Quienes se oponen a la eutanasia y a la ley que la regula deben de tener las neuronas al rojo vivo. No las dejan descansar en su empeño por buscar argumentos que oponer a la realidad política que, día a día, va dando al traste con sus privilegios milenarios. Y es que, perder el poder sobre el morir equivale a su desaparición.

Por eso, aunque afirmen que sus principios son inamovibles, sus argumentos se van adaptando a los tiempos, y lo que era axioma en un determinado momento pasa al olvido poco después.

Así, «la vida es un don de Dios» se transmutó en «la vida es un préstamo divino», porque, claro, como lo que se da no se quita, aquella donación se volvió contraria a su principal interés, que consiste en que nuestra vida esté en sus manos, como gestores que se consideran y se proclaman de los asuntos divinos, y no en las de cada cual. Se trataba, por encima de todo, de que la vida fuera lo único que no se incluyera en el sacrosanto derecho a la propiedad privada que con tanto ímpetu defienden.

Y no les iba mal, la verdad, porque los estados y sus correspondientes gobiernos aceptaban sus premisas morales, aunque, en muchos casos, dijeran ser laicos.

Pero, las sociedades se han ido independizando de su influencia, y, gracias al esfuerzo y sacrificio de muchas personas, el derecho a disponer de nuestro ser se ha ido abriendo camino en las legislaciones.

Cuando, como señalaba antes, el argumento principal era que la vida era un don o un préstamo divino, a quien hablaban era a una sociedad impregnada de sus creencias carentes de razón. Hoy, esa sociedad ya no existe, y los supuestos mandatos divinos solo afectan a quienes creen en ellos, que cada vez son menos, y ni siquiera a su totalidad. Por ese motivo, han abandonado el mundo de los argumentos celestes y han descendido al de los mundanos. Y, como las estadísticas muestran que la sociedad está mayoritariamente a favor de la eutanasia, es decir, de que el morir sea algo que esté en manos de quien es dueña del vivir, y, además, esa voluntad mayoritaria se ha convertido en ley, han tenido que optar por la selección artificial, y han elegido al gremio médico como último baluarte de sus creencias.

Esta elección tiene su justificación lógica. En efecto, si la eutanasia requiere la relación entre alguien que la solicita y alguien que la hace posible, y la solicitud está amparada por la ley, solo la negativa de quien la tiene que posibilitar impedirá que se cumpla la misma.

¿Qué «razones» han aportado o aportan para intentar imponer sus creencias por encima de la legalidad? Tomando como base los documentos de la Congregación para la Doctrina de la Fe (uno, de 1980, y, otro, de 2020), que dejan claro que la vida es un don divino, han realizado un viaje en busca de apoyos racionales a su irracionalidad. Así, de la simple constatación de esa donación a la que hecho referencia, pasaron a la consideración de la eutanasia como homicidio e incluso como asesinato. La aprobación de la ley anula cualquier pretensión en ese sentido, porque la práctica de un derecho nunca puede ser considerada como un crimen. Siguieron, después, con la manida pendiente resbaladiza, es decir, con el fantasma de que su aprobación traería como consecuencia la aplicación incontrolada de la eutanasia. Las realidades de los países donde la eutanasia legal lleva funcionando desde hace alrededor de veinte años, se ha encargado de desmentir lo que ya de por sí es una mentira lógica. Anulada esa vía, anulada la pretensión de imponer creencias religiosas frente a derechos civiles, y anulada la posibilidad de que una mayoría de la población se muestre contraria, el siguiente paso fue acudir a la defensa de los cuidados paliativos como alternativa a la eutanasia. Pero, tampoco esta dio los resultados esperados, habida cuenta de que ambas posibilidades no son contradictorias, y, como enseña la propia lógica de sus paladines ideológicos (Aristóteles y Tomás de Aquino), lo que no es contradictorio es posible. Además, la propia ley de eutanasia recoge la obligatoriedad de informar sobre los cuidados paliativos y ofrecerlos a quien la solicita.

El siguiente intento ha consistido en promover la objeción de conciencia, cayendo en la contradicción, ahora sí, de convertirla en desobediencia civil, porque hacen un llamamiento público sobre lo que en teoría corresponde al ámbito privado. A eso habría que añadir que la propia ley recoge ese derecho a objetar, por lo que reclamarlo roza el ridículo.

Y, así, llegamos al último intento, por ahora, para impedir que la ley siga adelante. Este consiste en la utilización del concepto de acto médico, para lo cual acuden a una definición ad hoc extraída de la que al respecto ofrece el Diccionario Médico de la Universidad de Navarra del Opus Dei, a la que convierten, por arte de birlibirloque, en axioma, es decir, en principio indiscutible, al modo como lo haría alguien que definiera a los gatos en función del color de su piel y afirmara que «los gatos son negros», con lo cual, si alguien viera algo con todas las características de un gato, pero que no fuera negro, la conclusión sería que no era un gato. Eso mismo es lo que pretenden imponer a todas las profesionales de la medicina, intentando hacerles creer que son ellos, quienes se oponen a la eutanasia por razones religiosas, y no la sociedad a través de las leyes democráticamente aprobadas, los que determinan qué es un acto médico.

Entendería que todos esos esfuerzos por rechazar lo que la sociedad mayoritariamente ha decidido fueran dirigidos a sus correligionarios, para los que sería suficiente, en todo caso, con la amenaza del fuego eterno. Pero, como la mayoría de personas católicas (más del 52% en 2018, según el CIS), también son favorables a la eutanasia, y parece que ya no les asusta la amenaza del infierno, no parece que tampoco esta opción vaya a resultar favorable a sus intereses.

Solo la interpretación tergiversada de algún tribunal afecto a su ideología puede brindarle un último apoyo. Aun así, alea jacta est.