El Gobierno cubano empezó a excarcelar ayer a parte de los 553 presos a los que se ha comprometido a dejar en libertad tras la decisión de Washington de retirar a La Habana de su lista de «países que patrocinan el terrorismo», un acuerdo que se alcanzó con la mediación del Vaticano cuando resta una semana para que Joe Biden deje la Casa Blanca.
Entre las primeras personas que han salido de prisión están Dariel Cruz García, Lisdiany Rodríguez Isaac, Donaida Pérez Paseiro y Reyna Yacnara Barreto Batista, consideradas presos políticos por varias ONG en la isla.
Maricela Sosa, vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular (TSP), aclaró que las personas que saldrán gradualmente de la cárcel no han sido ni indultadas ni amnistiadas, sino excarceladas, y que, por tanto, «pueden regresar a la prisión» si no cumplen una serie de «requisitos», ya que el tribunal que les condenó, añadió, tiene la facultad de revocarles la medida.
«No es una amnistía ni un indulto. ¿Por qué? Porque la amnistía y el indulto conlleva la extinción total de la sanción», explicó.
Sosa remarcó que la medida se aplicará a presos con delitos como «hurto; robo con fuerza; amenazas; lesiones; desórdenes», aunque señaló que en el listado también hay «algunas personas que fueron sancionadas por sedición», un delito imputado con frecuencia en los múltiples juicios que siguieron a las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021.
Según la ONG Prisioners Defenders, desde entonces un total de 218 personas han sido condenadas a una media de 10 años de cárcel por este delito.
Tras conocerse el paso de Washington, el Gobierno cubano consideró el anuncio una «decisión en la dirección correcta», aunque aclaró que a su juicio es un paso «muy restringido», pues siguen estando en vigor múltiples sanciones económicas. Y no descartó que el nuevo Gobierno estadounidense pueda «revertir en el futuro las medidas hoy adoptadas, como ha ocurrido en otras ocasiones».
«Cero dudas»
De hecho, el senador Marco Rubio, cubano-estadounidense defensor de la línea dura con la isla y nominado como secretario de Estado de EEUU por Donald Trump, dijo que tiene «cero dudas de que cumple con todos los requisitos para ser considerado un Estado patrocinador del terrorismo» y avisó de que se puede revertir la decisión tomada el miércoles por la Administración saliente.
Durante su audiencia de confirmación ante el Senado, Rubio sostuvo que el Gobierno cubano ha apoyado a la extinta guerrilla colombiana de las FARC, así como a Hamas y Hizbulah. También denunció que la isla alberga «estaciones de espionaje» de terceros países rivales de EEUU, además de tener «fuertes vínculos» con Irán y acoger a fugitivos de la Justicia estadounidense.
No confirmó si el nuevo Gobierno volverá a poner a Cuba en esa lista, pues depende del presidente, pero insinuó que es un asunto que está sobre la mesa. El acuerdo, subrayó, «no es irreversible ni vinculante para la nueva Administración».
La inclusión de Cuba en el listado –en el que estuvo entre 1982 y 2015– en enero de 2021 fue una de las últimas decisiones de Trump antes de dejar el poder en su primer mandato. EEUU justificó entonces la medida aludiendo a la presencia en la isla de miembros de la guerrilla colombiana del ELN, que viajaron a La Habana para iniciar negociaciones de paz con el Gobierno de Bogotá.
Tarde
China aseguró ayer que la decisión de Biden «llega con retraso» y pidió a EEUU que se coloque «en el lado correcto de la historia». Gustavo Petro (Colombia) y Claudia Sheinbaum (México) celebraron la decisión y el Vaticano, mediador en el acuerdo, lo consideró «un signo de esperanza».