Con el testimonio ofrecido por Juan Cuatrecasas, víctima de abusos sexuales por parte de un profesor del colegio Gaztelueta de Leioa, se ha instado a los Estados miembros de la Unión Europea a «dar pasos decisivos» en el reconocimiento y reparación a las víctimas de abuso y maltrato infantil.

Ha sido en el marco de una conferencia celebrada este viernes en Consejo de Europa, en Estrasburgo, a la que han asistido más de cien ministros, embajadores, políticos, ONG y víctimas de abusos de todo el continente.

Tomando como referencia la experiencia suiza en este terreno para aprender de ella, el consejero federal de Justicia del país helvético, Beat Jans; la Oficina Federal de Justicia y la Fundación Guido Fluri han mostrado cómo puede funcionar la labor de recuerdo y reparación.

Resolución 2533

En este sentido, se ha recordado que la Asociación Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó sin oposición una resolución en la que se afirma que los Estados miembros deben reconocer los abusos cometidos en sus países, conceder reparación a los afectados, emprender un amplio proceso de memoria y mejorar la prevención.

«En Europa, nunca más deben ignorarse los abusos a menores, ya sean cometidos por depredadores sexuales, violencia gratuita o malos tratos en instituciones públicas, privadas o religiosas, que deberían ser remansos de paz», ha indicado Guido Fluri, presidente de la Iniciativa de Justicia, en relación a la resolución 2533 del Consejo de Europa, que aboga por el recuerdo y la reparación.

Una resolución que Fluri ha calificado de «paso importante para Europa. En Suiza, gracias a un riguroso trabajo de memoria, se ha restablecido una medida de justicia para 12.000 víctimas de abusos. Ha llegado el momento de que los supervivientes de abusos en el resto de Europa también obtengan justicia».

Por su parte, el consejero de Justicia de Suiza ha señalado que «proteger y promover el bienestar de los niños es una de las cosas más importantes y nobles con las que uno puede comprometerse políticamente» y les ha recordado que «ustedes tienen las cartas en la mano, porque como políticos pueden elaborar leyes y modificarlas. Observando, escuchando, abordando el maltrato infantil y mejorando la protección de la infancia, pueden contribuir en gran medida a la fortaleza de su país».

También se ha puesto de relieve un estudio de Protect Children sobre casos de malos tratos en Europa,  en el que han participado 22.000 personas, y que concluye que la mayoría de los casos de malos tratos acarrean graves consecuencias, como depresión, alteración de las relaciones interpersonales y trastornos de ansiedad. Y por ello, sus autores han urgido a aplicar la resolución 2533.

Cuatrecasas pide a la UE que proteja a la infancia

En la conferencia también ha tomado la palabra la víctima Juan Cuatrecasas, que, cuando tenía 12 años, sufrió abusos por parte de un profesor del colegio del Opus Dei Gaztelueta, de Leioa, y que ha pedido a la UE que «proteja a la infancia».

Cuatrecasas ha desgranado las secuelas que le ha generado esa violencia, hasta el punto de que «no pude seguir el transcurso de mis estudios de manera ininterrumpida, tampoco tengo facilidad para acceder a un trabajo por mi situación actual de estrés post-traumático, que 16 años más tarde sigo teniendo».

Por ello, ha calificado de «fundamental» que las víctimas puedan acceder a «un grado de incapacidad o que puedan contar con herramientas que les puedan brindar cierta ayuda para poder ser contratadas o poder estudiar al ritmo de la gente de su edad. En definitiva, desarrollarse como persona, puesto que la sociedad no lo pone fácil».

Además, ha denunciado que «mi agresor y su entorno siguen persiguiéndome, buscando desacreditarme o tacharme de loco o mentiroso, aun con una sentencia condenatoria en firme. Debemos proteger a los niños y niñas agredidos, abusados y maltratados».

También ha criticado que, durante la presentación del informe del Defensor del Pueblo sobre esta cuestión en el Congreso español el pasado noviembre, la mayoría de los diputados no prestaban atención y ha denunciado «la afrenta directa a todas las víctimas» de lo comentado por la ultraderecha ese día. Al respecto, ha lamentado «la actitud de ciertas personas que dicen trabajar por y para la sociedad, pero que evidencian una total falta de empatía y respeto hacia quienes hemos soportado tanto dolor y tanta injusticia».

Y ha concluido su intervención señalando que «yo no pude estar a salvo del abuso sexual, pero desde esta tribuna solicito al Consejo de Europa y a los Estados miembros que hagan lo posible para que sus hijos puedan estar a salvo. El futuro de la UE pasa por la infancia. Pido a la Unión Europea que la proteja».

Ipiñazar: «De lo que no se habla, no existe»

El de esta víctima de abusos no ha sido el único testimonio vasco en la conferencia de Estrasburgo, ya que en la misma también ha intervenido la diputada del PNV en el Parlamento de Gasteiz Maitane Ipiñazar.

Ipiñazar ha afirmado que «de lo que no se habla, no existe. Y lo que no existe, se margina. Este es el caso de la violencia sexual y el maltrato infantil en Europa. Es por ello que desde Europa se hayan aprobado varias resoluciones que nos han servido de punto de partida para muchas instituciones que, hasta ahora, sentían esta cuestión como algo ajeno, algo lejano».

En el caso del Estado español, Ipiñazar ha señalado que «la resolución 2533 del Consejo de Europa nos pone tareas muy concretas que debemos tener en cuenta en nuestras instituciones y ya se están dando pasos muy importantes».

En este sentido, la parlamentaria del PNV ha puesto el acento en que el 12 de noviembre se aprobó una iniciativa en el Congreso de los Diputados que instaba al Gobierno español «a modificar la legislación vigente para que los delitos sexuales contra menores no prescriban». Además, recientemente el Defensor del Pueblo «ponía encima de la mesa los casos de pederastia en la Iglesia y pedía un plan de reparación para las víctimas y celebrar un acto de Estado que las reconozca».

En referencia a Euskal Herria, Ipiñazar ha señalado que «en abril de este mismo año, aprobamos la Ley 2/2024, de 25 de febrero, de infancia y adolescencia, reconociéndose en la misma la prevalencia del interés superior de los y las menores, además de reconocer y profundizar en el derecho de los y las menores a ser escuchados/as, e integra el concepto de buen trato, ligado al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica».