En los últimos días del pasado mes de octubre de 2019 rememorábamos en Erandio el cincuenta aniversario de los sucesos de 1969, cuando dos vecinos de esta localidad –Josu Murueta y Antón Fernández– caían bajo las balas de las fuerzas represivas fasciofranquistas disparadas para acallar las protestas vecinales que en aquellos días exigían en la calle y cada vez con mayor fuerza y multitud el derecho a respirar, el derecho a la vida y recordábamos como aquellas dos muertes venían a subrayar la crudeza y la realidad de una situación en la que los efluvios contaminantes de diferentes empresas –Remetal, Indumetal, Metalquímica o Dow Unquinesa entre otras– hacían que las personas vecinas de esta población y otras cercanas tuvieran la idoneidad del aire suyo de cada día cuestionada por los planes de producción, por la planificación de emisiones, por la dirección del viento... y, sobre todo, por la supeditación de la política medioambiental y en consecuencia de la salubridad y la salud pública a los intereses empresariales. Los periódicos de la época reflejaron gráficamente a través de círculos concéntricos el alcance de aquella contaminación que por supuesto iba más allá de Erandio pero no hubo explicaciones, nunca se depuraron las responsabilidades de los agentes implicados y pronto se cerró el caso. «Lo calificaron de accidente», recuerda Pili Arenaza, esposa de Josu Murueta, uno de los asesinados.

Con círculos concéntricos esta vez mucho más amplios marcarían también los medios de comunicación diez años más tarde el alcance mortífero que un posible escape en la central nuclear de Lemoiz, entonces en construcción, hubiese tenido para la población de amplias zonas de territorio vasco e incluso más allá de él. Esta terrible posibilidad pondría en marcha un amplísimo y beligerante movimiento popular en contra de la central y las armas de las mismas fuerzas policiales fasciofranquistas en trance de trasmutar en demócratas sin mediar en ellas ninguna depuración también se emplearían a fondo contra las multitudinarias manifestaciones de protesta contra la instalación de la misma y sus balas acabarían en enero de 1978 con la vida David Álvarez Peña, militante de Euskadi Ta Askatasuna que desarrollaba junto a otros compañeros una acción contra la misma. Durante más de cinco años, hasta 1984 en que la conjunción de la lucha popular y el accionar armado de esa organización hicieron que se desestimase la continuidad del proyecto, la actuación del poder político y sus instituciones en todos los órdenes no harían sino servir a los intereses económicos de las grandes corporaciones eléctricas y la Banca, nuevamente a costa de desconocer el altísimo riesgo que ello suponía para la salud y la vida de la población de más de un millón de personas.

Hace escasamente dos semanas otra vez los medios de comunicación se veían obligados a plasmar en sus páginas nuevos círculos concéntricos que como en las mencionadas ocasiones anteriores señalaban a modo de dianas siniestras determinadas zonas geográficas de territorio vasco y a la población que en ellas vive, esta vez con epicentro en la población de Zaldibar donde el pasado día 6 de Febrero el derrumbe de un gigantesco vertedero enterraba a dos trabajadores que aún continúan desaparecidos y descubría un cúmulo de irregularidades entre las que destacaban las toneladas de amianto allí sepultadas ilegalmente junto con otros productos que aún no están bien identificados pero que al producirse el derrumbe del vertedero han generado una emisión de dioxinas tóxicas de tal nivel que ha llegado a determinar la suspensión de actividades deportivas, limitar determinadas zonas a lactantes y embarazadas, recomendar el uso de mascarillas en algunos puntos... produciendo la lógica alarma entre la población de los municipios afectados.

Si algo tienen los círculos es que son redondos. Como las verdades verdaderas y las ruedas de molino. Verdades como que en los tres casos la tasa de ganancia que se pretendía necesitaba de un incremento en la tasa de productividad, de emisiones o de deposiciones incompatible con la tasa de salubridad del aire y otros elementos naturales relacionados directamente con la salud pública o el riesgo para ello y se ha optado siempre por la primera: la ganancia. Ruedas de molino para, como dice el dicho popular, hacernos comulgar con ellas: «Ha sido un accidente» dijeron en Erandio en 1969. «Es imposible que haya un accidente» decían en Lemoiz en 1979. «Ha sido un accidente» dicen en Zaldibar en 2020.

Y por último el circulo representa mejor que nada la más pura continuidad temporal, por ejemplo esa que nos trae desde Erandio a Zaldibar pasando por Lemoiz haciéndonos visualizar crudamente a través de dos tragedias y de dos muertos en cada una de ellas la continua realidad de un esquema concreto de acumulación y ganancia capitalista que atraviesa cincuenta años y dos regímenes políticos en teoría contrapuestos –dictadura y democracia– pero que como vemos tan similares son en los hechos y en las formas.

A finales del pasado mes de octubre el pueblo de Erandio recordaba los sucesos de 1969, la contaminación del gas, las protestas populares y las muertes de sus vecinos Antón Fernández y Josu Murueta. Como no hay una sola memoria histórica pues tanto esta como el relato están traspasados por intereses encontrados y contrapuestos unos –el movimiento popular, los que lo hemos hecho año tras año– lo hicimos en la calle y otros –los que durante años han sido los garantes del olvido– lo hicieron en el Ayuntamiento. En este lugar estuvo Aintzane Ezenarro como representante de Gogora, esa herramienta diseñada desde el Poder en el ámbito de la CAV para que la Memoria Histórica quede constreñida y limitada a lo políticamente correcto, a lo no excesivamente crítico, a lo manejable, a lo no problemático... La propia pagina web de Gogora recogía la esencia de su presencia e intervención «La alcaldesa de Erandio, Aitziber Oliban y la directora del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, Aintzane Ezenarro se han referido al desamparo al que las familias han tenido que hacer frente, y se han comprometido a guardar y preservar la memoria de Antonio Fernández y Josu Murueta en el lugar que se merecen en la historia de Euskadi. Así mismo han mostrado su compromiso a que las futuras generaciones conozcan el error y el horror que nunca debió de ocurrir y que no debe repetirse». Es en esos momentos cuando el concepto cinismo institucional cobra toda su dimensión. Del «desamparo de las familias mejor ni hablamos». De «lo que nunca debió de ocurrir y que no debe repetirse» ni que decir si miramos hoy a Zaldibar y vemos que en lo sustancial son los mismos intereses, la misma política medioambiental, la misma gestión, la misma dejación que obvia el derecho a la salud y al aire de la población, los que han perdurado desde 1969 y han producido entre otras cosas graves otros dos muertos. Y pueden seguir produciendo más.