Una concentración de SOS Racismo Bizkaia ante el Palacio de Justicia de Bilbo ha denunciado este lunes que el caso de Silvia, la mujer que fue golpeada en la comisaria de Getxo por un ertzaina, no ha podido ser recurrido al Tribunal Supremo a causa de que «al procurador se le ha olvidado presentar el recurso».

Los hechos en cuestión se remontan al 26 de mayo del 2018 cuando Silvia salió en defensa de una persona sin hogar, que estaba siendo «acosada por la Policía». Tras una discusión en el que los agentes le recriminaron su actuación, Silvia fue detenida y trasladada a los calabozos de la comisaría de la Ertzaintza de Getxo. Ahí, tal y como se puede ver en un vídeo, Silvia fue golpeada por un agente.

¡Ya es hora que se conozca el caso de Silvia y que el Gobierno Vasco desista de la acusación formulada contra Silvia! pic.twitter.com/G1GTLB3e7h

— SOS Racismo Bizkaia (@sosracismobiz) February 9, 2022

Tras el juicio, en noviembre de 2023 la Audiencia de Bizkaia consideró al agente autor de un delito contra la integridad moral en concurso con un delito leve de lesiones y además de la pena de prisión acordó su inhabilitación especial para cargo público durante el tiempo de condena, fijó el pago de una multa de tres meses a razón de diez euros por día y el abono de una indemnización a la mujer de 12.400 euros. También impuso a la mujer una multa de tres meses a razón de seis euros por día como autora de un delito de desobediencia a agentes de la autoridad.

Tanto el ertzaina como la mujer recurrieron esa sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que, en una resolución fechada el 13 de marzo de este año, rechazó los motivos de impugnación presentados y ratificó lo acordado por la Audiencia vizcaina.

Silvia iba a recurrir al Tribunal Supremo con el fin de conseguir su absolución y una condena mayor para el ertzaina. SOS Racismo consideraba que la investigación había mostrado «patrones preocupantes: se ocultó inicialmente la existencia de vídeos, no se fotografiaron las lesiones de Silvia, no se siguió el Protocolo de Estambul para casos de tortura, el instructor no investigó la agresión sufrida por la detenida, se rechazaron los informes psicológicos, etc».

Sin embargo, tal y como ha denunciado este lunes SOS Racismo, «al procurador se le ha olvidado presentar el recurso a tiempo y el caso ha sido cerrado».

«¿Quién defiende a las víctimas?»

«¡Qué casualidad que, de nuevo, ocurran acontecimientos turbios, disuasorios y sospechosos! ¿Cómo es posible que en un caso con agresión policial documentada, donde la acusación institucional pedía siete años de prisión para la víctima, donde existen múltiples irregularidades probadas, el sistema permita que un simple ‘olvido’ procesal cierre la puerta a la revisión judicial? ¿Es normal que un procurador de oficio se ‘olvide’ de presentar un recurso y que eso no pueda revisarse? ¿Quién defiende a las víctimas de semejantes ‘fallos del sistema’?», se ha preguntado la organización antirracista.

Denuncia que el «olvido» del procurador es «el último capítulo de una historia que ejemplifica cómo la protección ‘política’ de las Fuerzas de Seguridad, el racismo institucional, la violencia contra las mujeres migrantes y la desigualdad en el acceso a la justicia siguen siendo realidades cotidianas en nuestro sistema judicial».