El Gobierno de Nafarroa va a impulsar una reforma legal que incluirá un registro de grandes tenedores de vivienda –aquellos propietarios que dispongan de más de cinco inmuebles–, además de sortear aquellas de carácter público, aunque para la mitad de ellas tendrán preferencia aquellos solicitantes menores de 35 y mayores de 60 años.

Además, se sustituirá el sistema de baremos por sorteos con cuotas sociales para el acceso al alquiler y penalizará prácticas como el acoso inmobiliario o la discriminación en el acceso a la vivienda. Así, se incorporan «como causas sancionables, el racismo, la xenofobia, la discriminación por orientación sexual, discapacidad o situación socioeconómica, entre otras», ha indicado el parlamentario de Contigo-Zurekin, Daniel López.

Este ha explicado que también se va a eliminar la figura del arrendamiento con opción a compra, una modalidad que «no funciona», además de facilitar la «tramitación y adecuación urbanística» de los alojamientos ocasionales e introducir la figura del derecho de superficie, que «permite que el suelo siga siendo público mientras el usuario adquiere un derecho de uso de la vivienda por un periodo de hasta 75 años, prorrogable», ha detallado.

En representación del PSN, el parlamentario Kevin Lucero ha trasladado que en dicha reforma legal se introduce el concepto de «acoso inmobiliario», definido como cualquier práctica destinada a forzar el abandono de una vivienda mediante presiones, deterioros intencionados, impago inducido o amenazas.

Junto a ello, se ampliará el registro de arrendamientos, que «no solo recogerá datos identificativos del inmueble y de las partes contratantes, sino también información esencial como el precio pactado del alquiler, la renta de contratos anteriores, las actualizaciones de precio, el importe de la fianza y cualquier otra condición económica relevante del contrato», ha enumerado.

Itxaso Soto (Geroa Bai) ha puesto el foco en el «refuerzo» de las cooperativas de vivienda, ya que «a través del nuevo concepto de derecho de superficie, se abre la posibilidad de destinar suelo público a la creación de cooperativas de vivienda, lo que favorece el desarrollo de nuevos proyectos».

Sobre rehabilitación de viviendas en el parque público, «la nueva normativa pretende revitalizar y actualizar estos inmuebles, no solo para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, sino también para reducir el impacto medioambiental de los edificios públicos», ha dicho.

El Ejecutivo foral podrá adquirir vivienda calificada como de protección oficial cuando «haya perdido o vaya a perder esa calificación» y se reformará el censo de solicitantes para excluir durante dos años de la lista a quienes rechacen sin causa justificada una vivienda ajustada a sus preferencias.