El receso de verano se acerca a su fin. Desde los plenos extraordinarios de julio que el Congreso de los Diputados no sesiona y la Mesa presidida por Francina Armengol ya ha puesto fecha al reinicio de las actividades: 10 de septiembre, jornada en que tendrá lugar la primera sesión en hemiciclo y, al día siguiente, el primer pleno de control de esta segunda mitad del año.

Este martes hubo sesión de la Diputación Permanente que sirve como un prólogo de la inestabilidad parlamentaria, cada vez más marcada por la actitud de Junts per Catalunya, cuyos siete diputados vienen demostrando en las últimas votaciones que el Gobierno debe prepararse para prescindir de ellos: de hecho ha votado a favor de los pedidos de comparecencias del PP junto a Vox.

Los resultados de las votaciones fueron a favor de Pedro Sánchez este martes por tan solo un motivo: la Diputación Permanente (órgano legislativo reducido que funciona en el período estival) sobrerrepresenta a la mayoría que sustenta al Gobierno. Por eso, el funcionamiento articulado entre PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu y PNV ha bastado para que no triunfen los pedidos del PP. Cabe remarcar que en algunos Podemos se ha desmarcado y ha apoyado las comparecencias.

Tras los desmarques de Junts, las votaciones en la Diputación Permanente de este martes solo han sonreído a Sánchez por la sobrerrepresentación de la mayoría que sustenta al Gobierno

Pero en el hemiciclo las mayorías son otras y allí todo dependerá de Junts, siempre y cuando los otros partidos que decidieron investir a Sánchez el año pasado voten de forma coordinada. Las semanas por venir hasta las Navidades estarán signadas por el tratamiento de los Presupuestos Generales del Estado, el debate en torno a la crisis migratoria azuzado más que nunca por el PP de Feijóo, el nuevo acuerdo de financiamiento singular para Catalunya, el proyecto de reducción de jornada laboral que impulsa la vicepresidenta Yolanda Díaz y, con suerte, alguna propuesta de regeneración democrática.

PGE sí, financiación catalana no

El año 2024 se quedó sin presupuestos porque Sánchez prefirió prorrogar los del año anterior, aprobados de manera mucho más fácil con la aritmética parlamentaria de la legislatura anterior, y postergó a este año el nuevo mapa de gastos del Estado, con el pesar de varios de sus aliados, especialmente de Sumar.

Pero los meses han pasado y el PSOE espera para fines de septiembre ya poner sobre la mesa para discutir las nuevas cuentas. Fuentes del bloque de Gobierno han asegurado a NAIZ que ya hay una primera decisión tomada: se negociará con los otros partidos en base a un documento único acordado entre los socialistas y Sumar.

«Ya se han pasado propuestas a los negociadores de Sumar y los dos partidos del Gobierno desean que haya un solo documento», asegura un diputado. Los borradores están yendo y viniendo, y según fuentes del grupo de Díaz, se intentará tener en cuenta algunas de las ambiciones presupuestarias de los grupos territoriales que integran Sumar y que necesitan enviar un mensaje de utilidad a sus votantes en la periferia.

Un diputado del sector influyente de la bancada socialista ha respondido a NAIZ que, «de momento, no se sabe qué proyectos se tratarán, más allá de PGE, es todo muy preliminar, los grupos están conversando». Debido a que la mayoría es casi imposible de conseguir, los asuntos que acaben en el hemiciclo deben ser cuidadosamente pensados previamente. Los días previos al primer pleno, la Mesa del Congreso tendrá una reunión en donde se sabrá el detalle de los contenidos de las primeras sesiones.

La misma fuente del PSOE ha señalado que, si bien todo puede cambiar según la conveniencia que vea Sánchez, es altamente improbable que el Gobierno impulse el debate legislativo de la financiación «singular» para Catalunya que el PSC y Esquerra Republicana han pactado para investir a Salvador Illa como president.

El acuerdo PSC-ERC sobre financiación incluye un límite de tiempo hasta mediados de 2025, por lo que no se ligará seguramente al de presupuestos, aunque la derecha lo intentará «meter hasta en la sopa»

«No va a ser tan rápido porque en el pacto se habla explícitamente de que hay que analizarlo en profundidad previamente. Por tanto no se va a ligar seguramente presupuestos a ese debate aunque las derechas intentarán meterlo hasta en la sopa para desestabilizar. Pero no vendrá de parte nuestra», ha reflexionado. También es importante recordar que el acuerdo PSC-ERC incluye un límite de tiempo hasta mediados de 2025, lo que da a Sánchez mucho tiempo.

Es cierto que el debate sobre la reforma a la financiación catalana, que probablemente incluya un cambio en la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas, será azuzado por el PP y Vox. En esto también tendrán, otra vez, de aliado al partido de Carles Puigdemont, pero por motivos contrarios: no critican la presunta falta de igualdad de los españoles sino que denuncian las contradicciones en las declaraciones públicas entre líderes del PSOE y ERC (de hecho hubo una confusión al respecto entre la vicepresidenta Montero y Josep Borrell recientemente).

Por esto es que Junts votó a favor de la propuesta del PP de forzar a Montero a comparecer. La situación tras la aprobación de la amnistía ya no es la misma y lo han dejado saber ya desde julio, cuando junto a las derechas españolas tumbaron los objetivos de déficit.

En Ferraz, igualmente, están todavía exultantes por el hito conseguido en Catalunya. Fuentes de la Ejecutiva siguen recalcando que es un hecho histórico que sepulta el «procés» el tener un president socialista de la Generalitat tras una década y media de mayorías soberanistas. «Al fin hay una Generalitat comprometida con España y con la unidad, sin soluciones ficticias de un independentismo que ha tocado su fondo. La noticia no son los presupuestos, sino que se ha pasado página al ‘procés’», señala un miembro del Comité Federal sin contener el entusiasmo.

Migración, el nuevo fantasma

Con histeria discursiva y pocos fundamentos, el PP de Núñez Feijóo ha decidido abrazar el tema de la migración irregular y competir con Vox y el partido de Alvise Pérez en ese terreno, con declaraciones públicas de sus dirigentes, como el del alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, que se acercan a la línea roja del racismo y que no son desautorizadas por nadie en Génova.

Otra coincidencia entre PP, Vox y Junts, de hecho, es el rechazo a las modificaciones de la Ley de Extranjería que pide el PSOE para asistir especialmente al Gobierno de Canarias, quien padece la mayor tensión entre recursos y acogida. Paradójicamente, el archipiélago es cogobernado por Coalición Canaria (una de las centroderechas del Estado que se niega a zambullirse en el discurso xenófobo) y el PP. Los primeros piden la reforma del artículo 35 de la ley a sus socios, por ahora sin éxito. Otra paradoja: CC hizo la propuesta en el Congreso en conjunto con PSOE y Sumar, la oposición en Canarias.

Feijóo ha decidido abrazar el tema de la migración, que se sabe como empieza pero no como termina; el alcalde de Badalona no ha sido desautorizado tras declaraciones que se acercan a la línea roja del racismo

Emulando a otras derechas populistas como las de Francia e Italia, Feijóo ha decidido pisar el acelerador en un debate que se sabe cómo empieza pero nunca cómo termina, teniendo en cuenta las consecuencias sociales que puede acarrear. Este miércoles, aprovechando la visita oficial de Sánchez a Mauritania desde donde defendió el aporte de los migrantes a la sociedad, Feijóo ha tachado de «irresponsables» esas declaraciones y ha alertado sobre un presunto «efecto llamada en la peor crisis de migración irregular» en la historia, a su entender. Sin duda será uno de los asuntos que más destacará en el nuevo curso político.

Asimismo, la ministra de Trabajo intentará impulsar la reducción de jornada laboral, en uno de sus peores momentos políticos por los resultados electorales, los desacuerdos internos en el grupo confederal y las encuestas que pintan un panorama tenebroso. La cartera que conduce retomará el 9 de septiembre la negociación sobre las horas laborables con los agentes sociales.

Fuentes de su más cercano entorno han respondido a NAIZ: «Está en el acuerdo de Gobierno aprobar esto en el 2024, no es una novedad». El objetivo es llegar al hemiciclo con una propuesta de reducción a las 38,5 horas semanales antes de Navidad e ir a por las 37,5 horas en 2025. No sorprendería que el PSOE permita esto a sabiendas de que Junts votará presumiblemente en contra.

La Ley Mordaza es otra de las leyes que los aliados del Gobierno intentarán llevar a votación, debido a que sí podrían contar con el beneplácito de todos los independentistas catalanes. En el Congreso hay quien comenta que puede ser una cesión del PSOE que dejaría a EH Bildu en el centro de la escena como quien desbloquea su aprobación. Sería una de las pocas medidas de la llamada regeneración democrática que estarían más cerca de ver la luz. Pero de aquí hasta el próximo receso hay tres meses y medio, que en la dinámica política actual del Estado son años luz.