«Si un país no está satisfecho con un servicio de internet, la práctica establecida es iniciar una acción legal contra el propio servicio. Utilizar leyes de la era anterior a los teléfonos inteligentes para acusar a un director general de delitos cometidos por terceros en la plataforma que gestiona es un planteamiento erróneo», ha expresado Durov en su canal de Telegram.
De igual forma se ha mostrado sorprendido por las afirmaciones de la Policía sobre su presunta responsabilidad por los usos ilegales de otras personas debido a la falta de respuesta de Telegram a las reclamaciones de las autoridades del país.
«Me dijeron que podía ser personalmente responsable del uso ilegal de Telegram por parte de otras personas, porque las autoridades francesas no recibían respuestas de Telegram. Esto fue sorprendente por varias razones», ha añadido.
Ha explicado que Telegram tiene un representante oficial en la Unión Europea «que acepta y responde a las solicitudes» de la misma y que su dirección de correo electrónico está disponible de forma pública para cualquier interesado.
Durov también ha aseverado que el Estado francés disponía de numerosas formas de ponerse en contacto directo con él para solicitar ayuda, y es que, «como ciudadano francés, acudía con frecuencia al consulado de Francia en Dubai».
«Abuso de herramientas»
«Crear tecnología ya es bastante difícil. Ningún innovador creará nuevas herramientas si sabe que puede ser considerado personalmente responsable del abuso potencial de esas herramientas», ha remarcado.
«Nos hemos comprometido a colaborar con los reguladores para encontrar el equilibrio adecuado. Sí, mantenemos nuestros principios: nuestra experiencia está marcada por nuestra misión de proteger a nuestros usuarios en regímenes autoritarios. Pero siempre hemos estado abiertos al diálogo. A veces no podemos ponernos de acuerdo con el regulador de un país sobre el equilibrio adecuado entre privacidad y seguridad. En esos casos, estamos dispuestos a abandonar ese país», ha agregado.
En ese sentido, ha recordado que Telegram fue prohibida en Rusia cuando se negó a entregar claves de cifrado para permitir vigilancia y que fue baneada en Irán tras negarse a bloquear canales de manifestantes pacíficos.
Durov también ha criticado las afirmaciones de que la aplicación es «una especie de paraíso anárquico», y ha asegurado que eliminan «millones de mensajes y canales dañinos» todos los días, y que a diario publican informes de transparencia. Telegram cuenta ya con más de 950 millones de usuarios.
La Fiscalía de París imputa a Durov doce delitos, entre ellos difusión de pornografía infantil o tráfico de drogas. Las autoridades le reprochan además que no haya colaborado en las investigaciones sobre estos contenidos que ofrece su plataforma.