La Asociación GuraSOS dio a conocer ayer que el Seprona ha confirmado en dos informes la existencia de delitos ecológicos graves a causa de los lixiviados de la incineradora, por lo que han sido citadas en Intxaurrondo como investigados quince altos directivos y cuadros técnicos.

Según ha sabido GARA, estas personas acudieron a las dependencias del cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo como investigadas no detenidas en un causa por un delito contra los recurso naturales y el medio ambiente. Todas ellas habrían decidido acogerse al derecho de declarar solo ante la autoridad judicial.

La investigación se debe al supuesto vertido ilegal a Arkaitzerreka, que tuvo lugar el 13 de julio de 2022, y que procedía de los lixiviados de residuos urbanos municipales que estaban siendo tratados en la incineradora de Zubieta. Este vertido fue grave para la regata afectada.

La Guardia Civil constata que, según los informes que constan en la causa y las investigaciones realizadas, esos vertidos provenían de distintos puntos de la incineradora de Zubieta.

Defectos en el foso y depósitos

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) es tajante al detallar que las investigaciones que han realizado han dado por confirmada una falta de estanqueidad de las instalaciones en las que se encuentran los lixiviados. Y llaman la atención sobre el hecho de que están certificados con diversos informes técnicos como si realmente fuesen estancos, lo que aseguran que no es cierto.

A su entender, hay defectos de construcción en el foso de Tratamiento Mecánico Biológico y un par de depósitos, que serían la fuente de parte de la filtración de lixiviados.

Además, en la Planta de Valoración Energética se habría mantenido durante más de año y medio una gran cantidad de agua que se acumuló de la extinción de los incendios que tuvieron lugar en 2021. Estos depósitos, según la Guardia Civil, habrían sobrepasado el límite de impermeabilización exterior. Y eso es lo que estaría detrás de otra parte de la filtración de lixiviados.

Esta actuación estaría catalogada en el Código Penal dentro de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. En el primer artículo de este apartado, el 325, se determina que «será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años, multa de diez a catorce meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a dos años el que, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente, provoque o realice directa o indirectamente (...) vertidos (...) en el subsuelo o las aguas terrestres, subterráneas o marítimas (...) así como las captaciones de aguas que, por sí mismos o conjuntamente con otros, cause o pueda causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, o a animales o plantas».

Comunicado de GuraSOS

Durante la mañana de ayer, la asociación GuraSOS hizo pública una nota en la que informaba de que el Seprona de la Guardia Civil ha expuesto en dos informes la existencia de delitos ecológicos graves a causa de los lixiviados de la incineradora.

También daba cuenta de que otro tercer informe sirvió para exculpar en otra causa al teniente de diputada general de Gipuzkoa y presidente de GHK, José Ignacio Asensio. GuraSOS anuncia, además, que el juzgado ha admitido a trámite el recurso presentado contra ese auto.

Recientemente, el Juzgado de Instrucción número 5 de Donostia ha archivado una causa contra José Ignacio Asensio y otros responsables de GHK por el envío de residuos de la incineradora de Zubieta a Artaxoa. Fuentes conocedoras del procedimiento ya señalaban en su momento que no era la única causa abierta por estos hechos.

Según se recoge en la nota emitida ayer por GuraSOS, los otros dos informes hacen referencia a un primer caso en el que «además del vertido de amoniaco producido a la regata Arkaitzerreka en marzo y mayo del 2020, el vertido de lixiviados, ocasionado a la misma regata dos años más tarde, en julio del 2022».

La segunda causa abierta «afecta al envío de esos lixiviados procedentes de la incineradora con código de identificación falso a la planta de tratamiento de Sader en Bilbao y Ecofert en Artaxoa. Es esta la causa de la que de momento ha sido exonerado el diputado, en su faceta de presunto ‘delito medioambiental’», pero GuraSOS explica que sigue abierta la que investiga una presunta «falsedad documental en el código de identificación del lixiviado enviado», sobre la que no se ha dicho nada.

La asociación expone que «la propia Guardia Civil, en su extenso informe sobre el caso, revela que, en cuanto a los lixiviados enviados a Artaxoa, estos no estaban correctamente calificados, según pronunciamiento expreso realizado por el Ministerio español para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a requerimiento del Seprona».

Por las causas abiertas y el recurso admitido de la archivada provisionalmente, GuraSOS subraya que «llama la atención la premura y la imprudencia del diputado Asensio al anunciar el final de un caso que está muy lejos de estar dirimido tanto en términos generales como en lo que le afecta particularmente».

José Ignacio Asensio es primer teniente de diputada general y diputado foral de Sostenibilidad de Gipuzkoa, además de presidente de GHK, y volverá a ser reelegido secretario provincial del PSE en el congreso del próximo día 30, al haber sido el único candidato al puesto.