En plena canícula informativa agosteña, el caso de la agresión del sábado en Txomin Enea ha cobrado una gran dimensión. Es portada en los medios convencionales, arrasa en las redes sociales, genera debate político y moviliza a la Fiscalía, que afirma que va a investigar si el cambio de género del ertzaina fue legal o se hizo para evitar condenas por violencia machista. Veremos en qué queda todo ello dentro de unos días o semanas: si se aclara lo sucedido, si se toma alguna medida efectiva y si el desenlace mejora el sistema. De momento hay más rumores que datos sobre lo ocurrido, las fallas sistémicas quedan a la vista... y la persona atacante está libre, con una acusación menor y blindada por el anonimato.

También hay que tener especial cautela en la cuestión por las víctimas, no una sino tres, que eran quienes estaban en la vivienda cuando se produjo el intento de agresión con cuchillo, dos de ellas menores. Los periodistas tenemos experiencia suficiente para saber que hay que esperar a los escritos de acusación fiscales, a veces años, para confirmar o desmentir las escuetas informaciones iniciales. Con todo, la prudencia no es óbice para sacar ya algunas conclusiones sobre aspectos que no están llegando precisamente a primera plana.

El foco está puesto sobre cuál es el género real de la persona atacante, por si ello pudiera acarrear una diferencia de tratamiento judicial. Sin embargo, hay algo de lo que ya se ha beneficiado, sea hombre o mujer: de su condición de ertzaina. Al contrario de lo que ocurre otras veces, no se han facilitado su edad o sus iniciales. Tampoco sabemos en qué comisaría estaba destinado, por lo que entre otras cosas es imposible ilustrar la noticia con esa fotografía. Curiosamente sí nos han querido contar que está de baja, aunque tampoco nos han explicado por qué.

Esta protección extra a su identidad no resulta irrelevante: sirve para que por el momento no se pueda confirmar si se trata de una persona muy activa en redes sociales con mensajes de ultraderecha y contra la izquierda abertzale, como apuntó esta información de NAIZ, o si tiene relación muy directa con Desokupa, como circula en redes sociales con nombres y apellidos. No es intrascendente porque si se probara que es un ultra de manual e implicado en la causa, quedaría más claro que ha intentado ridiculizar una ley que la derecha detesta y combate.

La protección extra a su identidad no resulta irrelevante: si fuera un ultra implicado en la causa, quedaría más claro que ha intentado ridiculizar la ley

Tampoco hay que olvidar que la decisión judicial de dejarle libre en unas horas, pese a la gravedad de un ataque que la víctima tuvo que esquivar rociándole con gas pimienta, no se tomó porque esté registrada como mujer y no como hombre. Eso impactará en el desarrollo procesal consiguiente, pero de momento lo que el auto del Juzgado de Donostia determinó es que no se consideraba que la acción fuera grave. Se argumentó que no produjo heridos, así que no se calificó como intento de homicidio sino como amenazas. ¿Se hubiera apreciado lo mismo en caso de ser carpintero o bombero y no ertzaina? No estoy seguro.

El delito de «atentado a la autoridad» está perfectamente definido en el Código Penal, pero cuando es la autoridad la que atenta eso no supone una agravante, sino una atenuante. A nivel de condena judicial y también de sanción interna. Hay miles de ejemplos que poner en Euskal Herria, pero fijémonos solo en uno: la muerte de Iñigo Cabacas se saldó sin una sola medida disciplinaria contra los ertzainas implicados. A muy corto plazo, queda la duda justificada de qué ocurrirá en este caso cuando el/la ertzaina acabe el periodo de baja. De momento, el nuevo consejero, Bingen Zupiria, ha dicho en la Ser que quedará «apartado del servicio» y que lo ocurrido es «muy grave».

Yendo más allá, la relación de los cuerpos policiales con la violencia machista bien merecería un estudio detallado. En medio de la vorágine informativa por este caso de Donostia, el martes en Castellbisbal y Rubí un hombre mató a tiros a su mujer y su expareja antes de suicidarse. Era Juan Fortuny de Pedro, comisario principal de la Policía española hasta su jubilación hace un año, número dos de este cuerpo en Catalunya, condecorado por cuatro cuerpos policiales diferentes.

¿Qué tipo de controles tienen los cuerpos policiales para que un número dos de la Policía española en Catalunya cometa un doble crimen machista y un ertzaina abuse de una víctima a la que debía proteger?

En 2021 en Errenteria un ertzaina abusó de la víctima de violencia machista a la que teóricamente debía proteger (por cierto, fue condenado a solo 2.190 euros de multa y sigue trabajando, en otras funciones). La pregunta es inevitable: ¿Qué tipo de controles internos tienen las policías para que personas así puedan escalar a las más altas responsabilidades o acabar destinadas en las labores más inadecuadas?

Y otra más, para cerrar todo esto: ¿Qué lógica tiene que la condición de policía funcione como atenuante y no como agravante? ¿Hasta cuándo se va a mantener ese criterio, que encima se fortalece con las leyes del silencio y corporativismos habituales?

En un quiebro surrealista, este episodio no está siendo utilizado para poner de manifiesto todo lo anterior, sino para atacar una ley que en sí es progresista, que busca ampliar derechos. Desde la derecha se apunta en redes que ya advirtieron de que el cambio de sexo vía registro con mera manifestación de voluntad podía acabar siendo un coladero. Borja Corominas, portavoz del PP, pone el grito en el cielo. Como si no hubiera sido uno de los suyos quien ha incurrido en el aparente fraude... En este caso, más que una profecía autocumplida, tiene tintes de sabotaje premeditado.

A la derecha solo le interesa magnificar las trampas cuando no le gustan las leyes: Trans, Sí es Sí, RGI... En que se incumpla el resto no ve mayor problema

Como ya ocurrió contra una campaña similar contra la Ley del Solo Sí es Sí, conviene remarcar lo obvio: siempre habrá alguien interesado en hacer fraude de ley contra una norma, sea progresista o retrógrada. A veces hasta son los propios jueces, como vemos con la amnistía en Catalunya o las leyes penitenciarias en Euskal Herria. Nada nuevo. Para eso están los mecanismos de investigación y sanción. Ya veremos si se activan y llegan al final en este caso de Txomin Enea.

La cuestión es que a la derecha solo le interesa magnificar estas trampas cuando no le gustan los avances sociales, pongamos por caso la RGI. En que se incumplan sistemáticamente otras, no ve mayor problema. Hay un fraude, claro que sí, un fraude político en todas estas campañas sucias.