«Quedan dos casos pendientes que los comunicarán en los próximos días y lo más probable es que también sean deportados», responde la abogada defensora Fatma Mohamed Fadel con resignación. Es la secretaria general de Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España (APRASE) y tuvo a su cargo los casos de seis de los 37 solicitantes de asilo del Sahara Occidental retenidos en el aeropuerto de Barajas.

Según Fadel, aunque algunos medios hablaban de 40, los casos confirmados en los que se puso constatar que eran saharauis son 37. De todos ellos tan solo dos recibieron la apertura del expediente de asilo, cuya resolución suele demorar entre un año y dos. Durante seis meses no podrán trabajar y se sostendrán en base a ayuda de familiares y organizaciones.

La abogada tiene una compañera de la asociación que se encargó de otros doce 12 casos, por lo que entre ambas se ocuparon casi de la mitad de todos los retenidos. De los 18 defendidos por ellas, 15 fueron deportados, otros dos quedan allí en la sala de solicitantes de la Terminal 1 (la sala de la T4 del principal aeropuerto del Estado suele ser destinada a mujeres) y uno fue de los dos que tuvieron la suerte de entrar a territorio español.

Fadel explica que en su mayoría eran hombres jóvenes de entre 20 y 40 años, y siete mujeres con dos menores. Todos pidieron la apertura de dos trámites: el de ser considerados apátridas porque viven en un territorio ocupado por otro Estado y el de asilo político. El primero todavía no ha sido resuelto en ninguno de los casos.

El caso adquirió notoriedad pública en todo el Estado cuando una treintena de ellos comenzaron una huelga de hambre el 21 de septiembre tras varias semanas de estar retenidos en Barajas, en unas salas de espera a las que no pudieron entrar no solo los abogados defensores sino tampoco diputados de Sumar que fueron a intentarlo ni eurodiputados. En dos plenos de control del Congreso hubo legisladores de EH Bildu, Esquerra Republicana y el PNV que criticaron al Ministerio de Interior por la situación.

La abogada reitera una denuncia que viene haciendo en todos los medios que la han contactado: no se cumplió el artículo 17 de la ley de asilo que obliga al Estado a facilitar un intérprete en el idioma propio del solicitante. Los saharauis hablan hassania, un dialecto de la lengua hablada en Mauritania (que deriva del bereber y el árabe) y la Policía Nacional facilitaba intérpretes que hablaban dariya (variante marroquí del árabe).

«No es sólo por una cuestión de entendimiento sino que demuestra la poca sensibilidad que tienen para este conflicto. Eso y las malas condiciones de espera en Barajas, que se vienen denunciando hace tiempo. De hecho, la Cruz Roja abandonó hace meses las salas de espera por las malas condiciones que había. Muchos de los solicitantes tenían marcas en la piel de mordeduras de chinches, hubo separación de familias, matrimonios separados entre terminales que no les permitían verse, y una solicitante denunció que tuvo un aborto y en el Hospital La Paz recomendaron que se quede pero la Policía no quiso y la devolvió a Barajas», relata.

Sobre la composición de los 37, asegura que «muchos de ellos eran activistas, o familiares de presos políticos» y lamenta que no se haya analizado «individualmente cada caso». «Lo que se hizo fue una negativa generalizada. De hecho, nos sorprendió que haya dos que sí entraron porque desde el comienzo Interior decía que ninguno cumplía los requisitos. Incluso esos dos no eran de los expedientes más completos que había», añade.

«Yo llevo años defendiendo solicitantes y hemos tenido pocas denegaciones del trámite. Claramente hay un cambio», afirma la abogada

Preguntada sobre si hay un cambio en la actitud del Gobierno español en estos casos tras la nueva posición diplomática con respecto al Sahara, responde: «Sí, claramente, porque nunca habíamos tenido problemas así de graves. A muchísimos solicitantes se les ha autorizado la entrada. Es cierto que nunca hubo tantos en Madrid como esta vez, pero en Canarias sí y no era de esta manera. Marruecos facilita la salida de los activistas porque si los saca, se quita el problema. Yo llevo años defendiendo solicitantes y hemos tenido pocas denegaciones del trámite, muy puntuales, solo en casos que no se pudo acreditar el activismo».

Sobre si puede ser considerado una «devolución en caliente», opina que «depende» de cómo se utilice ese concepto. «Yo creo que sí porque no se ha respetado el derecho de asilo por varias cosas, principalmente lo de los intérpretes,. Entonces entendemos que es devolución en caliente porque la intención es denegar y de forma automática, aunque haya habido un procedimiento, no como en la valla de Melilla, por ejemplo».

Temen represalias «más adelante»

Sobre los deportados, Fadel tiene conocimiento de que algunos sufrieron en Marruecos «interrogatorios desde la llegada, a las 2 de la madrugada, hasta las 20», y que otros todavía no han llegado a destino. Igualmente cree que al Gobierno marroquí «no le conviene ahora darles problemas porque está la prensa encima de esto» y, por tanto, si hay alguna represalia «vendrá más adelante».

Sobre los tres fugados, ha dicho que a su asociación no le consta que sean saharauis: «Eso lo dice Interior, pero son marroquíes». Si lo fueran, ella recalca que lo sabría.

Se le quiebra la voz al recordar a un joven sordomudo de 25 años que ha sido deportado también: «Es un caso que me perseguirá toda la vida»

Hay un caso de los deportados que ha quedado clavado en la memoria de Fadel. Se trata de un chico sordomudo de unos 25 años, que padece cáncer. “Se aportaron videos de cómo la policía lo detenía y lo esposaba en manifestaciones saharauis, acreditamos su discapacidad y que por su activismo desde 2018 no le dejan utilizar los hospitales marroquíes y en el Sahara no hay hospital oncológico. La Policía no le consiguió intérprete de lengua de señas y dijeron que una traductora de dariya sabía leer los labios. No lo pude creer», recuerda.

Finalmente, tras recurrir varias negativas, Fadel llevó el caso a la Audiencia Nacional que rechazó admitirlo a trámite «porque decía que se le respetaron los derechos al constar que tenía registros médicos antes de 2018. Fue deportado el 29 de septiembre». A la abogada se le quiebra la voz y concluye: «Me pone los pelos de punta esta historia… es un caso que me perseguirá toda la vida».