La puesta en funcionamiento por Israel de un tranvía que une los asentamientos con Jerusalén Occidental, (...) es una clara violación del derecho internacional y las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas». Resolución 31/36 (A/HRC/RES/31/36) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Este apartado de una resolución de las Naciones Unidas es conocido por CAF su socio Shapir, las autoridades israelíes y, también... las autoridades españolas (y vascas).

La empresa CAF, junto a la empresa Shapir, están al servicio de las autoridades de ocupación israelí que están aprobando planes urbanísticos, con desalojos palestinos, y tienen leyes de apartheid que están determinando un cambio demográfico y urbanístico en Jerusalén y en Cisjordania.

Así, las autoridades israelíes están ampliando asentamientos en una Jerusalén que abarca una extensión superior a la que tenía antes de su conquista y ocupación militar, y en zonas de la Cisjordania ocupada, expropiando y expulsando a familias palestinas de sus hogares con la excusa de la creación de parques, carreteras, tranvías o teleféricos que unen asentamientos, o con cambios de propiedad que favorecen a la población israelí judía.

Para ampliar la movilidad y facilitar la transferencia de población de la potencia ocupante a territorio ocupado, las autoridades israelíes financian la extensión de infraestructuras como el tranvía del apartheid que está fabricando la muy vasca empresa CAF.

Tan claro es lo anterior que el Punto Nacional de Contacto (adscrito al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo español), el cual vela por el comportamiento de las multinacionales capitalistas españolas, pone en evidencia tanto a CAF como a su actuación ferroviaria entre Jerusalén y las colonias próximas en los Territorios Ocupados Palestinos.

Lo hace, con mucho retraso, cuidando de no molestar mucho para no herir a esta empresa ni a sus accionistas y valedores (¿PNV?) que no tienen que envidiar a otros especuladores que priorizan los beneficios a corto plazo sobre la imagen corporativa y su plan de negocios a medio y largo plazo.

El Punto Nacional de Contacto, a pesar de CAF y de sus cómplices israelíes del PNC de Israel, que quisieron asumir el caso CAF y el de la empresa Shapir para eludir responsabilidades, ha establecido públicamente tres recomendaciones dirigidas a la dirección de CAF.

De ellas se deducen que CAF no ha realizado una diligencia debida digna de ese nombre en la valoración de los daños o vulneraciones a los derechos humanos que ocasiona su actividad; que ha falseado la información que transmite sobre el proyecto, porque CAF ha remitido a inversores y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores información según la cual el proyecto se llevaba a cabo en Israel, cuando en realidad se realiza en la ciudad ocupada de Jerusalén y la Cisjordania ocupada y, por último, le recomienda que debe acometer una revisión de sus procedimientos de diligencia debida por parte de una entidad independiente, porque sus servicios o auditor no han sabido o querido, diríamos nosotros, desvelar que en ese proyecto su socio, clientes y proveedores forman parte activa de la ocupación de territorios palestinos e, incluso, están en la base de datos de empresas que se lucran y benefician de la ocupación, Shapir, Egged o Banco Hapoalim. No es extraño, pues, que diferentes organizaciones hayan pedido la inclusión de CAF en esa base de datos de empresas delincuentes.

CAF dice que ganar dinero a las órdenes de la potencia ocupante y ahondar la colonización no está prohibido. Oculta a sus accionistas que su actuación forma parte de las demandas presentadas ante la Corte Penal Internacional como crimen de lesa humanidad por vulnerar los Convenios de Ginebra. Soslaya lo anterior, diciendo que en el tranvía puede viajar cualquiera, sin que importe su nacionalidad, pagando, que no habría discriminación y que el uso del tranvía reduce la contaminación. No dice nada de que el trazado tranviario dictado por las autoridades de ocupación haya ocasionado expropiaciones y pérdida de hogares a los palestinos, y que facilitar la movilidad de la población de la potencia ocupante a territorio ocupado, a las colonias, es un crimen de lesa humanidad. En suma, facilita la política de apartheid israelí.

La Autoridad Palestina reclamó a CAF que desistiese del proyecto en varias ocasiones. La última, el pasado 16 de mayo, cuando el primer ministro palestino, Mohammad Shtayyeh, pidió a CAF que dejase de entregar a las autoridades israelíes 57 vehículos que servirán para unir Jerusalén Oeste con los asentamientos de Jerusalén Este y Cisjordania.

CAF ha desoído todos los llamamientos para que deje de implicarse en la ocupación de Palestina. De hecho, junto a Shapir está concursando para la construcción de una nueva Línea Púrpura que penetra en los Territorios Ocupados Palestinos.

Por supuesto, la dirección de CAF desoirá los llamamientos palestinos, hay beneficios en juego, y las recomendaciones, recomendaciones son. Pero ni su consejo de administración ni relevantes accionistas podrán decir que no sabían que están cometiendo un crimen. A su vez, sus valedores, que invierten recursos en apoyo de causas nobles, entre ellas la del pueblo palestino, con ello intentarán un lavado pueril y cínico. Las instituciones que nos gobiernan, sean Lakua o Moncloa, que mantienen un discurso de supuesto respeto al derecho internacional, si no dejan de contratar a estas corporaciones y multinacionales cómplices de la ocupación, serán tan cómplices como ellas, quizá como algún político o exportero que usan puertas giratorias.