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El PP lleva al Parlamento una iniciativa contra «la okupación e inquiokupación de vivienda»

Stop Desahucios ha criticado la postura del PP respecto a la suspensión de los desahucios de familias vulnerables y ha denunciado que ha registrado en el Parlamento de Gasteiz una iniciativa para aprobar medidas de ayuda a los «arrendadores, supuestas víctimas de los inquilinos».

Comparecencia de Stop Desahucios en Donostia, en diciembre pasado.
Comparecencia de Stop Desahucios en Donostia, en diciembre pasado. (Gorka RUBIO | FOKU)

Stop Desahucios ha denunciado que el PP registró el pasado 7 de enero en el Parlamento de Gasteiz una proposición no de ley en la que insta a la Cámara a aprobar un plan específico de ayudas económicas, asistencia jurídica y psicológica gratuitas para los arrendadores, «supuestas víctimas de los inquilinos que tienen los desahucios suspendidos por sentencia judicial por su situación de vulnerabilidad»,

La plataforma ha criticado que el PP presente esa iniciativa «mientras que en el Congreso ha votado para que miles de familias con la vulnerabilidad acreditada ante el juez sean desahuciadas, sin importarle que no tengan alternativa habitacional».

En la proposición no de ley, el partido de Feijóo plantea que el Parlamento inste al Gobierno de Lakua a «poner en marcha, en el ámbito de sus competencias, un plan específico para atajar, prevenir y paliar la okupación e inquiokupación de vivienda», con medias como la elaboración de «un censo de okupas e inquiokupas en la CAV», ofrecer «asesoría jurídica gratuita para propietarios y vecinos víctimas», «asistencia psicológica gratuita para propietarios y vecinos víctimas», «ayudas económicas para propietarios víctimas que se encuentren en situaciones de desempleo y/o precariedad» y «reforzar la prevención y persecución de la delincuencia asociada a los okupas e inquiokupas para evitar la degradación de los barrios afectados».

Stop Desahucios acusa al PP de «mentir a sabiendas, al mezclar la ocupación de viviendas de personas físicas (pequeños arrendadores), que está penalizada por vía penal, con aquellas personas vulnerables en situación de extrema necesidad que ocupan una vivienda vacía perteneciente a una persona, sea jurídica o física, que posee más de diez viviendas, un gran tenedor (artc.72 1-bis del RDL 1/2025), que acredita ante el juez su situación de vulnerabilidad y además es víctima de violencia de género, o  es dependiente y/o tiene menores a su cargo».

Le afea que «no tiene ninguna empatía por familias con menores que pueden quedar con su voto en situación de exclusión social y sin techo».

«El desprecio por los pobres y desfavorecidos es antiguo en el comportamiento del PP vasco como comprobamos con la crisis inmobiliaria, votó en contra de la Ley de Vivienda Vasca y de su desarrollo, también ha votado en contra en todos los plenos donde se votaba que el Ayuntamiento solicitaba ser declarado zona tensionada», ha recordado.

Para esta plataforma, «lo que oculta el PP es que en este nuevo decreto de escudo social, como en los anteriores, se garantiza a los caseros cuyos inquilinos tienen los desahucios suspendidos el pago de los alquileres dejados de percibir por el arrendador mientras dura el periodo de suspensión de los desahucios, acreditando que necesita cobrarlos para completar sus ingresos». 

Suspende la concentración del viernes en Donostia

El PP, según Stop Desahucios, tampoco «dice que existe en Euskadi el sistema Bizigune por el que el Gobierno Vasco garantiza a los arrendadores que buscan seguridad jurídica un alquiler seguro garantizando el Gobierno Vasco el cobro de la renta fijada en el contrato y los arreglos de los posibles desperfectos ocasionados por el inquilino».

La plataforma, que ha suspendido la concentración que había convocado para este viernes en Donostia para denunciar que el PP y Junts votaron contra el escudo social una vez que la formación catalana ha rectificado su postura y se haya comprometido a apoyarlo, asegura que estará «vigilante de que tanto en el Congreso como en el Parlamento Vasco se va a seguir protegiendo a la ciudadanía más débil y vulnerable que no puede acceder a una vivienda digna y asequible por la escasez de viviendas de alquiler social y por la especulación en los alquileres que no pueden pagar y por cuya causa tiene una demanda de desahucio».