La Dirección de Costas ha dado al Ayuntamiento de Donostia luz verde para mantener en 20 metros la zona de servidumbre desde la orilla del Urumea en la zona de los cuarteles de Loiola, sin incrementarla a los 100 metros que marca la normativa vigente. De este modo se despeja el principal escollo que mantenía en stand-by la operación de compraventa de los terrenos al Ministerio de Defensa.

Según ha adelantado la delegada del Gobierno español, Marisol Garmendia, a algunos medios, Costas «ha aprobado el establecimiento de una zona de servidumbre de protección respecto al río de 20 metros a lo largo de 920 metros», tal y como reclamaba el Consistorio.

El alcalde Eneko Goia confirmado posteriormente que «se ha producido la firma de la resolución de Costas en el sentido que el Ayuntamiento alegaba, que era el de reconocer que la distancia de la línea de deslinde respecto al río era de veinte metros, como en el resto de la ciudad».

«Esto es superar un paso más que nos lleva a la adquisición de los terrenos de los cuarteles de Loiola, el camino queda expedito y es una muy buena noticia para la ciudad. Tendremos que volver a activar el convenio y fijar fecha para la firma de escrituras», ha apuntado.

Contrato suscrito en diciembre de 2023

En diciembre de 2023, Ayuntamiento y Defensa llevaron a cabo en Madrid la firma del contrato para traspasar los terrenos, por un importe de 73 millones. Esta explanada, de unos 175.000 metros cuadrados, llevaba décadas siendo el objetivo de la política de vivienda de los diferentes gobiernos municipales. El actual proyecto contempla la construcción de entre 1.500 y 1.700 pisos.  

Pero seis meses después, en junio de 2023, saltaba la sorpresa. La Dirección de Costas  –dependiente del Ministerio español para la Transición Ecológica–  entendía que el Ejército estaba  bajo un régimen especial por motivos de «defensa nacional», pero una vez desaparecida esta excepcionalidad, los terrenos protegidos sobre los que no se puede edificar se expandían hasta los 100 metros que contempla la Ley de Costas de 1988.  Y eso reducía radicalmente el espacio para viviendas.

La normativa se aplica no solo a la orilla del mar, sino que se extiende aguas adentro en los ríos hasta el punto al que llega la acción de las mareas, y protege espacios que no estuvieran considerados como suelo urbano antes de aprobarse la ley. Fuera de eso, como norma general solo se permiten instalaciones deportivas al aire libre (para practicar remo, por ejemplo), equipamientos y servicios para usuarios de la costa (como vestuarios para bañistas) u «otros usos y actividades que por su naturaleza no puedan tener otra ubicación diferente». 

Recurso del Ayuntamiento, URA y Defensa

El Ayuntamiento reaccionó anunciando que interpondría un recurso, al entender que los cuarteles estaban considerados como suelo urbano mucho antes de 1988. También iban a presentar sendos informes la Agencia Vasca del Agua (URA) y el Ministerio de Defensa.

El acuerdo contemplaba que Donostia pagara en esas mismas fechas casi 65 millones –a los seis meses de firmarse el acuerdo–, pero el Ayuntamiento ejecutó una cláusula que permitía una prórroga de dos meses, hasta agosto. «No tiene ninguna lógica que el Ayuntamiento proceda a la adquisición de un bien cuya valoración se ha hecho considerando que la franja de servidumbre de Costas es de 20 metros y no de 100, porque el valor sería muy distinto», subrayó el alcalde.

Al mismo tiempo se revelaba que el acuerdo contempla el realojo de las familias que actualmente residen en los bloques de pisos ubicados en la parte trasera de los cuarteles, lo que supone 58 viviendas protegidas. «Son pisos de alquiler de renta antigua. Hay militares, pero también personas que no lo son, que son descendientes de militares que han vivido ahí desde siempre», explicaba a NAIZ una fuente conocedora del asunto.

Además se mantendrá la residencia militar General González Vallés, que seguirá en manos del Ministerio de Defensa. En este espacio se alojan principalmente los mandos de Loiola y militares que se encuentran en comisión de servicio, realizando alguna tarea puntual en Donostia. Para estos usuarios el Ayuntamiento se ha comprometido a entregar «en propiedad 50 plazas de garaje para turismos», valoradas en 1.084.207 euros.  

La situación de espera se ha prolongado mucho más de lo previsto, por lo que todo el acuerdo quedó en el aire cuando en agosto de 2024 se anunció la suspensión temporal del contrato. Ahora se despeja el panorama, aunque falta por resolver un recurso contencioso-administrativo que presentó ante la Audiencia Nacional la organización ultraderechista bautizada como Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica.