La democracia representativa se sustenta en la elección al sufragio universal, directo o indirecto, de manera libre y secreta, de los representantes que, previamente a su elección, han defendido una ideología y presentado un programa que se comprometen a promover y/o a aplicar una vez elegidos. Esto supone cierta credibilidad de los candidatos, basada en sus competencias y habilidades a la hora de suscitar la adhesión de la población, generar una dinámica política o expresarse en público; en sus trayectorias vitales, profesionales y militantes; así como en la coherencia de sus pensamientos y acciones. De la misma forma, implica una sólida confianza entre los votantes y sus representantes, sustentada en la constancia de sus posicionamientos, la correspondencia entre sus discursos y actuaciones, y el respeto de la legalidad vigente.

No en vano, hoy en día, asistimos a una pérdida preocupante de la credibilidad de los responsables políticos y de la confianza que los ciudadanos depositan en sus mandatarios, tal y como lo ponen de manifiesto los diferentes sondeos de opinión. Así, el barómetro del CIS indica que, para el 29,4% de la población española, los políticos representan uno de los principales problemas. Esa valoración negativa concierne los líderes políticos de todas las formaciones y afecta tanto a los partidos de gobierno como a las formaciones emergentes. A su vez, el nivel de confianza en los partidos políticos se sitúa a unos niveles históricamente bajos.

Por una parte, se observa una merma de la credibilidad de la clase política, en primer lugar, por su ineficacia y su incapacidad a arreglar los principales problemas a los que se enfrentan los ciudadanos, como pueden ser el desempleo, la precariedad laboral, los bajos salarios, las dificultades de acceso a una vivienda digna, la violencia de género, el calentamiento climático o el conflicto territorial. La crisis de 2008, que ha desembocado en un deterioro de la situación socioeconómica, y su gestión política, basada en la aplicación de políticas de austeridad, han acrecentado esa sensación de incapacidad de los políticos de influir positivamente en la situación diaria de los ciudadanos.

En segundo lugar, ese desvanecimiento de la fiabilidad hunde sus raíces en la pérdida de valor de la palabra política. En efecto, los cambios constantes de opinión y las contradicciones frecuentes entre los compromisos adquiridos durante las campañas electorales y las acciones llevadas a cabo una vez llegados al poder, a propósito de políticas públicas concretas o de pactos, merman la credibilidad de los representantes políticos. Los cambios incesantes de Ciudadanos sobre posibles pactos con el PSOE o el apoyo a la investidura de Mariano Rajoy son prueba de ello. Los electores consideran que no son de fiar y subrayan la escasa coherencia de los cargos electos. Ese rasgo es especialmente sancionado en el País Vasco donde la palabra dada sigue teniendo un valor simbólico.

En tercer lugar, la histerización del debate político, sinónima de ataques personales, descalificaciones constantes, uso abusivo de superlativos o utilización de un tono agresivo, que se compagina con la propensión a recurrir a aproximaciones interesadas o a claras mentiras, conduce a empobrecer la discusión política. Al rebajar sobremanera el nivel de la confrontación política, donde los argumentos dejan lugar al insulto, los políticos se rebajan a sí mismos y malgastan parte de su aura.

Por otra parte, los representantes políticos pierden, de manera acelerada, la confianza que los ciudadanos depositaban hasta entonces en ellos. La multiplicación de los casos de corrupción que han afectado a varios partidos políticos, empezando por el Partido Popular, han propiciado la difusión de una imagen desvalorizada de los políticos acusados de ser corruptos y de utilizar vías ilegales para financiar sus formaciones y lucrarse personalmente. La proliferación de las vistas orales y de las sentencias judiciales, que ponen de manifiesto la existencia de tramas organizadas que cobran comisiones a cambio de conceder contratos públicos, para financiar campañas electorales, sedes, sobresueldos y gastos personales, dan credibilidad a esta percepción que tiende a generalizarse al conjunto de los partidos y de los políticos.

A su vez, la pérdida de confianza está relacionada con la menor vertebración ideológica de la clase política, en un contexto histórico marcado por un declive relativo de los grandes relatos que daban fuerza y coherencia a los discursos y acciones de los responsables políticos. El llamamiento incesante al pragmatismo y al acuerdo acaba legitimando el cambio constante de opinión y la propensión de numerosos políticos a contradecirse sin cesar. Cambian de criterio sin reconocerlo o lo hacen con aplomo sin dar la menor sensación de engañar a sus votantes. Así, dos días después de conocer un descalabro electoral histórico, perdiendo 71 escaños y obteniendo el peor resultado del Partido Popular desde 1989, el líder de esta formación ha asumido, con seguridad e imperturbabilidad, un cambio rotundo de posicionamiento político.

Por último, ese retroceso de la confianza está vinculado con la tendencia de los partidos políticos y de sus líderes a gozar de un poder notable y quizás excesivo, en un sistema político que confina a la «partitocracia», ya que las formaciones políticas disfrutan de un amplio poder a la hora elaborar las listas electorales, dotarse de sedes, contratar a liberados y poseer presupuestos consecuentes como consecuencia de la obtención de financiación pública. Esta predominancia de los partidos conduce a cierta propensión a centrarse en los debates internos de los partidos, como ha sucedido en Unidas Podemos y sus afluencias, o a confundir los intereses del partido con aquellos de los ciudadanos. Estos últimos pasan a un segundo plano, lo que acrecienta la sensación de que los políticos se desinteresan de los problemas cotidianos de sus votantes.