La revisión fiscal que PNV y PSE aprobarán en las próximas semanas en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa con el apoyo de Podemos, viene a retocar el acuerdo alcanzado en 2017 por los dos partidos del Gobierno con el PP, de forma conjunta para toda la CAV (obviando la estructura foral) y en el marco de la negociación presupuestaria, lo que desde el Ejecutivo se presenta como anatema cuando las propuestas vienen desde la izquierda.

En noviembre de 2017, cuando se cerró aquel acuerdo, la entonces secretaria general del PSE afirmó que la «foto final» del mismo iba a implicar que van a seguir pagando más impuestos las empresas que más beneficios tienen, a pesar de la rebaja del Impuesto de Sociedades, y añadió que «vamos a tener suficiencia de recursos para garantizar una educación y una sanidad pública de calidad, una Renta de Garantía de Ingresos y un sistema de bienestar social que necesitamos en Euskadi, que es el mejor de nuestro entorno».

Pasado el tiempo y con la posibilidad por tanto de hacer un balance, el pasado viernes, el consejero de Hacienda y Finanzas del Gobierno de Lakua, Noël d’Anjou, declaró en una entrevista que la última reforma fiscal aprobada en 2018 «ha funcionado bien» durante estos años y añadió que «ha creado empleo y crecimiento económico».

A la vista de eso, según lo declarado por el propio consejero de Hacienda y Finanzas, «lo que hemos hecho con esta revisión es, principalmente, unos cambios para hacer frente a los nuevos retos que tenemos por delante».

Los datos no dicen lo mismo

NAIZ ha tenido acceso a un estudio que ha analizado en términos actuales los datos de recaudación desde la reforma de 2018 y los ha comparado con los seis años anteriores a aquel pacto, es decir, al periodo 2013-2018. Además ha tenido en cuenta la excepcionalidad del año 2020, cuando la pandemia afectó a la actividad económica y fiscal.

Según este estudio, la comparación del aumento absoluto de la recaudación, determina que en estos términos absolutos, el incremento en el periodo 2013-2018 fue mayor que en el periodo 2019-2024, confirmando la caída en el ritmo de crecimiento de la recaudación tras la reforma.

Han analizado la recaudación de 2013, que ascendió a   11.752.116.000 euros, y el diferencial con la de 2018 que fue de 14.981.545.000. Y luego han tomado lo recaudado en 2019, que ascendió a 15.469.587.000 y su diferencia con la de 2024, que ha sido de  18.310.029.000.

Esta comparación señala que la recaudación total del periodo 2013 al 2018 se incrementó en 3.229.429.000 euros. Más que la del periodo 2019-24, que fue en 2.840.442.000.

Peor en cifras actualizadas

Pero a la hora de hacer ese análisis se tiene que tener en cuenta también que valor de ese dinero cada año no es el mismo por efecto de la inflación. Por ello, en el estudio se han cruzado los datos de recaudación con la evolución del IPC, es decir, si ponemos la recaudación del 2013 a precios del 2018, y la del 2019 a precios del 2024 con una aplicación del Eustat (y del INE).

Hechas las operaciones descritas, el resultado final es que la recaudación de 2013 (11.752.11.600) a precios del 2018 habrían sido 12.186.944.292 euros, con lo cual la diferencia real de recaudación en el periodo 2013-2018 habría sido de 2.900.369.752 euros de incremento.

Utilizado el mismo método para el periodo 2019-2024, según el estudio, la recaudación de 2019 (15.469.587.000) traída a precios del 2024 serían 18.377.869.356 euros, con lo cual, en comparación con la recaudación de 2024 (18.310.029.000) supondría que en este período la recaudación real se habría visto reducida en 67.840.356 euros.

En el caso del Impuesto de Sociedades, la reducción fue de 169.193.000 euros

La conclusión del análisis es que después de la reforma de 2018 el crecimiento real medio del PIB ha aumentado mucho, pero ha disminuido la recaudación real media.