Cerca de 1.500 kilómetros separan en coche la factoría de GKN, en las afueras de Florencia, de la planta de Mecaner en Urduliz, pero en una y otra fábrica, dedicadas en el pasado a surtir de equipamientos a la industria de automoción, los trabajadores, apoyados por colectivos ciudadanos, abogan por impulsar un plan de transición ecosocial. Son conscientes de que no lo tienen fácil, pero están dispuestos a luchar por ello.

Dario Silvetti, trabajador de GKN, ha visitado esta semana Euskal Herria dentro de una gira para estudiar las diferentes líneas de producción de paneles fotovoltaicos «en un contexto en que Europa –lamenta– no tiene un verdadero plan público de transición climática». Además, ha aprovechado el viaje para exponer su experiencia, recoger la solidaridad con su causa y conocer otras realidades que puedan enriquecer su proyecto comunitario.

En ese recorrido se reunió con Mecaner Herriarentzat, una plataforma creada por extrabajadores, vecinos de Uribe Kosta, sindicatos como LAB y ESK, colectivos ecologistas, representantes municipales y profesores universitarios que persigue dar una «segunda vida» a la histórica matricería de Urduliz desarrollando la producción desde una perspectiva social y ecológica.

Silvetti manifiesta que su lucha y la de Mecaner coinciden en que «no podemos esperar que la transición ecológica sea utilizada como una excusa por el capital para hacer una masacre en el sector de la automoción». «Nos están atacando por haber sido capaces de ganar derechos sociales y de organizarnos sindicalmente», asegura. En su lucha se han valido de la experiencia atesorada por los obreros metalúrgicos italianos y también de Sudamérica, donde en la última década del siglo XX y primera del XXI se ocuparon fábricas para mantener la actividad industrial.

«No hay transición ecológica sin transformación social», repite Silvetti. «Cuando te quedas sin trabajo, no es solo un problema económico. Te preguntas qué tipo de persona quieres ser y la lucha por un empleo digno se convierte en una lucha por un mundo mejor», expone el florentino que, como sus compañeros, lleva desde enero sin percibir un salario.

«Estamos en un limbo. Lo llamamos la táctica del hambre. La gente se ve forzada a despedirse voluntariamente para buscar otro empleo. Claramente estamos perdiendo fuerza. Es comprensible que haya compañeros que no aguantan, pero al mismo tiempo se fortalece el movimiento social que nos respalda», se congratula. De los 422 trabajadores de GKN, quedan 150 implicados en el actual proyecto, aunque considera que la puesta en marcha de la cooperativa GKN For Future (GFF), que quieren constituir, abrirá la puerta a la reincorporación de antiguos compañeros y sumar a nuevos.

«Estamos en un limbo. Lo llamamos la táctica del hambre. La gente se ve forzada a despedirse voluntariamente para buscar otro empleo»

Confiesa que no ha sido sencillo el camino recorrido desde que el 9 de julio de 2021 les despidieron a través de un correo electrónico. GKN abastecía de semiejes a las fábricas de Fiat en Italia. En 2018, la empresa la adquirió el fondo de inversión británico Melrose y comenzaron una lucha por garantizar el empleo.

«Desde el principio tuvimos la conciencia de que era muy difícil ganar y todavía hoy creemos que es mucho más fácil perder que ganar. No podemos decir que estamos satisfechos en el sentido de que todo va bien. Las luchas no son felices, das y recibes golpes, recuerdas los rostros de algunos que nos han dejado y olvidas a otros. Hicimos lo que era necesario hacer como lo han hecho a lo largo de la historia miles y miles de obreros despedidos», sostiene.

«Nos levantamos»

A partir del despido colectivo, ocuparon la planta para evitar que se llevaran las máquinas, se constituyeron en asamblea permanente en el interior de la fábrica y sacaron su lucha a las calles bajo la consigna ‘Insorgiamo’’ (Nos levantamos), tomando el lema histórico de la Resistencia partisana florentina.

Gracias a un proceso judicial iniciado por FIOM (sindicato del Metal de Italia) lograron echar atrás los despidos por primera vez en setiembre de 2021 –y por segunda, en diciembre de 2023–, pero la estrategia de la multinacional es ahogarles al mantener paralizada la planta. A ello respondieron presentando en diciembre de 2021, gracias a la colaboración de investigadores universitarios, el Plan Público de Movilidad Sostenible para recuperar la factoría con intervención pública en la que se propusieron la nacionalización, a la que las autoridades hicieron oídos sordos.

En ese escenario, Francesco Borgomeo, ex asesor de GKN, se hizo cargo de la fábrica. Para los trabajadores, el objetivo era el cierre de la planta, ya que el nuevo propietario no disponía de capital ni atrajo inversiones y no contaba con una estrategia para reflotar el negocio. «Empieza una etapa de desgaste, en la que el empresario no presenta ningún plan de viabilidad y trata de que los trabajadores abandonen su lucha. No hace nada, solo hay intereses especulativos, ocurre como con los viejos latifundistas, que tenían la tierra pero la dejaban en barbecho», compara.

Conscientes de la estrategia empresarial, la asamblea de trabajadores emprende un proceso de convergencia con sectores sociales y ecologistas para reconvertir la producción hacia la fabricación de bicicletas eléctricas, baterías y paneles fotovoltaicos. «Qué y para qué producimos», apunta Silvetti al referirse a su apuesta por las energías renovables y movilidad sostenible.

«Queremos producir y aportar a la transformación social y ecológica. La convergencia entre la lucha obrera y la justicia climática se da de forma natural»

La elección de estos productos tienen que ver, aclara, con la tecnología de la que dispone la planta de GKN. En el caso de los paneles, cuentan con el apoyo de una start up alemana solidaria que dispone de una patente que no necesita de litio, silicio y cobalto. Son conscientes de la competencia que hay en el mercado mundial, pero estiman que si hay un crecimiento de las comunidades energéticas en Italia, tendrán un mercado en el que vender sus paneles y lo mismo sucede con las bicicletas eléctricas. A este respecto, pone como ejemplo el desarrollo de estos vehículos en los países del norte de Europa.

«Empezamos a hablar de nuestro propio plan industrial. Queremos producir y aportar a la transformación social y ecológica», reitera. «La convergencia entre la lucha obrera y la justicia climática se da de forma natural», agrega, aclarando que no tenían un plan teórico previo, lo han ido construyendo y siguen profundizando en él. Se trata de promover una fábrica socialmente integrada y sostenible, la primera de Italia.

En el caso de Mecaner, antes de que la multinacional Stellantis formalizase el despido de los 148 trabajadores de la planta de Urduliz, los sindicatos LAB y ESK, con mayoría en el comité de empresa, presentaron en febrero pasado un plan de transición ecosocial que orientaba la producción hacia tecnologías asociadas a la «energía verde» que cuenta con financiación pública. Lakua no lo tuvo en cuenta y permitió que Stellantis ejecutase el cierre y despido de la plantilla.

Para la elaboración del plan de transición ecosocial, se tomó como referencia la experiencia de GKN, inspiración para otros conflictos sindicales en la industria europea.

A por el millón de euros

«No va a ser fácil, porque la reindustrialización de una fábrica no lo es y una reindustrialización ecológica tampoco, pero tenemos un plan», insiste Dario Silvetti. Ahora están en la recta final de un crowdfunding que persigue recaudar un millón de euros para constituir una cooperativa que se haga cargo de la fábrica. Por el momento, tienen recaudados 850.000 euros –un 30% de aportaciones solidarias de trabajadores europeos– y están convencidos de que alcanzarán su meta.

«Tenemos que ser conscientes de que la fábrica debe sobrevivir y crear una alternativa con la fuerza de las 300 trabajadoras y trabajadores despedidos el 9 de julio 2021 y de todos los simpatizantes que se han unido a nosotros», señalan en su llamamiento a respaldar el proyecto.

El 13 de octubre han convocado una asamblea de accionistas, muchos de Toscana, pero también del resto de Italia y de otros pueblos de Europa. «Esperamos que también alguien de Euskal Herria pueda participar como accionista popular o simplemente como observador», invita.

A la Administración regional como a la estatal le piden una ley que permita la creación de un consorcio público que pueda comprar o, si es el caso, expropiar los terrenos de la fábrica para que la futura cooperativa obrera desarrolle su plan de reconversión ecológica. «Nosotros a todo eso lo llamamos un modelo de fábrica socialmente integrada para distinguirlo de ese modelo de intervención público clásico, vertical y burocrático, donde hay una nacionalización en el que solo se socializan las pérdidas y no sale adelante ningún plan productivo», explica Silvetti.

«No va a ser fácil, porque la reindustrialización de una fábrica no lo es y una reindustrialización ecológica tampoco, pero tenemos un plan»

Echan en falta «voluntad política» por parte de las diferentes instituciones para respaldar el proyecto que impulsan los trabajadores con otros sectores sociales. «Los trabajadores de Toscana ya pagan suficientes impuestos como para que tengan que aportar más dinero al proyecto de cooperativa, por lo que estamos presionando para que haya una intervención pública», añade.

Tres años después, llevando a cabo tareas de puesta a punto, la antigua GKN podría reanudar la producción. La asamblea de trabajadores se ha esforzado en mantener la maquinaria en condiciones, aunque en abril sufrieron un sabotaje: cortaron el suministro eléctrico. Ahora, el piquete que vigila se abastece de la energía que producen unos paneles solares.