Recientemente hemos tenido una catástrofe humana, social y ecológica que aún cuesta comprender en toda su amplitud. El 6 de febrero de este mismo año, aunque parezca que ha pasado un siglo, el vertedero de Zaldibar engulló a Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze. Esta empresa obtuvo, en 2007, un permiso ambiental para hacer un vertedero de residuos industriales no peligrosos, vertedero que posteriormente, y por la vía de los hechos, se convirtió en vertedero de residuos peligrosos, en el que además se fueron acumulando gran cantidad de residuos abundantes en materia orgánica y agua. La resultante es una combinación peligrosa con dificultades para garantizar la estabilidad de un vertedero, una bomba de relojería.

La duda asoma, ¿cómo es posible que un vertedero de residuos no peligrosos se convierta en vertedero de residuos peligrosos sin tramitar ningún permiso nuevo? Verter Recycling solicitó permiso para verter amianto, material que puede ocasionar enfermedades irreversibles, responsable de la muerte de miles de personas trabajadoras. Al no contestar el Departamento de Medio Ambiente en el plazo de un mes, la solicitud quedó aceptada por silencio administrativo positivo y empezaron a verter materiales con amianto, miles de toneladas. En suma, Zaldibar era un vertedero de residuos industriales no peligrosos convertido en vertedero de residuos industriales peligrosos por silencio administrativo.

De lo ocurrido el 6 de febrero, lo poco que sabemos a ciencia cierta es que dos trabajadores siguen sepultados después de 100 días; que a sus familiares se les ha menospreciado desde la administración; que a consecuencia del derrumbe y los incendios posteriores se vertieron grandes cantidades de sustancias peligrosas para la salud humana y el medioambiente como dioxinas, furanos, metales pesados y amianto, y que se expuso al mismo durante horas a quienes trabajaron in situ desde el principio, a sabiendas de que estaba ahí, pero han de pasar varios años para que se pueda dimensionar el calibre del desastre humano y ecológico del que hemos sido testigos.

Ahora bien, la primera conclusión a la que podemos llegar es inmediata: un servicio tan esencial como la gestión de los residuos no puede quedar en manos privadas. Debe ser diseñado, proyectado, ejecutado, gestionado y controlado por un sistema público. No es suficiente con dejar el control, un control que a la postre se ha revelado como excesivamente laxo, a la administración.

Es ahí donde estos días vemos que nos quieren hacer tropezar por enésima vez con la misma piedra. El vertedero de residuos no peligrosos de Azkoitia. En pleno estado de alarma y cuando se supone que todos los trámites administrativos están suspendidos, salta la liebre. Una empresa creada en mayo de 2019 obtiene el permiso de impacto ambiental para construir una planta de «valorización de residuos industriales» (una vez más la importancia de la terminología). El proyecto ha sido presentado como amigable para el entorno, se supone que van a «valorizar» el 93% de los residuos que entran en dicha planta y solo destinarán a eliminación el 7%, es decir «reciclarán» el 93% de los residuos que entren.

El proyecto que presentan se divide en dos fases:

En la primera, se trata de utilizar unos 15.000 m2 de terreno para recibir, seleccionar y triturar los residuos industriales. Hasta 180.000.000 de kilos. ¿Con qué fin?

Pues el Departamento de Medioambiente del Gobierno Vasco les ha dado permiso para «valorizarlos» de todas las formas disponibles (incluida la utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía). Dicho de otro modo, los residuos con alto poder calorífico (unas 35.000 toneladas al año), es decir, plásticos, papel y cartón, madera… se podrán destinar a la incineradora de Zubieta para ayudar a quemar los residuos domésticos, que son bastante difíciles de quemar. ¿Qué pasa con el resto, con el 80% de residuos restantes? Pues la cosa tiene su misterio.

Para la segunda fase, unos 20.000 m2, de momento no se presenta proyecto. Dicen que en esta zona harán un relleno y, una vez finalizado este, presentarán un proyecto. Y es ahí donde el proyecto de Azkoitia, a pesar de que se intente ocultar, se revela como lo que verdaderamente es, un vertedero. ¿De qué van a rellenar 20.000 m2 de terreno? ¿Lo rellenarán con el material que no se puede quemar en la incineradora, a razón de unas 130.000 toneladas al año? Es más, ¿qué van a hacer con las escorias de la incineradora de Zubieta? ¿Acabarán en el vertedero de Azkoitia como «relleno» también? ¿Y con las cenizas tóxicas (muy peligrosas y contaminantes)? ¿Solicitarán más adelante, como sucedió en Zaldibar, los permisos para verter amianto esperando que, como allí, se les otorgue por silencio administrativo? ¿Y el control? ¿Los mismos que controlaron Zaldibar van a controlar el vertedero de Azkoitia?

¿No hemos aprendido de lo que ha pasado en Zaldibar? Un servicio que puede acarrear tantos problemas a la ciudadanía en caso de gestionarlo mal, ¿se puede dejar en manos de empresas privadas? ¿Es más importante mantener el entramado clientelar que la salud de la ciudadanía?

Es obvio que necesitamos un plan, un diseño completo para gestionar unos residuos que seguimos generando en cantidades sorprendentes, más allá de la palabrería de la economía circular que mucho se invoca, pero poco se practica. Cualquier plan razonable, pasa por un Plan Territorial Sectorial de residuos que comience con una asunción del tamaño del problema que tenemos, que diseñe los emplazamientos posibles, los dimensionamientos y las funciones de cada tipo de instalación, que consensúe con territorios históricos, municipios, productores y sectores sociales implicados los detalles de diseño, ejecución, gestión y control de los mismos. Con una única premisa. Control público.