Ha ocurrido. El fondo Storebrand, en el primer trimestre de este año, ha declarado públicamente que desinvierte en CAF, empresa de vehículos de transporte ferroviario y autobuses, por su implicación directa y activa en apoyo de la política de colonización israelí en Territorio Ocupado Palestino.

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarril, multinacional de origen guipuzcoano, forma parte al 50% de un consorcio, JLR, junto con la empresa israelí Shapir, que construye, equipa y gestiona líneas de tren ligero al servicio de las autoridades de ocupación, entre Israel y las colonias próximas en Cisjordania ocupada, incluyendo Jerusalén Este.

No es el primer fondo que desaparece del accionariado de CAF; antes, poco a poco, se fue Norges Bank que, previamente, publicitó que abandonaba como accionista al socio de CAF, Shapir, incluido en la Base de Datos de las Naciones Unidas de empresas ligadas a la ocupación y colonización de Territorio Palestino Ocupado. Storebrand, primer fondo privado noruego que maneja alrededor de 90.000 millones de euros, lo ha dejado claro en su boletín del primer trimestre de 2024: «La red de metro ligero de Jerusalén es un proyecto israelí de infraestructuras de transporte a gran escala que conecta los grandes bloques de asentamientos de la Jerusalén Este ocupada con el centro de la ciudad y su parte occidental. La red crea continuidad territorial y facilita la circulación de los colonos a ambos lados de la Línea Verde, normalizando así la anexión de Jerusalén Este al resto de Israel».

«Desde 2020, JLR ha estado ampliando varias líneas en los asentamientos israelíes de Jerusalén Este, con CAF también involucrada en el trabajo de expansión. A través de estas operaciones, CAF está reforzando la permanencia de los asentamientos ilegales existentes y contribuyendo a la expansión de nuevos asentamientos, fomentando así la adquisición ilegal de territorio por parte de Israel. El traslado de la población israelí a los territorios ocupados constituye una violación del derecho internacional», reiteradamente establecido desde las Convenciones de Ginebra, las resoluciones de las Naciones Unidas, incluyendo su Consejo de Seguridad, y la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre el Muro del apartheid.

«CAF no está dispuesta a abordar esta cuestión con Storebrand», ni con los accionistas minoritarios que plantearon estas mismas cuestiones en la Junta de Accionistas celebrada el pasado 15 de junio. Tanto a Storebrand como a los detractores de la política del Consejo de Administración, este les remite «a sus informes anuales y de sostenibilidad respecto a estas operaciones concretas», avalados por la firma EY. CAF afirma estar plenamente comprometida con la diligencia debida en materia de derechos humanos y declara sus operaciones en consonancia con las directrices de la OCDE, incluso paga informes de consultoría a Negocio Responsable. Una diligencia debida y estudio de riesgos que llevan años suspendidos si atendemos al derecho internacional y a la ética empresarial. La verdad es que CAF se lucra siguiendo las instrucciones de urbanicidio del contratante, las autoridades de ocupación israelí, en contra de los representantes palestinos; su socio Shapir y sus proveedores, el Banco Hapoalim o su cliente de autobuses, Egged, están en la Base de Datos de las Naciones Unidas, tras investigaciones y encuestas internacionales, por su activo papel en la criminal colonización israelí de Palestina. Más aún, la consejera independiente de CAF, Carmen Alló, es también consejera de Edreams, otra empresa incluida en la Base de Datos como empresa delincuente por su política de apoyo a la colonización inmobiliaria.

CAF declara en sus Informes contables y de Información no financiera que tiene proyectos en Israel, falseando la realidad al incluir el de las líneas de tren ligero, que comprenden Territorio Palestino Ocupado. Y afirma que es «neutral» en sus actuaciones. Sin embargo, acepta y promueve la conquista y colonización israelí de Cisjordania, en contra del derecho internacional y del reciente reconocimiento por parte de España del Estado palestino en las fronteras anteriores a 1967, que incluyen Jerusalén Este como capital.

En ese año de 1967 conquistó Israel Jerusalén Este y el resto de Cisjordania, Gaza y los Altos del Golán sirio. Posteriormente, en 1980, las autoridades de ocupación ampliaron los límites municipales de Jerusalén, al norte, sur y este en cerca de 70 km², abarcando 28 aldeas palestinas.

CAF está ganando mucho dinero, sus acciones han subido. El Metro o la EMT madrileña compran los metros y autobuses de CAF o su marca Solaris. El presidente de CAF, el señor Arizkorreta, es aplaudido por sus pares vascos y recibe premios de excelencia. Algunos accionistas institucionales, como la Administración vasca, a través de Finkatuz, y el PNV-PSOE, no corrigen esa deriva.

Pero es curioso cómo va CAF perdiendo su reputación. Los palestinos conocen esta empresa y han rechazado públicamente su actuación «neutral» al servicio de los ocupantes israelíes. Varios fondos se han retirado de CAF por la falta de ética de esta empresa, aun teniendo beneficios y una gran cartera de clientes. Ya perdió la licitación del metro de Bogotá. Ha ganado otros concursos. Muchos grupos solidarios, en todo el mundo, conocen ya las acciones de apoyo de CAF a la colonización israelí, que se está inspeccionando en la Corte Internacional de Justicia. Falta ahora que las autoridades locales, regionales o estatales que dicen apoyar la autodeterminación palestina, como el gobierno español, autonómicos y ayuntamientos como los del País Vasco o Barcelona, sean coherentes y rechacen políticas empresariales favorables a la colonización en sus inversiones públicas.