La fiscal Marzia Sabella ha pedido este sábado seis años de prisión para Matteo Salvini, actualmente viceprimer ministro y titular de Infraestructuras en el Gobierno de Giorgia Meloni, por impedir en agosto de 2019 el desembarco de los migrantes que estaban a bordo del barco de la ONG catalana Open Arms. Lo ha hecho tras un largo alegato ante el Tribunal de Palermo en el que entre sus conclusiones ha señalado, entre otras cosas, que «el rechazo consciente» de aquella nave «lesionó la libertad personas de 147» personas «sin un motivo comprensible».

Salvini, que no ha acudido a la audiencia de este proceso en el que está acusado de los delitos de secuestro de personas y abuso de poder, ha insistido hoy en que «defender las fronteras no es delito». Y ha agregado: «Afronto hasta 15 años de cárcel por haber mantenido la palabra dada a los electores. Volvería a hacerlo: la defensa de las fronteras ante los clandestinos no es un delito. Adelante, sin miedo».

El caso se remonta a agosto de 2019, cuando el ministro ultraderechista, por entonces titular de Interior, impidió el desembarco en Italia del barco de Open Arms con 147 personas rescatadas, en el marco de su férrea política de puertos cerrados.

El pulso duró 20 días, hasta la noche del 20 de agosto de 2019, cuando la Justicia intervino para permitir finalmente el acceso del barco al puerto de la isla italiana de Lampedusa y desembarcar a los 83 inmigrantes que quedaban a bordo, pues el resto habían sido sacados poco a poco antes por motivos médicos.

«No hay nada de político»

Antes de la petición de condena, el fiscal sustituto, Colagero Ferrara, ha apuntado que en este proceso «no hay nada de político», sino que se juzgan «actos administrativos» llevados a cabo por el político ultra en calidad de ministro.

La fiscal Ferrara, entre otras cosas, ha explicado que cuando Salvini fue nombrado ministro, en junio de 2018, «las decisiones sobre los desembarcos fueron trasladadas a su gabinete desde el Departamento para las Libertades Civiles y la Inmigración». «Era el ministro quien decidía y este es un elemento clave», ha alegado.

Decisiones «compartidas»

A lo largo del proceso, Salvini ha mantenido que su intención era defender las fronteras italianas y forzar un reparto de inmigrantes en Europa y ha asegurado que sus políticas eran «compartidas» por el resto del Ejecutivo, una coalición entre su Lega y el Movimento 5 Stelle (M5S) presidida por el primer ministro, Giuseppe Conte.

El fiscal ha sostenido que, en cualquier caso, el respeto por las personas rescatadas debe estar por encima de todo. «Hay un principio clave y no discutible: entre los derechos humanos y la protección de la soberanía del Estado, en nuestro ordenamiento los primeros deben prevalecer», ha subrayado.

El juicio ha sido posible porque en julio de 2020 el Senado votó a favor de permitirlo, dado que el político contaba con la inmunidad parlamentaria, y la sentencia en primer grado se espera para mediados de octubre.