Un jurado popular ha dictado este miércoles que la organización Greenpeace debe pagar 665 millones de dólares en daños y perjuicios a la empresa Energy Transfer (ET) por incitar unas protestas contra la construcción de un oleoducto de la compañía que, según la sentencia, «degeneraron en actos de vandalismo».

El jurado ha declarado a Greenpeace responsable de «difamación» y otras demandas presentadas por ET, que le acusó de instigar las protestas de la tribu lakota de Standing Rock en 2016 contra la construcción del oleoducto Dakota Access, en el norte del país, que retrasaron el proyecto y elevaron los costos.

La empresa energética, con sede en Dallas (Texas), reclamaba 300 millones de dólares (unos 287 millones de euros), una cifra que la propia organización ecologista ha declarado que pondría en amenaza su propia existencia.

El SLAPP, modelo de demanda de corporaciones contra activistas

Greenpeace había negado las acusaciones de ET, alegando que simplemente apoyó esas protestas y no es responsable del desarrollo de las mismas.

El jurado, compuesto por nueve personas, ha tomado su decisión tras dos días de deliberaciones en un tribunal de Dakota del Norte  y un juicio que ha durado casi un mes.

En su demanda, ET incluía a las entidades Greenpeace International, Greenpeace Inc y a Greenpeace Fund.

El caso se ha denunciado como un ejemplo de Demanda Estratégica contra la Participación Pública (SLAPP), un tipo de litigio civil cada vez más utilizado por corporaciones, políticos y otros grupos poderosos contra activistas, opositores o periodistas.

Durante las protestas, que tuvieron lugar entre 2016 y 2017, miles de personas acamparon durante meses argumentando que el oleoducto se estaba construyendo en tierras sagradas y que podía suponer un peligro para el suministro de agua.

Cientos de manifestantes resultaron heridos y arrestados, lo que provocó la preocupación de la ONU por la violación de la soberanía de los pueblos indígenas.

Según “The New York Times”, el cofundador y presidente de la junta directiva de Energy Transfer, Kelcy Warren –uno de los mayores donantes en la última campaña presidencial del mandatario, Donald Trump– aseguró en un video proyectado durante los argumentos finales que los manifestantes crearon «una narrativa totalmente falsa».

Uno de los abogados de la empresa, Trey Cox, afirmó durante el juicio que «Greenpeace tomó un asunto local pequeño y desorganizado y lo explotó para cerrar el oleoducto y promover su propia agenda egoísta», recoge el medio neoyorquino.

Acabar con el activismo

Deepa Padmanabha, de Greenpeace USA, por su parte, criticó el «desprecio» de la justicia por las voces de la tribu lakota de Standing Rock, afirmando que el grupo empresarial intentó distorsionar la realidad  exagerando el papel desempeñado por la ONG.

En un post en su página web escrito antes de conocerse el veredicto, la organización asegura que, con esta demanda, Energy Transfer «ha utilizado el sistema legal estadounidense como arma para intentar silenciarnos en un momento en que nuestras voces son más necesarias».

Califica la demanda de «abusiva» y «diseñada para acabar con el legado de 50 años de activismo medioambiental de Greenpeace».

Esta sentencia contra Greenpeace podría tener consecuencias de largo alcance, según Michael Gerrard, profesor de Derecho en la Universidad de Columbia y especialista en acciones de justicia climática, porque «animará a otras empresas a tomar medidas similares y podría desalentar significativamente los movimientos de protesta».