En octubre de 2022, el Consejo de Ministros aprobó el Decreto Ley que regulaba la normativa laboral en el sector del empleo del hogar. Dos años después, Isabel Otxoa, integrante de la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Bizkaia (ATH-ELE) repasa la situación de las personas que trabajan en este sector ampliamente feminizado, así como algunas de las vulneraciones más habituales que se siguen dando en materia de jornada laboral, descansos, sueldos y prestaciones, agravadas en el caso de trabajadoras sin papeles.

En 2023, la ATH-ELE observó que «la mayoría de las internas realiza su trabajo en condiciones ilegales en materia de jornada y descansos», cobrando un salario inferior al que les correspondía por el número de horas trabajadas. ¿Por qué se puede dar esta situación?

Las trabajadoras internas meten muchas horas y lo más normal es que les paguen 40, lo máximo que pueden trabajar según la ley, aunque le añadan 20 horas semanales de «tiempo de presencia», en el que teóricamente deben estar en espera sin especial actividad. O sea, 60 horas en total. Aun así, incluso sin considerar el salario que les correspondería por la totalidad de la jornada, en 2023 el 67,57% de las trabajadoras sin papeles y el 33,33% de las que estaban en situación regular recibieron un salario que no llega al mínimo establecido por la ley para las 40 horas semanales.

Esto tiene que ver con que, en el caso de las extranjeras, están obligadas a trabajar muchas horas para conseguir los papeles. Es un fenómeno nuevo que está provocando la bajada de precios en el sector: trabajadoras sin papeles que no tienen más remedio que coger lo que les dan. Desde que regularizan su situación, se dispara el coste por contratarlas.

Según el Instituto español de Estadística (INE), el número de trabajadoras del hogar ha descendido en los últimos años, lo que se atribuye a que ha aumentado el coste de su contratación.

Ese dato significa que hay menos trabajadoras dadas de alta en la Seguridad Social, porque las que no tienen su situación regularizada no aparecen entre la población activa. Es muy difícil conocer su existencia, porque la parte contratante no suele declarar ese gasto.

«Las trabajadoras tienen derechos con y sin contrato por escrito»

¿En qué situación quedan estas trabajadoras cuando las dan de baja en la Seguridad Social?

No estar dada de alta en la Seguridad Social no es lo mismo que no tener contrato. Desde el momento en que una persona trabaja para otra con un salario, hay un contrato. Otra cosa es que esté o no por escrito, porque muchos de los empleadores cree que si no tienes contrato te pueden escaquear algunos derechos, como las vacaciones, y no es verdad. Las trabajadoras tienen derechos con y sin contrato por escrito.

Entonces, una persona que esté trabajando sin estar dada de alta en la Seguridad Social no tiene por qué verse privada del derecho a paro. Nosotras llamamos a que, como cualquier otro trabajador, denuncien a la Inspección de Trabajo y el SEPE, quienes tienen que arreglar que estas trabajadoras cobren el desempleo. Incluso diría que ese es el tema menos complicado, ya que existen otros de futuro, como las prestaciones de una posible invalidez permanente o la jubilación, que son más difíciles de demostrar.

¿Se está cumpliendo la normativa laboral reguladora del sector del empleo del hogar que entró en vigor en 2022?

La regulación de 2022 trajo cosas buenas, como el reconocimiento del derecho a la prestación de desempleo. Eso fue gracias a una sentencia europea que falló que era discriminatorio, y, por tanto, ilegal, que las trabajadoras del hogar no tuvieran la opción de cotizar al desempleo.

Respecto al desempleo, después de un año entero de cotización, existe la posibilidad de cobrar la llamada prestación o, con menos tiempo, el subsidio. Sin embargo, les están diciendo que como no han cotizado antes de octubre de 2022 no tienen ese derecho, cuando los tribunales europeos sentenciaron que es una medida discriminatoria. Y esa discriminación no se repara a partir de 2022, hay que repararla históricamente. Hasta ahora, han hecho una interpretación claramente ilegal, porque a estas mujeres les correspondían dos años de paro y les han dado tres meses.

«Es un fenómeno nuevo que está provocando la bajada de precios en el sector: trabajadoras sin papeles que no tienen más remedio que coger lo que les dan»

¿Cuál es vuestro papel a la hora de acompañar a estas mujeres?

Lo que nosotras hacemos es informar a las trabajadoras de sus derechos y las ayudamos con temas legales. Por ejemplo, respecto a no reconocer a efectos de prestación de desempleo el periodo anterior a octubre de 2022, cada vez que hemos llevado al SEPE a juicio hemos ganado, tanto aquí como en el resto del Estado, reconociendo que la prestación se debe calcular sobre el tiempo cotizado en el sector.

¿Cuáles son los maltratos más habituales que encontráis en vuestra asesoría?

Tenemos un problema habitual con las bajas. Cuando las trabajadoras van a Osakidetza a pedir la baja por accidente laboral, habitualmente se la dan por enfermedad común. Ante la negativa del médico, se les insta a que acudan al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) para hacer lo que se llama un cambio de contingencia, es decir, cambiar el carácter de la baja. Es algo que muy poca gente hace, porque implica numerosas gestiones.

Además, en este sector acostumbran a colaborar las conocidas como «empresas de colocación», las que cobran por intermediar entre trabajadoras y empleadores. En otros casos, cuando los empleadores son mayores, sin familiares o con alguna demencia, son las propias agencias las que se encargan de gestionar la relación laboral entre ambos, sin reconocer que dicha trabajadora sea su empleada. Estas agencias también suelen ocultar en sus contratos la existencia y obligación de pago de las horas de presencia.

¿Las trabajadoras son conscientes de que todo ello está fuera de la ley?

Hay que distinguir entre las trabajadoras con y sin papeles. El abuso hacia la gente sin papeles es tremendo, porque está más indefensa. A menudo observamos que aguantan lo inaguantable porque saben que, después de tres trabajando años en el país, pueden conseguir los papeles. Y lo hacen cobrando menos de lo que deberían cobrar, con la esperanza de que les regularicen el contrato. La Ley de Extranjería es un arma en manos de los empleadores.