NAIZ

Dos de cada cinco perceptores de renta garantizada en Nafarroa son menores de edad

El 38,3% de los perceptores de renta garantizada en Nafarroa son menores de edad, según figura en el informe difundido este miércoles por la Cámara de Comptos con datos de 2023. La población menor de 18 años constituye el 20,6% del total. 

El análisis de los perceptores refleja la desproporcionada presencia de menores de edad.
El análisis de los perceptores refleja la desproporcionada presencia de menores de edad. (CÁMARA DE COMPTOS-NAIZ)

Comptos ha difundido este miércoles su informe sobre la gestión de la renta garantizada en Nafarroa entre 2019 y 2023, evidenciando que se trata de una ayuda de «gestión compleja», dificultad que atribuye en gran medida al solapamiento con el Ingreso Mínimo Vital, la ayuda estatal que nació con graves errores de diseño.

Además, los inspectores de Comptos han corroborado que la Administración es incapaz de verificar que los perceptores cumplen con los requisitos de forma adecuada y que tampoco lleva a cabo su compromiso de remitir ofertas de trabajo o cursos de formación sociolaboral. 

En su estudio, demandado por el PP en Nafarroa, Comptos recuerda que el riesgo de pobreza en Nafarroa, según la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, alcanza a un 17% de la población, y que el indicador «ha empeorado proporcionalmente más que en el resto de comunidades» en los cuatro últimos años, por más que el territorio presente mejores datos que el conjunto estatal.

Este apunte contrasta con el hecho de que, en el mismo informe, se recoge que el número de beneficiarios de renta garantizada es el más bajo de los últimos cuatro años (35.186 frente a los 41.676 de 2021).

El análisis de la renta refleja que esta situación de pobreza se ceba especialmente con la población menor de edad. El 38,3% de las rentas garantizadas tuvieron como beneficiarios a menores de edad, cuando este sector poblacional representa tan solo el 20,6% del total.

Los menores perceptores de renta, según se desprende del informe, serían 13.337. 

Del total de perceptores estaba disponible para el empleo el 44%, debido a esta elevada proporción de menores, jubilados y personas en situación irregular.

Comptos recuerda que para cobrar la renta garantizada se exige residir en Navarra dos años antes de presentar la solicitud. A las personas que puedan trabajar también se les obliga a aceptar las ofertas de empleo y participar en actividades de inserción sociolaboral.

En 2023, del total de perceptores estaba disponible para el empleo el 44%, debido a esta elevada proporción de menores de 18 años y la presencia de mayores de 65 (2,3%) y de personas en situación administrativa irregular o no capacitadas para el trabajo. 

La cuantía de la renta garantizada se fija en función del número de miembros de las familias necesitadas. En 2023 iba desde 716 euros para un único miembro, hasta 1.433 euros para seis o más miembros de la unidad familiar.

Ingreso mínimo vital y renta garantizada

La existencia de dos ayudas para el mismo colectivo hace muy compleja la gestión. «La renta garantizada no es la única herramienta para luchar contra la pobreza. Existe también el ingreso mínimo vital (IMV), una prestación no contributiva de la Seguridad Social que garantiza un ingreso a quienes no tienen recursos. Su finalidad, por tanto, coincide con la de la renta garantizada, si bien los requisitos para recibir la ayuda son diferentes», explica Comptos en su informe.

 

En 2023 hubo 15.800 beneficiarios del IMV, con un coste de 50 millones. El 28% de las personas beneficiarias de la renta garantizada también percibe el ingreso mínimo vital.

La renta garantizada sirvió para ayudar a 35.185 personas y supuso otros 103 millones de gasto. El 56% de las personas que reciben dicha renta tiene nacionalidad española.

Déficits en la gestión

«El informe ha analizado el cumplimiento de las ocho obligaciones para percibir la renta garantizada. La Cámara de Comptos ha detectado incumplimientos en cinco, entre ellas mantenerse disponible para el empleo y participar en actividades de inserción sociolaboral», subraya el análisis.

Los inspectores no han podido opinar sobre el cumplimiento de las tres restantes: residencia efectiva en Nafarroa, aceptación de ofertas de trabajo «adecuado» y haber solicitado todas las prestaciones posibles antes de la renta.

En cuanto a la residencia, el requisito no se controla de manera adecuada y, respecto a las ofertas de empleo, no consta si quienes acuden (el 78% de quienes las reciben) las aceptan o no.

El informe también opina sobre el cumplimiento de las obligaciones de los Servicios Sociales de Base y de la Administración. Concluye que los primeros sí cumplen con lo establecido en la normativa respecto a información, orientación e inclusión social.

El 26% de perceptores de renta disponibles para el empleo lo obtuvieron, y el 13% dejó de percibir la renta debido a que un miembro de su unidad familiar consiguió un trabajo.

Sin embargo, la Cámara de Comptos no puede opinar sobre si la Administración ha ofertado un empleo o una formación en todos los casos a las personas perceptoras de renta garantizada por un periodo ininterrumpido igual o superior a 24 meses.

La Cámara ha revisado la evolución de algunos indicadores relacionados con la renta y el empleo. En este sentido, el 26% de las personas perceptoras de renta disponibles para el empleo lo obtuvieron; y el 13% dejaron de percibir la renta debido a que un miembro de su unidad familiar consiguió un trabajo.

La gestión se vería afectada por «la falta de medios para un control efectivo, la imposibilidad de conocer de manera automática los importes de ambas prestaciones en el Sistema Informático de Prestaciones Sociales o los diferentes plazos máximos de concesión».

En consecuencia, el informe incluye recomendaciones para mejorar la gestión como «intensificar las acciones para que las personas perceptoras de la renta garantizada accedan al mercado laboral; reflexionar sobre la idoneidad del catálogo de prestaciones, considerando la compatibilidad de muchas de ellas, sus fines y gestión; finalizar el desarrollo de un programa informático más eficaz o adaptar el actual optimizándolo; e implantar algún sistema de control para verificar que las personas que perciben la renta garantizada viven en Navarra».

Inspecciones

La detección de estos déficits no implica que no se revise que los perceptores cumplan con los requisitos. Así, el informe recoge que en el periodo 2019-2023, la Policía Foral realizó más de 700 tras recibir denuncias o indicios de incumplimientos. En tres de cada cuatro ocasiones, se verificaron estas deficiencias. Dos tercios de lo pagado incorrectamente se han recuperado.

Comptos corrobora, sin embargo, una deficiencia importante en el sistema de control. «El informe –sostiene el comunicado de prensa–no ha podido probar si el importe cobrado en concepto de renta garantizada e ingreso mínimo vital, de manera simultánea, supera la cuantía máxima establecida. La razón es que el Sistema Informático de Prestaciones Sociales solo ofrece el dato más reciente sobre el número de miembros de la unidad familiar, sin posibilitar la revisión automatizada de la información anterior».

Por otra parte, el informe ha detectado el abono indebido estimado de dos millones en 2.730 expedientes. Son familias que han percibido la API (Ayuda para la Infancia), cuyo importe computa como ingreso desde enero de 2023. El Departamento no aplicó dicho cambio hasta enero de 2024.

La Cámara, en este sentido, remarca «la complejidad en la gestión de la renta garantizada y el ingreso mínimo vital, dos prestaciones con un mismo objetivo, diferentes regulaciones y que muchas veces se solapan».