La mayoría de investidura ha dada luz verde esta tarde en el Pleno del Congreso de los Diputados al inicio de la tramitación la proposición de Ley Orgánica de Protección de las Libertades y Seguridad Ciudadana, que persigue acabar con los aspectos más lesivos de la Ley Mordaza. Podemos y Junts, que han anticipado enmiendas para profundizar en la reforma en la tramitación posterior, han votado a favor sumándose a PSOE, Sumar, EH Bildu, ERC, PNV y BNG, impulsores de la reforma legislativa. El resultado de esta toma de consideración ha sido de 176 síes frente a 170 oes.

Este proyecto, que se ha convertido en un nuevo ariete contra el Gobierno de Pedro Sánchez, será admitido con ello a trámite, tal y como han anunciado los diferentes grupos parlamentarios que han explicado su posición en la sesión plenaria. Se aprueba además el procedimiento de urgencia, reduciendo a la mitad todos los plazos, para que la ley se apruebe a final de año o al inicio de 2025, cuando se cumple una década de la aprobada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

No ha habido sorpresa, ya que horas antes la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, y su homólogo en el PSOE, Patxi López, habían avanzado que disponían de los apoyos necesarios para arrancar con la tramitación parlamentaria.

PP y UPN se han manifestado por la mañana ante el Congreso junto a Vox y sindicatos de policías y guardias civiles

La mayoría de investidura tiene enfrente a PP, Vox y UPN, que se han manifestado por la mañana ante la Cámara Baja junto a sindicatos de policías y guardias civiles contra la reforma, afirmando que supondrá la pérdida del principio de autoridad para los agentes. En esa protesta ha estado el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha compartido espacio junto a Javier Ortega Smith, de Vox, y la exdiputada ultraderechista Macarena Olona.

Por la tarde, los representantes de Jucil y Jupol han acudido a la tribuna de invitados para seguir la sesión, menos los minutos en que ha intervenido el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu. Tras la pose, Núñez Feijóo no se ha sentado en su escaño por la tarde en el debate.

Las movilizaciones de los sindicatos policiales y asociaciones profesionales han estado muy presente en las primeras palabras del diputado del PSOE David Serrada, que ha saludado la presencia de sus portavoces y les ha asegurado que la nueva ley protege tanto a los agentes como a la ciudadanía frente al recorte de derechos que propició en 2015 la mayoría absoluta del PP.

Serrada ha sostenido que se encontraban ante uno de los debates «más relevantes» de la legislatura, que ha sostenido que busca profundizar en un modelo de seguridad en el que prime la defensa de derechos y libertades.

«Urgencia democrática»

Enrique Santiago, de Sumar, ha considerado que esta ley es una «urgencia democrática», que busca derogar todos los «contenidos liberticidas» de la Ley Mordaza. El diputado ha reclamado «tranquilidad» a los sindicatos policiales, a quienes ha pedido que no se dejen «manipular» por el PP, subrayando el respaldo alcanzado en torno a esta proposición de ley.

Santiago ha abogado por que se tramite con celeridad, al estimar que es la «última oportunidad» para dar un giro desde un punto de vista progresista. Tras enumerar aspectos de la propuesta legislativa, ha incidido en que se recogen «reivindicaciones históricas» de asociaciones de derechos humanos. Por ejemplo, Amnistía Internacional ha remitido una comunicación a los grupos parlamentarios para que respalden la toma en consideración, aunque reconoce que hay que ir más allá.

Desde EH Bildu, Jon Iñarritu ha defendido el acuerdo alcanzado con el PSOE, centrando su primer turno en los puntos que han propiciado el acercamiento de posturas, como son acabar con la discrecionalidad en sanciones tanto por falta de respeto a la autoridad como por desobediencia, poner fin al uso de pelotas de goma y erradicar las devoluciones en caliente en la frontera.

EH Bildu ha defendido los puntos pactados con el Gobierno español (fin de las sanciones arbitrarias o del uso de pelotas de goma) mientras el PNV intentará introducir matices relativos al «principio de autoridad»

Iñarritu ha recordado que la reforma va en sintonía con las reivindicaciones de organizaciones sociales pero también de la Comisión de Venecia, Consejo de Europa y relatores de Naciones Unidas. El independentista vasco ha destacado que esta iniciativa supone una «nueva oportunidad» para «acabar con una ley que no ha sido más que un instrumento de represión ciudadana».

El jeltzale Mikel Legarda ha criticado el acuerdo bilateral entre PSOE y EH Bildu, en vez de haber abordado una negociación más amplia «para limar diferencias». Por ello, ha avisado «que no dan por cerrados acuerdos en los que no hayan participado previamente».

El diputado del PNV ha adelantado que se reservan «el derecho a la reconsideración, en su caso, de alguna cuestión fruto del equilibrio de cesiones mutuas que quizá ahora pudiera haber quedado algo descompensada», en referencia, por ejemplo, al empeño de su partido por preservar el principio de autoridad en manos de los policías.

Desde las filas de ERC, Francesc Marc Álvaro ha admitido que la proposición de ley podría ser menos ambigua si fijara una fecha concreta para la prohibición de las pelotas de goma o eliminara explícitamente las devoluciones en caliente. «Pero la política es ponerse de acuerdo», ha asumido, antes de congratularse de que la Ley de Seguridad Ciudadana pueda dejar de ser la «ley bozal», una normativa que, ha incidido, «nos acercaba más a Turquía que a Suecia».

Néstor Rego, del BNG, ha expuesto que realizarán aportaciones a la ley para que sea «plenamente respetuosa con los derechos democráticos», algo que decantará el sentido de su voto. Ha lamentado, a la vista del contenido de la redacción de la propuesta de ley, que no se vayan a evitar excesos policiales.

Falta firmeza

Josep Pagès, de Junts, ha advertido de que no están dispuestos a aceptar «el chantaje de la adhesión total o nada», apuntado a que presentarán distintas enmiendas, como la que fije la desaparición del uso de las pelotas de goma, ya que entienden que falta firmeza en esa intención, y ha lamentado que la reforma se limite a «pulir» los aspectos más lesivos de la legislación actual pero «sin enfadar» a los sindicatos policiales.

Antes, Martina Velarde, de Podemos, ha considerado «insuficiente» el contenido de la proposición, calificándola de «reforma parcial». Así, ha citado el caso de las devoluciones en caliente, cuya desaparición –entiende– pende de una posterior reforma de la Ley de Extranjería, para la que se fija un plazo de seis meses.

Para esta formación, la derogación de la Ley Mordaza está en el punto de marzo de 2023, cuando EH Bildu y ERC no la apoyaron finalmente por insuficiente, avanzando que presentarán enmiendas para profundizar. «Llegamos muy tarde», ha alertado Velarde, recordando las «cientos de miles» de personas afectadas.

En un tono bronco, Miguel Tellado, del PP, ha denominado la iniciativa como «la ley Otegi de inseguridad ciudadana», asegurando que EH Bildu se ha cobrado su «precio más apetitoso al rebajar la protección a un colectivo que siempre ha tenido en el punto de mira». «Que esa calaña esté detrás de esta ley debería avergonzar al PSOE», ha enfatizado.

En esa línea, Alberto Catalán, de UPN, ha dicho que «serán los herederos políticos de ETA, los que organizaban la kale borroka, los que van a decidir cómo se van a disolver las manifestaciones».