La directora de Medio Ambiente del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Nafarroa, Ana Bretaña de la Torre, remitió el 9 de julio un escrito de 53 folios a la Dirección de Calidad Ambiental y Economía Circular del  Ejecutivo de Lakua en el que detallaba las irregularidades cometidas por la Incineradora de Zubieta al enviar lixividos líquidos a la planta de Ecofert de Artaxoa y solicita «la iniciación del procedimiento sancionador a Ekondakin por la entrega a gestor no autorizado de los residuos generados en su instalación».

Veinte días más tarde, el 29 de julio, el entonces viceconsejero de Sostenibilidad Ambiental (hoy viceconsejero de Política Lingüística), Aitor Aldasoro Iturbe, responde al Ejecutivo navarro que «les informamos que una vez analizada la información remitida por esa entidad este órgano entiende que no existe infracción alguna en el ámbito de la producción del residuo sino, tal y como se evidencia en la información remitida desde el Gobierno de Navarra, se trata de infracciones en lo que a las obligaciones como gestor de residuos y los criterios de aceptación se refiere».

A esto añade Aldasoro que «en todo caso, por la presente le traslado, en el marco del principio de colaboración y coordinación entre las Administraciones Públicas, la disposición de este órgano para celebrar una reunión con objeto de facilitar más información o aclarar cualquier cuestión en el caso de que así se considere necesario por parte del Gobierno de Navarra».

En su reciente visita a Iruñea para encontrarse con la presidenta María Chivite, el lehendakari de la CAV, Imanol Pradales, ya respondió a un periodista la disposición a esta reunión porque la cuestión «es técnicamente vidriosa» y no tan simple como interpretó que se hacía en la pregunta.

La respuesta del departamento del jeltzale Mikel Jauregi al de Jose Mari Aierdi, de Geroa Bai, se ha conocido a partir de una pregunta realizada por el parlamentario del Alvaro Gotxi.

Lakua conocía y consintió

Fuente conocedoras de lo que ocurre en relación con el envío de estas 3.073 toneladas de lixiviados a Artaxoa en 2023 no consideran sorprendente esta respuesta de Lakua a Iruñea, puesto que el propio Gobierno autonómico está implicado en la misma, porque conocía lo que ocurría y lo consintió.

Destacan que en un acta de Inspección Ambiental tras el vertido a Arkaitzerreka del 18/08/2022, el Servicio de Inspección de la Viceconsejería de Sostenibilidad Ambiental del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente da por bueno el envío de los lixiviados a Ecofert, al que califica como «gestor autorizado», a pesar de reconocer que procedían, entre otros, del «foso de la PVE (Planta de Valoración Energética)», es decir que ni podían tener el LER 190811, ni se podían enviar a la planta de Nafarroa y todo ello debía ser comunicado.

Residuo que Zubieta no podía generar

En su solicitud, el Gobierno navarro llamaba la atención sobre el hecho de que ese «residuo líquido» enviado a Artaxoa se codificó de manera «incorrecta ya que no se trata del residuo correspondiente al código 19 08 12». Pero, además, aclaraba que aunque esa codificación hubiera sido  correcta, a la incineradora de Zubieta «no le corresponden los códigos 02, 03 y 04, por lo que tampoco con esta codificación el residuo es admisible en la instalación de Ecofert».

En opinión del consejero de Geroa Bai, esto significa que la incineradora de Zubieta estuvo meses enviando miles de toneladas de un residuo que «no cuenta con autorización para generar» y que tampoco la empresa Ecofert podía admitir y ya ha sido cerrada.

El Gobierno navarro le recuerda al de Lakua que «según lo dispuesto en la autorización ambiental integrada del Complejo Medioambiental de Gipuzkoa, todos los residuos generados en las instalaciones se gestionarán de acuerdo con lo dispuesto en la ley de residuos y normativas específicas que les sean de aplicación, debiendo ser, en su caso, caracterizados con objeto de determinar su naturaleza y destino más adecuado».

Y añadía que «conforme con lo previsto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, las entidades o empresas que realicen una actividad de tratamiento de residuos deberán gestionar adecuadamente los residuos que produzcan como consecuencia de su actividad».

Por ello pedía el inicio de un procedimiento sancionador de acuerdo al «artículo 61 y 62 y de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas»

Sin embargo, sin excesivas explicaciones, el consejero Mikel Jauregi le responde que desde la incineradora de Zubieta todo se ha hecho correctamente.