El informe, de más de 800 páginas, recopila pruebas, registros bancarios y telefónicos, declaraciones, detenciones, registros e información de otra índole obtenidas en casi dos años de investigación policial. Ahora, será entregado al juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes, encargado del proceso judicial.

Además de Bolsonaro, también han sido señalados quien fuera su ministro de Defensa, Walter Braga Netto; el exdirector de Inteligencia Alexandre Ramagem; el exjefe de Seguridad de la Presidencia Augusto Heleno Ribeiro y el presidente del Partido Liberal, Valdemar Costa Neto. Un total de hasta 35 personas.

Todos ellos están acusados de «intento de golpe de Estado», cargo que acarrea penas de hasta 12 años de cárcel; «pertenencia a banda criminal», con hasta ocho años de prisión; y «abolición violenta del Estado de derecho», con máximas de ocho años.

La investigación apunta hacia varios hechos que se produjeron durante la campaña electoral y una vez finalizadas aquellas elecciones de octubre de 2022 en las que salió vencedor Luiz Inácio Lula da Silva y cuyo triunfo Bolsonaro tardó días en reconocer mientras se intensificaban las protestas de sus seguidores.

Se trata de una trama de desinformación para atacar a las instituciones y poner en tela de juicio la fiabilidad del proceso electoral e incitar a los militares a auparse en armas. También se investiga la financiación de estas acciones y las operaciones para llevarlas a cabo y el uso ilegal de la agencia de Inteligencia.

Investigación

La investigación detalla cómo el núcleo cercano de Bolsonaro se reunió con los altos mandos de las Fuerzas Armadas, dos de los cuales se opusieron a la trama. Los entonces comandantes del Ejército, Marco Antônio Freire Gomes, y la Fuerza Aérea, Carlos de Almeida Baptista Júnior, afirmaron ante la Policía que el plan contaba con el visto bueno del expresidente.

Estas revelaciones coincidían con las de quien fuera mano derecha de Bolsonaro, el coronel Mauro Cid, quien tras su arresto por la falsificación de las cartillas de vacunación contra la Covid-19 colaboró con las autoridades.

Uno de los encuentros analizados por la Policía es el que se produjo en el Palacio de la Alvorada el 7 de diciembre de 2022, cerca de expirar el mandato de Bolsonaro y con Lula como presidente electo. En él, según, el general Freire Gomes, se leyó un plan de actuación que contó con el apoyo del entonces comandante de la Marina, Almir Garnier Santos, quien también ha sido acusado.

La Policía sostiene que hay indicios de que Bolsonaro participó en la redacción de ese decreto con el que se pretendía frenar el traspaso de poder. Ahora el documento deberá pasar por el Supremo antes de llegar a la Fiscalía, que decidirá qué hacer con él.