En efecto, 49 países se han reunido, en un Hotel situado en la Potsdamer Platz de la capital germana, para firmar un acuerdo según el cual se comprometen a transferir automáticamente sus datos fiscales sobre los contribuyentes del mundo entero a partir de 2017, sabiendo que dichos datos se refieren a las cuentas bancarias ubicadas en el extranjero, la percepción de rentas e intereses, la posesión de acciones y participaciones, etc. Y otros 51 países se comprometen a practicar en un futuro próximo ese tipo de intercambio automático.

Ese acuerdo ha sido firmado tanto por grandes potencias miembros del G-20 (Alemania, Reino Unido o Francia), Estados-miembros de la Unión Europea que practican parcialmente el secreto bancario (entre los cuales figuran Austria y Luxemburgo) como por paraísos fiscales reconocidos como tales por las instancias internacionales, a imagen de las Islas Caimán, las Islas Bermudas o la Isla de Jersey. Esa firma es el fruto de una larga negociación diplomática llevada a cabo por el Foro Fiscal Mundial (o Foro Mundial para el Intercambio de Informaciones y la Transparencia con fines Fiscales) compuesto por 123 países y que emana de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), tras recibir el mandato del G-20.

Como lo precisa Anne Michel, las negociaciones han sido llevadas a cabo personalmente por Pascal Saint-Amans, director del Centro de Política y Administración Fiscales de la OCDE y Jefe del Secretariado del Foro Mundial. Se han beneficiado asimismo del impulso y ayuda de los Estados Unidos que han sido pioneros en materia de intercambio automático de datos fiscales gracias a la aprobación de la ley Facta.

Ese acuerdo es vinculante puesto que los Estados firmantes se encuentran, de ahora en adelante, en la obligación legal de transferir sus datos fiscales de manera automática según las normas fijadas por la OCDE. Ese intercambio pretende mejorar el sistema vigente actualmente en virtud del cual se comunican los datos fiscales de un particular o una empresa tras recibir una solicitud oficial que se inscribe en un procedimiento administrativo o judicial por considerar que existen indicios de fraude fiscal. La respuesta a estas demandas depende de la normativa vigente en cada Estado y de la voluntad política de sus dirigentes. En el caso de los países que practican el secreto bancario, es muy difícil obtener informaciones exhaustivas en un breve periodo de tiempo.

Las implicaciones financieras son considerables tanto para el sistema monetario internacional, sabiendo que el fraude fiscal representa el 8% del PIB a nivel mundial y el 12% a nivel europeo, como para los Estados que habían basado su prosperidad sobre el secreto bancario. Eso implica para esos países, entre los cuales se encuentran países europeos como Luxemburgo y, en menor medida, Austria, un replanteamiento completo de su modelo económico. Concretamente, supondrá una diversificación de su economía asociada a una especialización inteligente de su tejido productivo que les permita diferenciarse de sus competidores y conseguir ventajas comparativas.

Para que ese acuerdo surta plenamente efectos, es imprescindible que los países firmantes lo cumplan efectivamente en conformidad con las reglas fijadas por la OCDE, que esos fondos no se desplacen hacía terceros países que no han ratificado ese acuerdo, que se adopten medidas para identificar formas difícilmente detectables de fraude fiscal y que se reduzcan las posibilidades de optimización fiscal tanto para empresas multinacionales como para grandes fortunas. En cualquier caso, tal y como lo reconoce el ministro francés de Hacienda, Michel Sapin, «esta firma es una etapa decisiva e irreversible en la lucha contra el fraude fiscal. (…) Se trata del fin del secreto bancario en Europa y más allá».