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El Boletín Oficial del País Vasco publicó ayer la aprobación de Errenteria, gobernada por EH Bildu, como primer municipio que se convierte en zona tensionada. Sin embargo, la eficacia de la medida será limitada por el momento, entre otras cosas porque, según recordó esta formación, la Diputación de Gipuzkoa (de PNV-PSE) sigue sin disponer del cálculo del índice de precios de referencia para el mercado de alquiler.
EH Bildu censuró que se sigue «aplazando» su definición pese a que las Juntas Generales de Gipuzkoa lo solicitaron ya el 8 de mayo, hace casi nueve meses.
Esta formación ha registrado una pregunta en las Juntas dirigida a la diputada foral de Hacienda y Finanzas, Itziar Agirre, para que explique «por qué desde la aprobación de la Ley del Derecho a la Vivienda en 2023 la Diputación Foral de Gipuzkoa ha atrasado el cálculo del índice de precios de referencia para el mercado de alquiler para los pueblos de Gipuzkoa».
«Los ayuntamientos están haciendo todo lo que pueden hacer por su parte para que los municipios sean denominados zonas tensionadas, pero mientras el resto de entidades no asuman con urgencia la responsabilidad que les corresponde, el efecto de esta designación será limitado», ha advertido EH Bildu.
Se da la circunstancia de que el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, del PSE, coincidió con esta opinión al afirmar en redes sociales que urge poder contar con el índice de precios de referencia para Gipuzkoa y también para Bizkaia. Este herrialde está igualmente gobernado por el PNV junto al partido de Itxaso.
El consejero saludó la aprobación de Errenteria como zona tensionada pero añadió que «nos urge poder contar con el índice de precios de referencia para Gipuzkoa y Bizkaia pues pronto vendrán más municipios».
La Diputación de Gipuzkoa se revuelve
Escuchado esto, la portavoz de la Diputación de Gipuzkoa, Irune Berasaluze, acusó a EH Bildu de mentir y de «utilizar la vivienda como arma política», aunque no negó la afirmación de la fuerza independentista de izquierdas.
La Diputación alega que sus técnicos están trabajando con los del Eustat y los del Ministerio de Vivienda para cumplir con los requerimientos de la ley, pero necesitan tiempo porque se trata de un trabajo técnicamente complejo.
«La petición formal del Ministerio llegó a la Diputación foral de Gipuzkoa a finales del año pasado, desde entonces hemos estado trabajando junto a Eustat en la recopilación y la adecuación de la información solicitada», ha afirmado Berasaluze.
Un trabajo que la Diputación está desarrollando, ha dicho, «con seriedad y en el menor tiempo posible», ya que «quedan adecuaciones estadísticas para consensuar con el Ministerio y eso requiere tiempo y precisión».
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