La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha ofrecido a los gobiernos europeos el encaje legal necesario para replicar el modelo de la ultraderechista italiana Georgia Meloni para «externalizar» los centros de deportación a terceros países. Solo establece un requisito, que ningún migrante sea trasladado a esas instalaciones fuera de la Unión Europea hasta que se haya dictado una orden definitiva de expulsión.

«Debemos ser firmes y asertivos en nuestro planteamiento, sin dejar de ser fieles a los valores europeos de justicia y derechos fundamentales», ha defendido la vicepresidenta de Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, al presentar los detalles de la propuesta de Bruselas, que debe ser aún negociada entre los Veintisiete y la Eurocámara antes de ser adoptada.

Von der Leyen ya prometió en diciembre a los jefes de Estado y de Gobierno de la UE que sus servicios buscarían la «mejor manera de introducir en el marco jurídico» el establecimiento de los citados centros en países terceros, teniendo en cuenta tanto su dimensión legal como la operativa y financiera, y «respetando al mismo tiempo los derechos fundamentales».

Este formato fue defendido por la mayoría de Estados como una «solución innovadora» para acelerar los retornos, aunque algunos, como el Estado español, advirtieron de que no ven con buenos ojos esta opción, por dudas sobre su eficacia y su legalidad.

En este contexto, Bruselas establece varias líneas rojas que, al parecer, diferenciarán el modelo que Meloni ha acordado con Albania. Un modelo paralizado en repetidas ocasiones por la Justicia italiana.

Así, la propuesta europea establece que el sistema deberá incluir «fuertes condiciones de protección» para los retornados, por ejemplo que exista una orden de expulsión definitiva. Y dicta que los acuerdos «bilaterales o a nivel europeo» para establecer los centros de deportación sólo puedan firmarse con países que «respetan los estándares internacionales» en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional, incluido el principio de no devolución por el que las devoluciones ilegales son ilegales.

Con esta propuesta, la Comisión quiere revisar la directiva de Retorno que data de 2008 para agilizar las expulsiones de migrantes que llegan a la Unión Europea de manera irregular y no obtienen la protección de refugiado o asilado. El Ejecutivo comunitario defiende este dossier como un pilar «esencial» para asegurar que funcione el Pacto de Migración y Asilo que los gobiernos deben aplicar a más tardar en 2026.

Bruselas insiste en que el objetivo de la reforma es acabar con los supuestos «abusos» del sistema, ya que, según ha indicado el comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner, «apenas uno de cada cinco» migrantes sobre los que pesa una orden de expulsión llega a abandonar realmente el territorio comunitario.

Los antecedentes en Albania y Ruanda

A preguntas de la prensa, tanto Brunner como Virkkunen han rechazado de plano que esta «solución innovadora» sea una réplica del modelo negociado por Meloni con Albania o el que el Gobierno británico intentó con Ruanda. «Son completamente distintos», ha dicho el comisario de Interior y Migración, poniendo el acento en que a los centros que plantea Bruselas sólo podrán ser trasladados migrantes sobre los que hay una «decisión final sobre su retorno».

También la vicepresidenta comunitaria ha subrayado que se aplicará solo a «personas que están de manera ilegal en la Unión», mientras que el comisario Brunner ha avisado también de que esta propuesta «crea el marco, no el contenido», de eventuales acuerdos y por tanto supone ofrecer a los gobiernos «una especie de condiciones mínimas para cualquier ‘hub’ de este tipo que cree».

Prohibición de entrada durante diez años

La propuesta plantea otros cambios para endurecer la política de retornos que se aplica en la Unión Europea, por ejemplo contar con una Orden Europea de Retorno. El objetivo es avanzar hacia una base de datos común para que todos los Estados miembro sean informados cuando pese una orden de expulsión sobre una persona migrante.

También se asienta la «obligación legal de cooperar» por parte del migrante con las autoridades, es decir, que no se traslade a otro Estado miembro mientras se resuelve su caso o que no se destruyan documentos, y Bruselas avisa de que «cuando no se cumplan las obligaciones, habrá consecuencias». «Quien no coopere y represente un riesgo será detenido, es algo esencial para garantizar que no hay abusos del sistema», ha remachado Brunner.

Otra medida pasa por elevar hasta los diez años el tiempo en que un migrante deportado de forma forzosa tendrá prohibida la entrada de nuevo en la Unión Europea, una medida que, según Bruselas, tiene carácter disuasorio. Cree que desincentivará las llegadas pero también favorecerá los retornos «voluntarios».