Animan a la ciudadanía vasca a sumarse a las movilizaciones en defensa de las herriko tabernas
Ante Kirruli herriko taberna, en el barrio bilbaíno de Indautxu, el portavoz de Sortu Pernando Barrena y el representante de los locales que el Estado español quiere decomisar Iñigo Sáez de la Fuente han animado a la movilización. Barrena ha dicho que «para parar estas vulneraciones continuas –en referencia a las consecuencias de la sentencia del Supremo español del sumario 35/02– es necesario el compromiso de toda la ciudadanía»-
Pernando Barrena ha calificado la resolución del alto tribunal español de «sentencia anacrónica» cuyo objetivo «es condicionar el futuro». «El Estado –ha añadido– nos quiere encadenados a una situación de permanente excepcionalidad». Ante esa actitud, al igual que hicieron ante las ilegalizaciones, el dirigente independentista ha planteado «hacer frente a los juicios y sentencias políticas, a la vez que exigimos el fin de la persecución política». «Entre la legalidad y la justicia, optamos por la justicia. Trabajaremos en favor de esta hasta acabar con las vulneraciones de derechos», ha anunciado.
Barrena ha subrayado ante la herriko taberna de Indautxu que «es época de compromisos, y trabajar en favor de los derechos civiles y políticos». En su opinión, es el «modo más efectivo» de responder a las vulneraciones de derechos que sufre una parte muy importante de la ciudadanía vasca. Por ello, ha insistido en llamar a la movilización. «Demos el paso de la solidaridad al compromiso y reivindiquemos que queremos libres las herriko tabernas».
A su vez, Iñigo Sáez de la Fuente ha anunciado que defenderán las herriko tabernas, labor a la que han animado a sumarse a la ciudadanía vasca. «No aceptamos esta sentencia. No aceptamos el robo», ha enfatizado, recordando que ya lo advirtieron en la comparecencia masiva del sábado en Zarautz. Así, saldrán a la calle este fin de semana en todos los pueblos y barrios afectados.
Sáez de la Fuente ha manifestado que el TS español reproduce con esta sentencia el gran decomiso que sufrieron la mayoría de las organizaciones políticas y sindicales en 1936. «Esta sentencia es un eslabón más en la cadena de imposiciones de un Estado español que jamás ha roto con su pasado fascista», ha destacado.