El Consejo de Ministros español ha aprobado la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 1.184 euros brutos al mes en 14 pagas o 16.576 euros brutos al año, una cuantía que por primera vez no estará exenta de tributar y que ha generado posicione encontradas en el Gobierno de coalición.

De esta manera, el Ejecutivo ha dado luz verde a una subida del 4,4% (o 50 euros más al mes) del SMI que tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero y que fue acordada por el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, pero no por la patronal.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido un incremento que ayuda a reducir la desigualdad y que beneficiará a 2,4 millones de trabajadores asalariados, el 12,9% del total, pero se ha opuesto a la decisión del Ministerio de Hacienda de hacer tributar a los perceptores del SMI en el impuesto de la renta.

En una tensa rueda de prensa junto a la ministra portavoz, Pilar Alegría, Díaz se ha quejado de una decisión unilateral de la que se ha enterado por los medios de comunicación y ha asegurado que «no ha habido ni comunicación ni deliberación» al respecto dentro del Gobierno de coalición.

«Hay que hacer pedagogía fiscal, pero creemos que la justicia fiscal empieza por arriba, no por abajo», ha apuntado Díaz tras avanzar que si llega al Congreso alguna iniciativa para eximir de tributación las rentas equivalentes al salario mínimo «va a contar con la anuencia de Sumar».

Poco después, el grupo de Sumar ha anunciado la presentación de una proposición de ley en ese sentido, pero se le han adelantado en el registro Podemos y el PP, que ha presentado su texto para una ley que ajuste el SMI al mínimo exento del IRPF tanto en el Congreso como en el Senado, donde tiene mayoría absoluta.

Por su parte, EH Bildu ha anunciado que apoyará el mantenimiento de la exención como hasta ahora. «Perdonar impuestos a las grandes energéticas y hacer tributar a las personas que cobran el SMI es justo lo contrario a la progresividad y justicia fiscal. Es la peor manera de empezar una reforma fiscal», ha indicado Oskar Matute.

El PNV se ha mostrado a favor de «intentar ayudar a aquellas personas que están en peor situación», aunque ha dicho entender también los argumentos de Hacienda en un debate que cree que aun no está cerrado dentro del Ejecutivo.

El Ministerio de Hacienda ha explicado que no ajusta el IRPF al SMI, porque ya se ha venido reduciendo para las rentas bajas, y ha defendido que muchos de los perceptores del salario mínimo seguirán sin tributar en función de su situación personal.

De esta forma, ha señalado, un contribuyente con pareja y un hijo menor de 3 años no sufrirá ninguna retención, igual que ahora, pero si es soltero y no tiene hijos se le retendrán 300 euros al año, casi la mitad de los 700 euros en que se incrementará su retribución.

Hacienda defiende, no obstante, que se trata de un importe muy inferior al que pagaba una persona en esas circunstancias en 2018, cuando la retención llegaba a 1.324,42 euros.

El aumento del SMI fue pactado hace dos semanas con UGT y CCOO, que reclamaban un alza del 6%, sin que fuera posible acercar posturas con la patronal, que pedía un incremento del 3% con el que no fue posible el acuerdo.