El 2 de diciembre de 2011, Euskal Tranbide Sarea adjudicó a una Unión Temporal de Empresa en la que participaba Promociones Balzola SA las obras del tramo guipuzcoano de la “Y vasca” entre Hernani y Astigarraga por 71,5 millones de euros.

El 19 de julio de 2018 se hizo público que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, Adif, había adjudicado a la UTE formada entre otras por Construcciones Amenabar el tramo Arrasate-Elorrio-Bergara del tren de alta velocidad por un importe de 182.7 millones de euros.

¿Cabe preguntarse qué tiene una cosa que ver con otra? La respuesta es Luis Pedro Marco de la Peña.

En 2011, con Patxi López en Ajuria Enea, Luis Pedro Marco de la Peña era director general de Eusko Trenbide Sarea, la empresa pública que adjudicó una importante obra millonaria a Promociones Balzola SA, Y según su currículo, cuando el PNV volvió a Lehendakaritza, en febrero de 2013 perdió su puesto en ETS y al mes siguiente ya era director de Obra Civil y Ferrocarriles  de Construcciones Balzola SA.

Dejó la firma Balzola en diciembre de 2015 para pasar a ser director de Construcciones Amenabar en enero de 2016, manteniéndose en ese cargo hasta enero de 2020. Es decir, era director en Amenabar cuando Adif encargó a esta empresa una obra de 182,7 millones de euros. Ahora lo han nombrado presidente de esta empresa pública. Lo anunció ayer el Gobierno español.

¿Hay algo ilegal en todo lo anterior? Ningún tribunal lo ha sentenciado así. Lo que sí llama la atención es que determinadas personas estén toda su vida profesional en el círculo cerrado de contratos públicos, a veces como contratante y otros veces como contratados, viendo pasar ante sí millones de euros, unas veces en las instituciones que las pagan y otras en las empresas que las cobran.

Habrá quien lo considere lógico, por el conocimiento acumulado que se obtiene en ambas partes, pero quizá sería políticamente más interesante ante los retos que la movilidad tiene por delante, poner al frentre de estos puestos a profesionales de la sostenibilidad o expertos en la rentabilidad social de las grandes infraestructuras, que haberlos hailos.

Luis Pedro Marco de la Peña era hasta ayer viceconsejero de Infraestructuras y Transportes, puesto que ocupaba desde 2020, cuando lo nombró el entonces consejero Iñaki Arriola y luego lo mantuvo Susana García Chueca.

Antes de llegar al Gobierno de Lakua el ahora presidente de Adif fue director general de Construcciones Fhimasa (2020), director general de i-Ingenia Ingeniería y Arquitectura (2020) y director gerente de Construcciones Amenabar (2016-2019).

Previamente fue director de Obra Civil y Ferrocarriles de Construcciones Balzola (2013-2015), director general de Euskal Trenbide Sarea (2009-2013), gerente de Exbasa Obras y Servicios (2007-2009), director técnico en Construcciones Amenabar (1999-2007) y jefe de Obra en Ferrovial (1994-1999).

La Comisión Ética de Lakua no vio problema a una adjudicación con una empresa anterior. El Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes que dirigía Iñaki Arriola, contrató de forma directa en agosto de 2021 por 16.819 euros la ‘Asistencia técnica para las obras de reforma y rehabilitación del Funicular del Monte Igeldo de Donostia’ a la empresa I-Ingenia Ingeniería y Arquitectura SA, de la que hasta once meses antes era director general y apoderado Luis Pedro Marco de la Peña, viceconsejero de Infraestructuras y Transportes. Pero también hubo otro contrato directo al mes de que llegara al Gobierno.

Los casos se pusieron en manos de la Comisión Ética que, como es habitual, dictaminó que no hubo ninguna irregularidad, aunque recalcó a los altos cargos la obligación de abstención y de delegar la toma de decisiones en caso de colisión con otros intereses. Como si solo con eso ya se lograra que un consejero no se viera influido por su relación con un viceconsejero.

El círculo cerrado entre contratantes y contratados ya dio otros problemas a la Consejería de Arriola y también en Adif. Ahí está la hemeroteca.