Nuevamente, el debate sobre estatus jurídico de los territorios de EAE y Nafarroa en relación al Estado español se sitúa en la agenda política como necesidad y, parece, que como prioridad en función de aritméticas y contexto político. Atrás quedan, en el caso de la CAV, el Plan Ibarretxe neutralizado por el bipartidismo unionista (PP-PSOE) de otros tiempos y una etapa, gobiernos de Urkullu, de permanente especulación e incumplimientos para superar, desde una perspectiva nacional vasca, el agotado y agotador marco autonómico vigente.

Cuando se inicia este nuevo «input» es imprescindible contestar a una pregunta: ¿cuál es el punto de partida? En torno a esto se viene instalando un marco peligroso y engañoso. Parece que sobre el Estatuto actual el único problema existente, tras más de cuatro décadas, es el «incumplimiento del Estado de las transferencias» pactadas y su repetida utilización para «renegociaciones» con los sucesivos gobiernos de Gasteiz. Es decir, el futuro estatus sería un mero desarrollo/reforma del actual estatuto, dando por buena la aplicación y desarrollo de su contenido en estos 45 años. Esa es la «trampa» que se quiere fijar en este incipiente debate, hurtando y/o evitando el análisis de un factor fundamental: el balance o auditoría real del marco autonómico vigente.

En este sentido, el balance de su desarrollo operativo ha sido frustrante y reflejo tanto de las fallas de su contenido como de la inercia homogeneizadora y neocentralista que el Estado español ha ido estableciendo con la acción «coordinada» del poder legislativo (marco impuesto por la Loapa=Tejerazo) y el Tribunal Constitucional. A pesar de que el contenido estatutario situaba competencias de carácter exclusivo –competencias forales, emanadas de una asimetría territorial reconocida (disposición adicional primera)–  su evolución y ejecución ha devaluado estructuralmente el concepto del autogobierno para el impulso y desarrollo de un proyecto nacional vasco.

La enorme desvalorización del pacto político estatutario ha sido algo que, más allá de reflexiones políticas en torno a su «agotamiento» o las denuncias de su incumplimiento, el propio Gobierno Vasco ha monitorizado en profundidad en un informe denominado "Erosión silenciosa" que presentó y prologó la consejera Olatz Garamendi. Un informe demoledor del vaciamiento del pacto estatutario y, por ende, de la invasión competencial del Estado sobre el texto original. En el mismo se resume que: «el elemental principio de realidad nos debiera empujar a entender que los diseños teóricos sobre el reparto del poder político, que desde sus formulaciones iniciales se empezaron a describir como una distribución constitucional de competencias, no eran más que eso, formulaciones teóricas», «El problema ya no es el reparto de la competencia. Tampoco el respeto a su fuente atributiva. Digamos en todo caso que se respeta mayormente si la fuente es la propia Constitución. Porque si es el Estatuto de Autonomía caben muchas posibilidades de que no se respete y aquí tanto monta la acción normativa del Estado, como la acción jurisprudencial del TC». Y en torno a la acción legislativa del Estado se añade, por ejemplo, que «las denominadas clausulas o títulos competenciales horizontales o transversales se están utilizando para cercenar, limitar y armonizar cada vez con mayor descaro las competencias autonómicas». «El grado de detalle de las bases es tal que vacían por completo o degradan hasta extremos inaceptables las competencias autonómicas hasta dejarlas reducidas a la simple ejecución». Ese análisis es minuciosamente desarrollado, ámbito a ámbito, por expertos del propio Gobierno Vasco. Repetimos, demoledor y clarificador de dónde estamos en el «autogobierno» real.

Así pues, detrás de una capacidad financiera reconocida, concierto económico, se ha construido un marco jurídico que condiciona el desarrollo y tipo de las políticas públicas, vaciando el propio concepto de autogobierno y situando la capacidad competencial en mera descentralización administrativa. Una acción del Estado derivada fundamentalmente de un modelo de relaciones donde no hay un reconocimiento efectivo del sujeto político y, por tanto, una relación bilateral que blinde el autogobierno ante la máquina uniformizadora del Estado. Cuestión que la propia consejera enfatiza en el mismo informe planteando que «es necesario un nuevo pacto político sobre la base del reconocimiento de Euskadi como nación, la bilateralidad entendida como la capacidad de negociación inter pares, de igual a igual con el Estado, y la implantación de un sistema de garantías para que se cumpla lo pactado y evitar su judicialización».

Con todo ello, nos preguntamos: ¿por qué esa «auditoría» del autogobierno no es referencia básica en el debate político para afrontar el nuevo estatus? ¿O es que se prefiere ocultar con tal de dar cobertura a un determinado relato sobre el proceso estatutario, el conflicto político irresuelto y el debate en marcha? Por ello, ese diagnóstico es fundamental para situar el punto de partida real, salir de una «rotonda autonomista» estéril para un proyecto nacional y plantear, en consecuencia, un salto cualitativo en el modelo de relaciones entre la CAV, Nafarroa y el Estado español. Necesitamos un modelo de bilateralidad de naturaleza confederal basado en el reconocimiento nacional vasco dentro de un Estado plurinacional. Necesitamos el dimensionamiento del poder político competencial y, por supuesto, disponer de un sistema de blindaje y garantías que permita un real nivel de autogobierno/soberanía para afrontar los retos culturales, sociales, económicos y medioambientales de la sociedad vasca en las próximas décadas. Necesitamos, asimismo, dar cauce y asiento jurídico al respeto a la futura voluntad democrática de la sociedad vasca en sus diferentes territorios. Este es el espacio de consenso que fuerzas abertzales e izquierda confederal deberían liderar y cristalizar en esta coyuntura histórica.