Armamos un escándalo por la ponencia de Arantza Quiroga y sus cambios semánticos y no reparamos en la falacia fundamental de tales ponencias. La oficial originariamente es de origen socialista, por lo que no sorprende el erróneo pero muy interesado punto de partida. El PNV lo acepta por aquello de concitar apoyos.

Más me sorprende que Sortu no haya pedido todavía la enmienda de tal planteamiento, que trunca la historia, al silenciar el origen real de las violencias recientes. Así se lo agradecen los otros partidos, sobre todo el PP, que sistemáticamente, venga o no al caso, en el Parlamento como en los debates, no dejan de estigmatizarle por su pasado, sin reparar en la viga propia que les incapacita a situarse.

¿Cómo se puede datar el origen del conflicto vasco en el año 60, justo en el ecuador de la dictadura? ¿Dónde dejamos los 20 años anteriores de la más negra dictadura, las décadas del 40 y del 50 con sus hambres y su cruenta represión? ¿Cómo se puede ocultar el golpe militar de Franco de 1936 y los tres años de guerra con cientos de miles de muertos, lo que resulta la madre de todas las violencias? Esta manipulación de la historia vicia absolutamente la verdad del relato que dice promover el Plan.

La propia ETA tiene su origen en el 60 como una reacción de lucha activa contra la dictadura en vista a la débil respuesta de los partidos vencidos. El silenciar la historia anterior inclina la ecuación a favor de las tesis de los herederos directos de los vencedores franquistas. Así tienen la arrogancia patológica de exigir a los demás las genuflexiones de contrición que les corresponde ejercitar primero a ellos. Así se atreven a negar, sin sonrojarse, que exista conflicto vasco alguno, salvo ETA. La historia no comienza con ETA, ni se limita a ella. Fue Franco el que provocó con su salvaje dictadura el origen y la evolución de ETA. No hablamos de las guerras carlistas. No es menos reciente el franquismo que el tardofranquismo o el neofranquismo que todavía revolotea sobre nuestras cabezas. Son muchas familias que sufren en silencio los horrores de la guerra.

No hay duda de que los partidos que firmaron la Amnistía del 77 sienten reparos para hundir el arado en los suelos que corresponde. Hablan y legislan sobre memoria, en Madrid como en Gasteiz, blanden lo del suelo ético, pero sin llevarlo a la práctica, sobre todo en la línea de argumentación política, que es lo que más importa a las víctimas silenciadas. No es tanto la reparación económica lo que se pide y espera, sino las conclusiones políticas que reclaman los hechos, un relato objetivo y cabal que recoja todas las responsabilidades y desarrollar una política coherente en consecuencia, empezando por el texto de la ponencia. Tampoco sirve trasladar la Memoria a la categoría de folklore, como algunas celebraciones partidistas.

Ante la historia bien abierta, no queda más remedio que reconocer que hemos vivido y heredado un conflicto vasco. Sin embargo, ¿cuándo va a considerar y a reparar políticamente el Gobierno de Madrid, al mismo nivel que a las víctimas de ETA, a todas las víctimas del franquismo y de la Transición, como las de la guerra sucia, las de las torturas en cuarteles y comisarías, los muertos y heridos en la calle por las fuerzas represivas, incluido el caso Cabacas, que lleva el mismo curso de impunidad que las historias precedentes?

A estos capítulos habría que añadir las penas de cárcel que han padecido injustamente generaciones de jóvenes por persecución política, en el franquismo como en la Transición hasta nuestros días, por ejemplo el caso de Bateragune y tantísimos otros. No se entiende que la voluminosa historia de las cárceles y sus correspondientes juicios por tribunales franquistas y otros que se les asemejan, constituya una página amarilla de la que hayamos de prescindir gratuitamente.

La Querella Argentina acaba de trasladar al Juzgado de Donostia dos casos, que complementan a la perfección la historia: el de Pedro Estomba torturado en la Comisaría del lugar en 1971 y el de José Ariztimuño, prestigioso sacerdote torturado en la cárcel de Ondarreta y fusilado junto a otros casi 200 en octubre de 1937 en el cementerio de Hernani. Tiene guasa que el juez pregunte al joven familiar declarante: «¿En qué se siente afectado por la muerte de su tío bisabuelo?». El joven contestó: «Mis abuelos tardaron más de 20 años, para saber que a Aitzol lo habían enterrado junto al cementerio de Hernani, donde al tiempo colocaron una lápida y le honraron en décadas, hasta que se ha descubierto que los cuerpos están desaparecidos».