El Ministerio Público de Venezuela ha informado este viernes de que citará «en las próximas horas» al candidato presidencial de la oposición mayoritaria, Edmundo González Urrutia, por una investigación penal en su contra, debido a la presunta comisión de delitos asociados a la denuncia de fraude electoral.

El fiscal general, Tarek William Saab, ha adelantado que pronto se darán a conocer, «en tiempo, modo y lugar», los detalles de esta citación, con la que esperan que el abanderado de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) dé explicaciones sobre la página web en la que se publicaron actas electorales que, según el antichavismo, demostraban su victoria en los comicios del 28 de julio.

«Tiene que venir a esta citación para que hable, de manera consecuencial y sucesiva, de su responsabilidad en el antes, durante y después del 28 de julio, por su contumacia, su desobedicencia a las autoridades», ha explicado el fiscal en una alocución transmitida por el canal estatal VTV.

Saab aspira a que el opositor «rinda declaraciones sobre su autoría» en la publicación de estos datos, lo que –ha remacado– «ha usurpado» una tarea «que solamente corresponde» al Consejo Nacional Electoral (CNE).

«Él no da la cara, no se sabe dónde está», ha comentado el fiscal, que afirma que «está enconchado» (escondido), debido a «su extrema cobardía, terror y temor a la justicia» pero, ha insistido, «va a tener que dar la cara» ante el Ministerio Público.

Entre los delitos mencionados por la Fiscalía en la investigación contra González Urrutia se encuentran el de usurpación, conspiración y asociación para delinquir.

El anuncio del fiscal se produce un día después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) confirmase la victoria de Maduro, lo que ha sido rechazado por varios países, que piden a las autoridades de Venezuela publicar los resultados electorales detallados.

Declaración conjunta de once países

En concreto, Chile, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay han rechazado, de forma conjunta, el anuncio del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela.

Los citados Gobiernos dudan de «la supuesta verificación de los resultados del proceso electoral del 28 de julio, emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), y que pretende convalidar los resultados sin sustento emitidos por el órgano electoral», según un comunicado conjunto difundido por la Cancillería chilena.

Añaden que «los países que suscriben, reiteran que solo una auditoría imparcial e independiente de los votos, que evalúe todas las actas, permitirá garantizar el respeto a la voluntad popular soberana y la democracia en Venezuela».

Ha rechazado sumarse a esta declaración el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien sí ha insistido en que deben difundirse las actas electorales.

También el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, ha rechazado la decisión del TSJ al considerar que el propio tribunal y el ente electoral han actuado con «total opacidad» y con un comportamiento que «se ha caracterizado por la promoción de teorías de la conspiración y la emisión de anuncios y declaraciones sin ningún respaldo documental».

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha reclamado, por su parte, «total transparencia» y ha recordado que el Consejo Nacional Electoral aún no ha publicado las actas de los distintos colegios tras los contestados comicios.

En una línea similar se ha expresado el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, que ha avanzado que la UE no reconocerá a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela hasta que no se entreguen y puedan ser verificadas las actas electorales.

Desde Cuba, el Centro de Investigaciones de Política Internacional (CIPI) considera que todo aquel que cuestiona el proceso electoral venezolano sigue una «pauta que ha establecido Estados Unidos».

José Ramón Cabañas, director del CIPI, pide «respeto» a los asuntos internos de Venezuela, pero cree que publicar las actas puede tener «sentido» para despejar dudas.

Denuncia que las críticas y dudas sobre los resultados oficiales tienen «el olor a planes anteriores que han fallado».