El hallazgo de un rancho que sirvió como centro de exterminio o lugar de entrenamiento para el crimen organizado en el municipio de Teuchitlán, en el estado de Jalisco, obligó al Gobierno mexicano a volver a prestar atención al drama de las desapariciones.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció recientemente una serie de medidas para reforzar la búsqueda de personas y asumió, aunque sea tácitamente, que en los más de 6 años de gobierno de izquierdas hay todavía mucho que hacer en materia de derechos humanos.

Para los colectivos (compuestos en su mayoría por madres) que buscan en las fosas clandestinas a sus seres queridos esta es una promesa que se recibe con escepticismo: el antecesor de Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador, inició el sexenio prometiendo justicia y lo terminó acusando a estas mismas madres de alinearse con la oposición para alimentar el ataque a su Gobierno.

Quizás lo relevante de lo que se encontró en Teuchitlán tiene que ver con lo simbólico: decenas de pares de zapatos que podrían pertenecer a personas que fueron asesinadas en ese lugar o que fueron reclutadas por el crimen organizado. Ninguna de las dos afirmaciones es contradictoria.

En un país acostumbrado a la barbarie (más de 400.000 muertos y más de 115.000 desaparecidos desde que Felipe Calderón declaró la «guerra al narcotráfico» hace 18 años), noticias así suelen pasar desapercibidas.

Pero las imágenes de los zapatos apilados provocaron una ola de indignación que se plasmó en protestas en las principales plazas del país una semana después. No fueron concentraciones masivas pero sí significaron una pequeña rebelión ante una presidenta que en sus primeros meses de mandato eludió hablar sobre el problema de los desaparecidos.

Cambio de narrativa

Las desapariciones han sido un incómodo elefante en la habitación del Gobierno de México durante los últimos años. En su primer trienio, el expresidente López Obrador trató de hacer frente al incremento de personas no localizadas, puso en marcha una arquitectura legal siguiendo las demandas de los colectivos y confió en funcionarios con amplia trayectoria en la materia.

El esfuerzo no duró todo el sexenio. Cuando en 2022 la cifra se disparó hasta los 100.000, alguien al interior de su gabinete lo convenció de que la lógica de reconocer las vulneraciones a los derechos humanos era perjudicial para mantener el poder.

Y cambió la narrativa: desmanteló herramientas como el Centro Nacional de Identificación Humana y obligó a dimitir al personal a cargo de la Comisión Nacional de Búsqueda, acusándolos de formar parte de una conspiración contra su Gobierno.

La única excepción, en términos de atención, fueron los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos desde hace más de diez años. Con ellos la relación también terminó mal.

Sheinbaum inició su mandato por la misma línea, tratando de ignorar el problema. El hallazgo en Teuchitlán la obligó a cambiar su estrategia. El anuncio de medidas para reforzar la comisión de búsqueda fue recibido con escepticismo por las familias.

En realidad, los planes anunciados por Sheinbaum no son más que regresar al punto anterior y reconocer que el problema sigue ahí.

Ahora habrá que ver si de las promesas se pasan a los hechos o esta es solo una gestión de crisis reputacional. El jueves, colectivos de búsqueda y medios fueron invitados al rancho. Hubo escenas de caos que no hacen presagiar nada bueno.

Tiene razón el Gobierno cuando cuestiona a la oposición, que trata de aprovecharse de un problema que ellos mismos crearon. El PRI y el PAN son responsables directos de la violencia que sufre el país.

El Gobierno de Sheinbaum tiene la oportunidad de mirar hacia las víctimas y reconocer que hablar sobre las violaciones de los derechos humanos que atraviesan México no debilita al Ejecutivo, sino que debería ser una cara más de una administración que mira hacia la población más desfavorecida.