El Ararteko, Manu Lezertua, ha emitido una resolución en la que emplaza al Ayuntamiento de Donostia a que deje de inhibirse frente a las denuncias «por las actuaciones clandestinas en varios establecimientos hosteleros de la Parte Vieja» y ejerza sus competencias «para restablecer la legalidad urbanística».

El documento, al que ha tenido acceso NAIZ, tiene su origen en una queja presentada por la asociación vecinal Parte Zaharrean Bizi respecto a la actitud del Gobierno municipal frente a las denuncias por «las instalaciones de cableado eléctrico a través de las fachadas de varios establecimientos», espacios que se encuentran protegidos por su valor histórico y cultural.

El Ararteko «recomienda» al Ayuntamiento –la oficina de la Defensoría del Pueblo no tiene competencias para «ordenar»–  que «continúe con el impulso de los mencionados expedientes para garantizar la legalidad urbanística, así como para sancionar las infracciones de la normativa».  

Arcos del Boulevard y de la plaza de la Constitución

Todo comenzó en mayo de 2022, cuando Parte Zaharrean Bizi puso la primera de nueve denuncias contra establecimientos hosteleros de la plaza de la Constitución y el Boulevard, que habían colocado en los arcos de los soportales instalaciones eléctricas –enchufes y cableado– para dar servicio a sus terrazas. Una práctica que viola la declaración de Zona Monumental con la que cuenta este barrio desde abril de 2019.

La asociación vecinal explica que, a raíz de esa demanda, el Ayuntamiento trató de poner la pelota en el tejado de la Diputación, entendiendo que el cumplimiento del grado de protección de Alde Zaharra era competencia foral. Diputación respondió que «ni constaba dicha instalación eléctrica en los expedientes ni era posible su autorización». Hasta nueve meses después de la denuncia, en febrero de 2023, el Ayuntamiento no dio orden de retirada del cableado.

El Ayuntamiento volvió a remitir un nuevo oficio a la Diputación, ante lo cual esta respondió que «no es competencia de esta dirección la redacción del informe que se indica en el escrito presentado por el Ayuntamiento». En octubre de 2023, el Gobierno municipal se declaró no competente, archivó todas las actuaciones y remitió las actas y las denuncias ciudadanas al organismo foral. 

Parte Zaharrean Bizi remarca que «los casos de denuncias no resueltas y enviadas a la Diputación han ido aumentando a partir de esa decisión», sean nuevos toldos, colocación de carteles en fachadas, obras sin licencia…

Caso único

Esta asociación apunta que el Departamento de Cultura de la Diputación les transmitió que los ayuntamientos tienen la obligación «de carácter irrenunciable» de aplicar la ley, y que el de Donostia era el único que actuaba de esta manera.

«El Ayuntamiento dice que la competencia es de la Diputación, la Diputación que le corresponde al Ayuntamiento, y ninguna de las dos instituciones toma ninguna resolución», concluye Parte Zaharrean Bizi.

Las últimas denuncias que se remitieron desde Alderdi Eder a la plaza Gipuzkoa datan de finales de agosto, respecto a un bar que se ha reformado completamente «sin que nadie sepa si cumple las condiciones establecidas para incendios, ruidos u organización urbanística. Sin licencia de obras municipal, sin control municipal, el Ayuntamiento ni se inmuta».

Ante dicha situación, y con 74 expedientes en el limbo –según los datos de la Diputación–, la asociación vecinal tocó la puerta del Ararteko, que esta semana le ha dado la razón y ha instado al Ayuntamiento a continuar con la tramitación de dichos expedientes. «¿Qué van a hacer ahora en Urbanismo? ¿Alguien asumirá responsabilidades por el desaguisado provocado?», interpela directamente Parte Zaharrean Bizi a la responsable, la concejal Nekane Arzallus.