, no ha permitido que se realizase ningún tipo de pregunta tras la negativa del presidente a declarar.

A su juicio, el citado artículo 416 de la LECrim dispensaría a Sánchez de declarar sobre su mujer, «pero en ningún caso en relación a los otros dos acusados», el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, y el empresario Juan Carlos Barrabés.

PP: «Más sospechoso que nunca»

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha destacado que «Sánchez no ha querido declarar ante la justicia, pero responderá ante los españoles por tantas injusticias», entre las cuales ha incluido el acuerdo con ERC para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat.

«Otro chantaje independentista. Otra vez la sociedad engañada. Otra investidura comprada por Sánchez, que pretende que paguemos todos con más desigualdad. Mintió a Junts con la amnistía. Pretende repetirlo ahora con ERC con una promesa imposible», ha sostenido.

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha manifestado que Sánchez se convierte «en más sospechoso que nunca» tras haberse acogido a su derecho a no declarar.

En una rueda de prensa en el Congreso, Tellado ha subrayado que Sánchez «tenía la oportunidad de demostrar que no hay nada», pero al no haber contestado «está reconociendo que no tiene explicaciones para todo lo que ha sucedido en los últimos años en el Palacio de la Moncloa».