El jueves plataformas de pensionistas alzaron la voz contra las formaciones de derechas que han rechazado el aumento de sus jubilaciones vía decreto. Este viernes ha sido Stop Desahucios de Euskadi quien ha salido a la palestra para criticar la «irresponsabilidad de los partidos PP, Vox y Junts», que votaron en el Congreso contra estas medidas y otras como la subvención del transporte. Recuerdan que con ese no mayoritario, se cancela por el momento la suspensión de las demandas de desahucio de inquilinos vulnerables por impago de rentas y/o finalización de los contratos hasta el 31 de diciembre.

«Parece ser que, a tenor de sus declaraciones, uno de los principales motivos de que hayan votado en contra de la validación de este Decreto precisamente es que quieren eliminar esta suspensión de los desahucios que amenaza con dejar en la calle a miles de familias vulnerables sin alternativa habitacional, que para ellos deben ser españoles y catalanes de segunda categoría porque ya sabemos que a estos partidos no les gustan los pobres», señala de entrada este colectivo.

Alerta de que «la historia de los miles de desahucios de la época de la crisis bancaria y la burbuja inmobiliaria amenaza con repetirse, pero ahora con la crisis de los alquileres y otra vez con la derecha como protagonista. Entonces ya vimos cómo respondieron y motivaron la creación de nuestro movimiento y veremos si han calculado que la responsabilidad de lo que hoy ha pasado en el Congreso va a pesar sobre las comunidades y municipios en su mayoría gobernados por ellos. Allí verdaderamente veremos cómo responden».

Ahondando en este argumento, estiman que «creemos que si Junts gobernase en Cataluña no se habrían atrevido a dar este paso, como no lo ha hecho el PNV, porque la responsabilidad del problema ahora es de Salvador Illa, y parece ser que creen que contribuir a que el país esté cada vez peor, les va a beneficiar a ellos.  Este es el sentido de Estado de estos partidos de derecha y extrema derecha; anteponer sus intereses a los de los ciudadanos y ciudadanas. Pero nosotros no olvidamos».

Refiriéndose ya a la situación en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, Stop Desahucios expone que «los servicios sociales municipales (que colaboramos con muchos de ellos) conocen muy bien cuál puede ser la dimensión de este drama. En Gipuzkoa, serán los responsables de que las casi 200 familias vulnerables con los desahucios suspendidos hasta el 31 de diciembre de este año de los municipios de Donostia, Irún y Errenteria, familias que no cuentan con una alternativa habitacional por la escasez de vivienda de alquiler social y los especulativos alquileres, vayan a sufrir cómo los juzgados les fijan nuevas fechas de desahucio y se verán abocadas a dormir en la calle ante la escasez del parque público de viviendas de alquiler social, la escalada constante de los alquileres y la proliferación de los pisos turísticos y los alquileres temporales».

«Lo antes posible»

Si bien tanto EH Bildu como el PNV han votado a favor de este decreto, señalan que también en Euskal Herria hay tareas pendientes. «Entendemos que igual que estamos ayudando a los jóvenes con los programas Gaztelagun y Emantzipa para pagar los alquileres, si no hay otra alternativa habitacional, estas familias deberían recibir una ayuda suficiente para pagar esos alquileres siempre que la intención de los propietarios no sea la de especular con esas viviendas y alquileres abusivos».

«Con este panorama, aún cobra más relevancia declarar oficialmente lo antes posible los 43 municipios tensionados para que puedan aplicar la limitación de los alquileres y poner en práctica la prórroga de los tres años a los contratos que vayan finalizando para evitar desahucios de familias vulnerables para especular libremente con alquileres», concluye.

En Nafarroa ha sido el Gobierno de María Chivite y la consejera Begoña Alfaro el que ha tomado la iniciativa de declarar tensionados a los municipios que cumplen los requisitos (21 en principio, la práctica totalidad de los que tienen más de 5.000 habitantes) sin esperar a que sea el ayuntamiento correspondiente el que lo solicita, como se ha establecido en la CAV.