El Eurogrupo se ha reunido esta semana para iniciar el primer ciclo presupuestario con las nuevas reglas fiscales. Que nadie se lleve a engaño: las nuevas reglas son las anteriores, con algunos retoques para flexibilizar el sistema y hacerlo más eficiente, nada más. Los objetivos siguen siendo los mismos: continuar impulsando las políticas de austeridad para reducir el déficit por debajo del 3% y la deuda pública.

Los países deberán presentar sus planes antes del día 15 de octubre. El comisario de Economía, el italiano Paolo Gentiloni, se mostró optimista sobre la marcha del proceso. No es para menos, si se toma en consideración que el proyecto de presupuestos que acaba de presentar el nuevo primer ministro francés, Michel Barnier, prevé un ahorro de 60.000 millones –recorte del gasto en 40.000 y subida de impuestos de 20.000 millones–. La izquierda ha denunciado que se trata de un recorte brutal, aproximadamente el 2% del PIB, similar a los que se impusieron a Grecia, y que ataca el modelo social francés.

No parece suficiente para el ministro de Finanzas alemán, Christian Lindner, que manifestó su preocupación por la situación presupuestaria de algunos Estados miembro, llamó a ser «ambiciosos» para poner las finanzas en orden, adoptar reformas estructurales y, si es necesario, tomar «decisiones impopulares». El discurso de Berlín, desde luego, no ha cambiado nada.

El conflicto es cada vez más evidente: la austeridad fiscal entra en contradicción con las líneas maestras que dibujó el informe sobre competitividad de Mario Draghi, que además reconoció que la austeridad –junto con la falta de un verdadero mercado único– había hecho que la industria europea perdiera posiciones con respecto a la de EEUU y China.

Las conclusiones del informe de Draghi instaban a aumentar las inversiones públicas. Abogaban por invertir en los sectores industriales que se determine que son prioritarios, pero también en bienes públicos comunes, en I+D, sin olvidar las inversiones en inclusión social. Decía que para llevar adelante este ambicioso plan será necesario organizar un mercado europeo de capitales y atraer inversión privada, pero añadía a continuación que los fondos privados no serán suficientes.

Draghi calculaba destinar 5 puntos del PIB más a inversiones, estos es, unos 800.000 millones de euros cada año. Para hacerse una idea de la envergadura, el presupuesto de gasto comunitario en 2023 fue aproximadamente 250.000 millones, menos de una tercera parte de la cifra de Draghi. Se mire como se mire, esto supone déficit público y más endeudamiento, en contradicción con la vigente política de austeridad. Nadie parece prestar atención a la discordancia, que seguramente se resolverá posponiendo o minorando la propuesta de Draghi. 

Desequilibrios macroeconómicos

La austeridad provoca desajustes en las grandes magnitudes de la economía. Ese empeño en el «ahorro» del sector público genera un déficit de demanda permanente en el conjunto de la UE. Para entendernos, hay menos dinero para gastar que el valor de lo que la economía es capaz de producir. Esto abre un desfase entre lo que se conoce como demanda agregada –el conjunto de planes de compra e inversión– y la oferta agregada, esto es, el conjunto de bienes y servicio que ofrece la economía. El resultado es que una parte de la producción queda sin vender, a menos que se exporte. Ese desequilibrio, cuando se vuelve permanente, frena el desenvolvimiento de la economía y es una de las razones por las que la economía estadounidense ha crecido mucho más rápido que la europea desde la crisis de 2008, tal y como reflejaba el informe de Draghi.

Ese desfase afecta especialmente a aquellas industrias que fabrican para el mercado interno. Si no pueden vender sus productos, o tardan mucho, difícilmente podrán, no ya ofrecer nuevos puestos de trabajo, sino simplemente mantener los actuales. Esta es una de las razones del permanente déficit de puestos de trabajo y elevadas tasas de paro en muchas regiones de la UE. En resumidas cuentas, la austeridad lleva a una utilización de la capacidad de la economía por debajo de su óptimo, al dejar parte de los equipos ociosos y mantener a muchos trabajadores sin empleo.

La austeridad es terriblemente ineficiente desde el punto de vista estrictamente económico. Eso sin contar con las dolorosas consecuencias sociales que provoca en forma de desempleo y pobreza, y el deterioro que induce en los servicios públicos al mantenerlos en una situación de déficit crónico de recursos. La austeridad alimenta una merma general en las condiciones de vida que termina teniendo repercusiones políticas.

Este énfasis en la austeridad se multiplicó, sobre todo, a partir de la creación del euro. Entre 2003 y 2005, el gobierno socialdemócrata, presidido por el canciller Gerhard Schröder, llevó a cabo una reforma completa del servicio de empleo, la desregulación de las relaciones laborales y el recorte de las prestaciones sociales. Estas reformas conocidas como Hartz fueron pioneras en la reducción de las prestaciones sociales y la jibarización del estado de bienestar. El «ahorro» que lograron con ellas aumentó el desfase entre oferta y demanda que Alemania solventó con un aumento de las exportaciones. De este modo trasladó el desequilibrio interno al ámbito internacional. A pesar de las voces críticas, tanto dentro de la UE como en el exterior, Alemania siempre se ha negado a rebalancear la situación aumentando su gasto público. Y por lo que dijo, tras la reunión del Eurogrupo, el ministro de Finanzas alemán continúa en sus trece.

Desequilibrio en el ámbito internacional

El aumento de las exportaciones, básicamente de Alemania, hace que la UE exporte más productos de los que importa. De este modo mantiene una balanza comercial positiva con el resto del mundo. Un desequilibrio parecido tiene la economía china. Sin embargo, para corregirlo, el Gobierno chino ha puesto en marcha un enorme plan de construcción de infraestructuras, tanto en el interior del país, como en el exterior, gracias a la iniciativa Franja y Ruta. A pesar de ello, no ha logrado alcanzar el equilibrio. Todavía siguen existiendo muchos empleos, como asistente de tráfico o de seguridad ciudadana, que la gente ha bautizado como empleos de «estar para bostezar» y que solo sirven para mantener el desempleo en mínimos. Un síntoma del desfase que impide que la economía china pueda ocupar todo el potencial laboral que tiene. No obstante, Beijing muestra una aproximación mucho menos dogmática que la del ejecutivo alemán y ha estado promoviendo enormes inversiones en infraestructuras públicas y programas de estímulo.

Esta descompensación permanente en la balanza comercial de la UE y China se equilibraba hasta ahora con la balanza comercial deficitaria de EEUU. Washington compensa ese enorme desfase comercial con un déficit público estratosférico, gracias al privilegio que supone emitir dólares. El problema es que las transacciones al margen del dólar crecen sin cesar en el comercio mundial y ponen en peligro este esquema.

Además, la importación de mercancías baratas ejerce una fuerte competencia sobre la industria manufacturera, lo que ha llevado a que el empleo se haya desplazado hacia el sector servicios, que ya acapara prácticamente el 80% de los empleos en EEUU.

Todo este sistema empezó a crujir hace aproximadamente 10 años. En 2015, Washington descubrió que Volkswagen hacía trampas con las emisiones. Para entonces, Barack Obama llevaba tiempo intentando frenar el comercio con China mediante el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP). Y Trump ganó en el cinturón industrial de EEUU con la promesa de reindustrialización. Ese discurso y la amenaza real o imaginaria de China, terminaron con el consenso neoliberal del libre mercado. Comenzó el giro hacia el proteccionismo primero, y la necesidad de impulsar políticas industriales después.

Pero nada resulta fácil. Algunas inversiones en EEUU, como la fábrica de chips de TSMC en Arizona que no da más que problemas, muestran que la reindustrialización no se reduce a construir algunas fábricas aquí y allá; exige desarrollar una amplia planificación a largo plazo.

Por otra parte, de la experiencia europea se puede concluir que la política industrial también necesita de medidas modestas: mantener un gasto público suficiente es un potente estímulo para la fabricación local. Una lección que Europa debería haber sacado ya.