Unai Fernández de Betoño

La vivienda en 2025: o viramos ya o colapsamos

La vivienda, o mejor dicho la dificultad para acceder a ella, ha trascendido como una de las primeras preocupaciones ciudadanas este 2024: lo es para el 41% de la población de la CAV, según el Deustobarómetro de invierno. El autor es muy crítico con la política de Lakua en esta materia.

Un piso turístico en Iruñea.
Un piso turístico en Iruñea. (Iñigo URIZ | FOKU)

El que alarma no es un servidor, sino el dato que nos acaba de ofrecer el propio Gobierno Vasco: la lista de Etxebide ha sufrido un incremento de 26.000 nuevas solicitudes solo en los últimos 18 meses, lo que supone un aumento del 46%. No hay dato más crudo que revele el fracaso de la política de vivienda del tándem PNV-PSE y la gravedad de la situación que esta ha creado. Porque detrás de esas solicitudes se encuentran personas que, en su mayoría, ya están en una vivienda de alquiler libre, pero no pueden más.

Con esas 26.000 solicitudes, el total de solicitantes de alquiler social ya suma 84.000 en la CAV. 84.000 solicitantes que ya no pueden afrontar más subidas del precio del alquiler. Un alquiler que en los últimos siete años ha subido, según el Gobierno Vasco, más del 26%, mientras que los sueldos apenas han subido un poco más del 16%. Es decir, los  inquilinos son hoy, como mínimo, un 10% más pobres que hace siete años.

Mientras, el consejero Denis Itxaso no deja de ofrecer entrevistas propagandísticas en todos los medios de comunicación imaginables (¿ya tendrá tiempo para hacer política de vivienda?), prometiendo las mismas 7.000 nuevas viviendas de alquiler que lleva prometiendo desde julio (para que le den las cifras, ya debería haber conseguido casi 1.000 y, sin embargo, está en números negativos por las viviendas de protección que todavía se están descalificando) y, sobre todo, utilizando la misma táctica que hubiera usado si le hubiera tocado cualquier otra cartera: echar la culpa del problema a los gobiernos municipales de la oposición.

Pero lo cierto es que las grandes medidas que ya se deberían haber tomado las podría haber llevado a cabo el propio Gobierno Vasco. La designación de toda o casi toda la CAV como área tensionada, sin ir más lejos, con las excepciones que hagan falta (en Catalunya la Generalitat ha designado 140 municipios que acogen al 81% de la población), la puede realizar el propio Gobierno Vasco. Incluso es preferible, de cara a conseguir cierto orden en las declaraciones de las áreas metropolitanas. Pero Itxaso prefiere seguir esperando y criticando, también en 2025.

La declaración de viviendas vacías también se puede hacer desde Lakua, subsidiariamente: la normativa lo permite. Es el Gobierno Vasco el que tiene más músculo para realizar las posteriores expropiaciones que den paso a los deseables alquileres forzosos. Pero es más cómodo para el consejero de Vivienda pasar el “marrón” a los ayuntamientos y criticarlos, también en 2025.
Precisamente con ese ánimo ha comenzado Itxaso una operación panfletaria bien curiosa, según la cual el problema de la vivienda se debe a la falta de existencia de suelo urbanizable en el planeamiento municipal. La culpa del problema de la vivienda no es ni de sus políticas prestacionistas (180 millones de euros en los presupuestos de 2025 en diferentes prestaciones públicas que van directamente a inflar la burbuja del mercado libre del alquiler), ni de sus políticas descapitalizadoras (ya ha anunciado otra venta de suelo público en el que hay más de 1.000 viviendas), ni de su promoción de la cultura de la propiedad (con el anunciado aval público de 4 millones de euros en 2025 para hipotecas): la culpa ahora es de la falta de suelo. El bulo no es pequeño, porque según datos del propio Gobierno Vasco (¿no ha tenido tiempo de repasarlos Itxaso, entre entrevista y entrevista?), a día de hoy ya hay 75.000 viviendas de protección pública planificadas y aprobadas que, por lo que sea, todavía no se han construido.

Aun así, ya han avanzado que quieren cambiar la ley del suelo de 2006: para desregularizar el planeamiento urbanístico y rebajar las exigencias a los pobres promotores privados, a los que ya vienen ayudando con la discutible fórmula del “alquiler asequible”. En vez de renovar y redensificar lo ya urbanizado, el consejero de Vivienda exige más madera, más suelo. Con la fórmula de siempre: más ladrillo, más plusvalías para sus cosas, más negocio.

La política de vivienda no necesita más Monopoly en 2025. Requiere un viraje de 180 grados que limite precios, movilice vivienda vacía, prohíba pisos turísticos a costa de viviendas, reforme y redensifique. Son demasiadas las familias que pueden colapsar si no se da ese viraje ya.