Un nuevo acuerdo con sindicatos y patronal que permite la compatibilidad de la pensión con el trabajo ha sido anunciado por el presidente del Gobierno español durante su comparecencia ante los medios de comunicación para hacer balance del curso político, en el Complejo de la Moncloa.

Desde hace meses, la mesa de pensiones ha estado discutiendo temas como la reforma de la jubilación parcial, la compatibilidad entre pensión y trabajo, la colaboración de las mutuas con la Seguridad Social en las bajas derivadas de lesiones traumatológicas o el establecimiento de los coeficientes reductores en actividades penosas para el anticipo de la jubilación.

Según Sánchez, y a falta de conocer el detalle del texto, el acuerdo logrado va a permitir la compatibilidad de la pensión con el trabajo, garantizando «el tránsito hacia una jubilación flexible y adaptada a cada una de las personas».

Además, «se aprovecharán mejor los recursos de las mutuas y se regulará el acceso a la jubilación de las profesiones especialmente duras, peligrosas y expuestas a riesgos», ha asegurado.

«Creo que es un acuerdo muy positivo, un nuevo acuerdo con los agentes sociales que refuerza nuestro sistema público de pensiones y lo hace más justo para millones de trabajadores y de pensionistas», ha enfatizado el jefe del Ejecutivo.

Así, el acuerdo incluye una mejora de los incentivos a la demora en la edad de jubilación, que además será compatible con la jubilación activa, de manera que todos los trabajadores podrán llegar a cobrar el 100% de la pensión mientras siguen trabajando.

También permitirá acceder a la jubilación parcial con hasta tres años de adelanto, al tiempo que mejora las condiciones del trabajador relevista, que tendrá que ser indefinido y a tiempo completo.

La ministra española de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha afirmado en un comunicado que es «de máxima relevancia para los pensionistas de hoy y del futuro», y también «para los desafíos de nuestro mercado de trabajo».

«El diálogo, la escucha y el consenso es la única forma de proceder de este Ministerio y la única fórmula para que las reformas pactadas sean duraderas y tengan un efecto verdaderamente beneficioso y transformador en la sociedad», ha indicado Saiz.

Prácticamente al mismo tiempo que Sánchez hacía el anuncio, el comité ejecutivo de la patronal informaba de su ratificación.

En un comunicado, ha señalado que «moderniza el marco de la jubilación en España para adecuarlo a los retos que deben afrontar las empresas».

Los cambios «se adecúan a los requerimientos actuales de la economía española y de las empresas para que puedan hacer frente a los desafíos derivados de las transiciones ya en marcha», añade la patronal.

Destaca además que «prioriza la protección de la salud de los trabajadores, al impulsar la colaboración de las mutuas con los servicios públicos de salud».

La CEOE insiste en que este pacto «ratifica el valor del diálogo social como instrumento clave para lograr acuerdos estables, amplios y duraderos en el tiempo, en beneficio del conjunto de los ciudadanos».

Para CCOO, este acuerdo culmina la reforma de pensiones iniciada en 2021 «con una legislación mejorada del modelo de jubilación gradual y flexible» y reconoce más derechos de jubilación parcial, además de que incluye «un nuevo reglamento para la jubilación anticipada por trabajos penosos y nuevos incentivos para la compatibilidad de trabajo y pensión».

Según ha avanzado UGT, el acuerdo mejora los incentivos a la jubilación demorada, que serán compatibles con la jubilación activa, al tiempo que se elimina el requisito de contar con la carrera completa de cotización y se mejoran los porcentajes de pensión compatibles con el trabajo.

El acuerdo prevé revisar, en un plazo de seis meses, la jubilación flexible para mejorar los porcentajes de la prestación a percibir y se crea un nuevo marco regulador para la jubilación parcial.

Sobre la situación económica, ha destacado «el buen desempeño de la economía española, que va como un tiro», pero ha reconocido el «drama que viven muchísimos ciudadanos con la vivienda» y ha prometido «consistencia y determinación» para enfrentar el principal problema que sufren actualmente los ciudadanos.

«Crecemos más que las principales economías de la Unión Europea y por encima de las previsiones que habían marcado instituciones tan importantes como el Fondo Monetario Internacional, la OCDE o la Comisión Europea», ha enfatizado el jefe del Ejecutivo español.

«Un paso en la federalización»

En su comparecencia, Sánchez también ha hecho referencia al preacuerdo entre el PSC y ERC para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat para calificarlo de «ejemplo de diálogo tras la mayor crisis territorial de la historia de la democracia provocada por el PP en Cataluña». Ha añadido que el acuerdo incluye una financiación singular para Catalunya y una «convención nacional para la resolución del conflicto político», y es «un paso en la federalización» del Estado autonómico «incuestionable», además de suponer «una muy buena noticia para el sistema político español».

«España está mucho mejor que en 2017 y estará aún mejor en 2028 respecto al 2024», ha asegurado, al tiempo que ha señalado que «ahora es el momento de dialogar y de seguir llegando a acuerdos». 

Ha asegurado que «yo estoy muy contento y muy feliz (por ese preacuerdo) y reclamo, por supuesto, el respeto y reconocimiento de un partido político independentista como ERC, que gracias a la negociación y al acuerdo, ha logrado importantes avances para reforzar el autogobierno en Cataluña».

Todo ello después de que García-Page se haya mostrado convencido de que el PSOE «no va a acabar avalando» la propuesta de ERC y que ese preacuedo no les vincula. Sobre estas palabras, Sánchez ha ironizado que hablando del presidente de Castilla La Mancha, la noticia sería que «saliera en rueda de prensa apoyando al Gobierno».

Ha reafirmado que este principio de acuerdo, a la espera de que sea refrendado por la militancia de ERC, «es positivo para Cataluña y el país», a la par que ha reivindicado que su gobierno ha elevado los recursos a las autonomías.

El «montaje» de Peinado

El presidente del Gobierno español también se ha referido a la querella que ha presentado contra el juez Juan Carlos Peinado que investiga a su esposa, Begoña Gómez. Ha señalado que busca defender la «dignidad de la institución de la Presidencia» y los «derechos» que, según ha denunciado, se han «atropellado» a la misma.

Según ha recalcado, lo que ha hecho la Abogacía del Estado con la interposición de esa querella ha sido «defender la institución de la presidencia del Gobierno de España, porque ha visto que se han atropellado derechos que vienen reconocidos en la institución de la presidencia del Gobierno de España nada más y nada menos que desde 1886».

Además, ha incidido en que en Moncloa este martes se vivió «un montaje» y que fue «absolutamente patético y bochornoso» ver «a las asociaciones ultraderechistas pelearse por ver quién entraba» a su testifical. Con todo, se ha mostrado convencido de que «el tiempo pondrá las cosas en su sitio».

A su juicio, la investigación a su mujer por supuestos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios es «un no caso» y lo que hay es «un gobierno que gobierna y una oposición que fabula», frase que ha repetido en varias ocasiones a lo largo de su comparecencia.

Sánchez ha insistido en que, ante ese «no caso», fruto de la «frustración e impotencia de una oposición que ha renunciado a la batalla legítima de las ideas, a poner encima de la mesa un proyecto político», lo que ha hecho la Abogacía del Estado es defender la institución de la Presidencia del Gobierno español, su «dignidad» y la separación de poderes.

El jefe del Ejecutivo español ha asegurado que «ante la evolución económica, social y territorial del Estado la oposición no puede decir nada».

«En vez de hablar de crecimiento económico, hablan de un no caso; en lugar de hablar de avances sociales, identifican la migración con la delincuencia; y en lugar de aportar y arrimar el hombro para resolver la crisis institucional derivada del conflicto en Cataluña, a todo lo llaman golpe de Estado», ha manifestado.

Recursos a la Ley de Amnistía

En relación a la Ley de Amnistía, el presidente del Gobierno español ha augurado que aquellas comunidades autónomas que presenten recursos de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional «los van a perder».

Esta reacción de Sánchez se ha producido después de que Castilla-La Mancha haya confirmado en el Consejo de Gobierno autonómico que la comunidad recurriría la ley ante el alto tribunal.

A esta confirmación, hay que añadir la de diversas comunidades autónomas gobernadas por el PP que ya anunciaron en su día su intención de recurrir la norma. Entre ellas se encuentran Madrid, Andalucía, Murcia, Galiza y País Valencià.