El fiscal de la AN corrige a Urquijo y archiva tres de sus cuatro denuncias sobre recibimientos
Tres de las cuatro denuncias interpuestas por el delegado del Gobierno español en la CAV, Carlos Urquijo, contra recibimientos a expresos vascos excarcelados en aplicación de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que invalidó la doctrina 197/2006 han sido archivadas.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha archivado tres de las cuatro denuncias interpuestas por el delegado del Gobierno español en la CAV, Carlos Urquijo, contra recibimientos a expresos vascos excarcelados en aplicación de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que invalidó la denominada «doctrina Parot».
Según fuentes jurídicas, el Ministerio Público solo ha encontrado indicio de delito de «enaltecimiento del terrorismo» en el acto de bienvenida celebrado en el barrio de Usansolo de Galdakao el pasado 26 de noviembre, cuando fue excarcelado Jabier Martinez. Por este motivo, el departamento que dirige Javier Zaragoza insta a la Policía española a ampliar el informe elaborado el 5 de diciembre en el que se asegura haber observado dos pancartas supuestamente con lemas contrarios a la normativa. También pide a la Ertzaintza que amplíe la información remitida al tribunal especial.
De este modo, la Fiscalía ni siquiera se pliega a las exigencias de Urquijo, quien junto al ministro español de Interior, Jorge Fernández Díaz, han puesto énfasis en fiscalizar a amigos y familiares de expresos políticos vascos buscando supuestos «delitos de enaltecimiento».
Al margen del citado caso de Martínez (sobre el que se reconoce que no se identificó a nadie y del que apenas se menciona que «se lanzaron tres cohetes», según informes de Policía española, Guardia Civil y Ertzaintza), el Ministerio Público descarta investigar más recibimientos tal y como había exigido Urquijo.
En concreto, decreta el archivo de las diligencias abiertas por los recibimientos de Inma Pacho (Bilbo), Juan José Legorburu (Zornotza) y Juan Ignacio Delgado (Legazpi). En los tres casos, los decretos, firmados por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional española, Javier Zaragoza, recuerdan la jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo.
En este sentido, considera que sería objeto de investigación calificar como «políticos» a los prisioneros o denunciar que han sufrido «represión». Por el contrario, «no se han considerado tales actos de ensalzamiento el mero hecho de formularse alegaciones encaminadas a conseguir el regreso de los presos».
La decisión llega después de que el fiscal mostrara su «sorpresa» por el escaso contenido de los informes que le remitió el delegado el Gobierno español en la CAV.