Tras varios meses de esfuerzos para evitar el cierre, Guardian cerrará finalmente sus puertas. La última oferta presentada por la empresa ha sido aceptada por la mayoría de los trabajadores. En la votación, 97 trabajadores optaron por aceptar estas condiciones, frente a 68 que se mostraron partidarios de recurrir el ERE. En producción el resultado fue muy ajustado, ya que el sí a la indemnización se impuso por solo 2 votos, aunque en oficinas esta opción fue mayoritaria (30 síes frente a 3 noes), según ha informado ELA en una nota.

En total, 171 trabajadores serán despedidos con el cierre definitivo de Guardian, previsto para finales de abril.

En cuanto a los mandos intermedios, 30 empleados votaron a favor de aceptar la oferta de la empresa, tres la rechazaron y uno votó en blanco.

La votación se llevó a cabo en la asamblea celebrada el pasado viernes, reflejando unos resultados muy parejos. Con esta decisión, la multinacional evita recurrir a la vía judicial contra el expediente de regulación de empleo. El proceso de consultas del ERE había concluido sin acuerdo entre la dirección y los sindicatos.

Durante este periodo, los trabajadores fueron informados de las condiciones de la empresa, pero no se mostró apoyo a la propuesta en ese momento. Posteriormente, una parte de la plantilla solicitó que la oferta se sometiera a votación.

La empresa pagará una indemnización de 45 días por cada año trabajado. Sin embargo, existe un tope de 720 días, lo que implica que los trabajadores con más de 22 años de antigüedad no recibirán el total que correspondería. Según ha declarado el comité de empresa, estos empleados «perderán dinero» al no poder cobrar la parte que excede ese máximo. Este proceso marcará la culminación del cierre de la planta de Guardian, iniciado en enero, y evitará la judicialización del caso.

El sindicato ELA ha trasladado que «lamenta este resultado, que también es fruto de las presiones que ha realizado la multinacional a la plantilla». ELA, en la citada asamblea, defendió apostar por la vía jurídica al considerar que la dirección no había acreditado las causas del ERE.

En la misma línea, LAB ha insistido en su «rechazo» a lo firmado. «Hemos volcado todos nuestros esfuerzos en frenar una decisión injusta que supone más destrucción de empleo en la comarca de Aiaraldea y el cierre de una empresa histórica, con décadas de arraigo en el territorio». Según han señalado, han llamado « a todas las puertas institucionales posibles, pero más allá de declaraciones en prensa, lo único que hemos encontrado ha sido inacción».

Así, ha acusado a Lakua de ser «un simple espectador» en lugar de actuar «como agente activo en defensa del empleo y la industria local». «Esta pasividad institucional solo sirve para fortalecer el poder de las grandes multinacionales a costa del tejido productivo y social de nuestro país», ha afirmado el sindicato.

El martes se firmará el pacto definitivo y los despidos comenzarán el lunes. La planta operará con un número reducido de empleados hasta finales de abril, con el cierre definitivo de la empresa.