Evidentemente así es, y ello, esa parcialidad denigratoria respecto al carlismo que debería agradar, o incluso refocilar, a los integrantes del ateneo Basilio Lacort, parece que tampoco consigue su beneplácito, ya que haciendo gala de un españolismo muy castizo los miembros firmantes en su, por ahora, última intervención del pasado día 27 abogan por el desmantelamiento del entero museo, algo que proponen, y así evidentemente ha de entenderse, desde su posicionamiento «liberal» a ultranza, posiblemente desconociendo el origen democrático de su creación a resultas de la aprobación unánime del Parlamento navarro tras vencerse las reiteradas negativas de la derechista UPN –partido en su origen con tantos antiguos franquistas, y también, como los miembros del ateneo, enemigos acérrimos del carlismo– que, al igual que ahora proponen los ateneístas, consideraban irrelevante, inútil o negativo conservar en las debidas condiciones un patrimonio que, se quiera o no, es fundamental para entender cerca de 200 años de la historia del pueblo navarro. Pero, por fin, y tras las vicisitudes que se exponen en un anterior excelente artículo de Javier Cubero, el 27 de abril de 2000 se firmó el decreto de su creación.

Es sorprendente, y hasta podría calificarse de único, el deseo de una asociación –se supone que cultural– por aniquilar o erradicar de su territorio un legado de tal magnitud. Un legado que ya lo hubiese deseado tener, aunque fuese temporalmente, el gobierno vasco. Porque ha de decirse tantas veces como sea necesario que por la generosa ayuda del Gobierno de Euskadi hoy pueden ser exhibidos muchos componentes esenciales del museo. El gobierno vasco se ofreció a su restauración –tras negarse a ello el de Navarra– y gracias a tal patrocinio, que importaría 20 millones de pesetas (fue antes del año 2000), y sin exigencia de compensación ni de reciprocidad alguna, hoy pueden exhibirse banderas, uniformes y otros objetos entregados en depósito por el Partido Carlista.

La sorprendente –benévolamente la califico así– propuesta de los ateneístas navarros para desmantelar un museo, de un espacio cultural –deberían ser conscientes de que la historia siempre es cultura–, puede hacernos reflexionar respecto a las últimas intenciones de quienes la plantean y también de su talante no ya intelectual sino, según propia confesión, «liberal». En cualquier caso, y en el improbable supuesto de que su petición de desmantelamiento prosperara nadie amante de la cultura debería preocuparse: tales bienes retornarían a su legitimo propietario, el Partido Carlista, que podría entregarlos en nuevo depósito por ejemplo a Euskadi cuyo gobierno ya solicitó, tras su magnánima y ejemplar restauración, el exponerlos al menos cinco años (petición no satisfecha) en el Museo de Historia de Bilbao. Y si ahora el ejecutivo de Vitoria/Gasteiz no mantuviera tal deseo –algo que considero impensable– que lo ofrezcan a otros territorios escenarios de los hechos en el periodo histórico que comprenden, así por ejemplo al Govern de Catalunya, y ya verían la respuesta. Euskadi y Catalunya, dos naciones siempre caracterizadas por su incultura, como es bien sabido…

Por lo demás creo que ya es demasiado cansada la repetición de argumentos que no van a parte alguna. Lo último de los ateneístas cae ya en la patología de lo rabioso. Pensar que la reiteración de manidos argumentos de la retaguardia guerracivilista puede ocultar el fracaso de alguno de sus miembros, Mikelarena en concreto, en su búsqueda de documentación acreditativa de lo que sin pausa pretende argumentar es absurdo, y ello no se suple con la obsesiva reiteración de tópicos. Afortunadamente la ubicación del carlismo en el cretácico según su intervención anterior ahora ya por los mismos ateneístas ha sido rejuvenecida pasándolo al neolítico. Algo es algo, pero aún invocan el asidero de la señora Mina –a la que quien esto escribe aludió la vez anterior previendo que la sacarían a la palestra, como así ha sido– profesora a la que con todo respeto le preguntaría si recuerda su intervención en la última de las Jornadas celebradas por el museo el año 2011; supongo que no le será agradable rememorarlo dado que no supo responder a las cuestiones que como contestación a su pintoresca teoría de negación del foralismo carlista le fueron planteadas.

No, no pensaba que iba a leer jamás la petición de desmantelamiento de un museo –como apuntan los ateneístas en un alarde de progresía y democracia– y ello incluso aunque se descartase que su dirección y comité científico fueran plurales y transversales respecto a las adscripciones políticas e ideológicas de sus componentes. Sin embargo, hay que reconocerlo, ha sucedido; lo exigen, posiblemente como fruto de la ya apuntada rabia iconoclasta de quienes, así lo proponen o exigen. Y en definitiva no me extraña esa manifestación de desprecio a la cultura por quienes, autocalificándose de «liberales», la exponen en el escrito al que me vengo refiriendo, porque en la destrucción de patrimonio cultural tienen augustos precedentes. Una muestra de lo que digo: el año 1837 por el Ministerio de Hacienda, y firmado por «la Reina Gobernadora» en nombre de su hija Isabel, se publicaba un Decreto por el que «se ponían a disposición del Gobierno para atender a los gastos de la guerra las alhajas de oro y plata labrada, joyas y pedrería que como pertenecientes a las catedrales, colegiatas, parroquias,  santuarios, ermitas, hermandades, cofradías, obras pías y demás establecimientos eclesiásticos», lo que llevaría consigo, junto con las exclaustraciones y las desamortizaciones, la destrucción de una parte importantísima del patrimonio artístico –también desaparecerían retablos y ornamentos varios para en el mejor de los casos, y si previamente no habían ardido, enriquecer colecciones extranjeras–, como sucedió entre otros en el monasterio navarro de Irantzu. Sin embargo, los bienes de los caciques enriquecidos con las desamortizaciones no fueron tocados por ese mismo gobierno.

Es así la historia que ahora, con el museo, algunos quieren repetir y que tan solo al decirlo delatan los verdaderos objetivos finales que pretenden. Leer que un doctor en historia (Fernando Mikelarena) y un profesor (Víctor Moreno) proponen que si alguien quiere un museo referido a la historia de su nación «que se lo pague», pese a que su creación ha sido el resultado de la voluntad unánime y democrática de todos los partidos en un acuerdo parlamentario es, más que  descorazonador, estremecedor, y muestra la altura intelectual de quienes lo dicen. Esperemos que Dios misericordioso –o el Gran Arquitecto, según su particular preferencia– no lo permita en aras de la mas elemental preservación de la cultura.