Ese desequilibrio de las cuentas públicas, acentuado por la ayuda pública prestada a los bancos para evitar una crisis sistémica y una depresión económica comparable a la crisis de los años 30 del pasado siglo, ha llevado a los gobernantes a implementar políticas de austeridad que, lejos de propiciar un saneamiento de las cuentas públicas, han deteriorado aún más la situación económica, además de traducirse en un aumento notable de las tasas de paro, precariedad y pobreza. Esta situación de déficit de las cuentas públicas ha puesto en el centro del debate político la cuestión de la fiscalidad desde una doble perspectiva: la progresividad del impuesto y la presión fiscal.

A ese propósito, es preciso recordar que España se caracteriza a la vez por una escasa progresividad del impuesto y por una presión fiscal muy inferior a la de los países de Europa continental y nórdica. Si la presión fiscal del Estado español representa el 37% del PIB, tras situarse en el 34% durante un largo periodo, alcanza el 46% en Francia y supera incluso el 50% en varios países nórdicos.

En un contexto marcado por la intención del Gobierno central del Partido Popular de reducir ciertos impuestos (a pesar del alto nivel de déficit y de deuda pública de la actualidad) de cara a preparar las elecciones generales de 2015, ante la preocupación de la Unión Europea y la incredulidad de los mercados financieros, es preciso recordar ciertos datos relacionados con la presión fiscal en los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

En primer lugar, existe una correlación entre la relación de la renta del 10% de los más ricos con respecto al 10% de los más pobres en 2010 y la presión fiscal en 2011. Así, los países cuya presión fiscal es la más elevada, es decir los países nórdicos (Dinamarca, Suecia, Finlandia y Noriega), a los que se añaden Francia y Bélgica, se caracterizan por una relación de la renta del 10% de los más ricos con respecto al 10% de los más pobres que se sitúa alrededor del 3,5 e incluso del 3, mientras que países cuyas desigualdades de renta son superiores, como es el caso de España, superan el 5. En otros términos, los países cuya presión fiscal es la más elevada son aquellos que tienen las menores desigualdades de renta.

En segundo lugar, se produce una correlación entre la tasa de pobreza infantil en 2012 y el nivel de presión fiscal en 2011. De hecho, en los países nórdicos donde la presión fiscal supera el 45% del PIB, la tasa de pobreza infantil es inferior al 7%. Al contrario, en los países cuya presión fiscal se sitúa entre el 30 y el 40% del PIB, las tasas de pobreza son muy superiores, a la imagen de lo que sucede en España. Es decir, que los países que tienen la mayor presión fiscal son aquellos que tienen la menor proporción de pobreza infantil.

En tercer lugar, existe une correlación entre la parte que representa la clase media en el conjunto de la población y el nivel de presión fiscal en 2011. Así, en los países en los que es superior al 40% y más aún llega al 45%, la clase media representa entre el 55-60% de la población y, en numerosos casos, entre el 60 y el 65%. En este último caso se hallan los países nórdicos, a los que se añaden Holanda y Luxemburgo. Mientras que en aquellos países cuya presión fiscal es inferior al 40% e incluso al 35%, entre los cuales se encuentra España, la clase media se sitúa entre el 45 y el 50% de la población. Es decir, que a mayor presión fiscal corresponde mayor clase media.

En cuarto lugar, se produce una correlación entre la tasa de crecimiento medio en 2001-2011 y el nivel de presión fiscal en 2011. Así, países que se caracterizan por un alto nivel de presión fiscal, como es el caso de Suecia, Finlandia o Dinamarca, gozan de un nivel de crecimiento económico durante esa década que es igual o superior a países que se distinguen por una escasa presión fiscal, como son Estados Unidos o Reino Unido, con la única excepción de Australia. Esto significa que, a medio plazo (una década), la presión fiscal no solamente no perjudica el crecimiento económico sino que lo favorece.

En quinto y último lugar, existe una correlación entre la tasa de encarcelamiento para 100.000 habitantes en 2012 y el nivel de presión fiscal en 2011. De esa forma, países cuya presión fiscal se avecina o es superior al 45% del PIB, tienen una tasa de encarcelamiento inferior a 100, mientras que países cuya presión fiscal es inferior y/o ligeramente superior al 35% (como es el caso de España), tienen una tasa de 150. Esto significa que a una mayor presión fiscal corresponde una menor tasa de encarcelamiento.

En resumen, un alto nivel de presión fiscal permite una menor desigualdad de renta, una menor pobreza infantil, un mayor crecimiento económico a medio plazo, una mayor clase media y una menor tasa de encarcelamiento.

Para que un alto nivel de presión fiscal sea aceptado y asumido por la ciudadanía es preciso respetar tres principios básicos: 1) el gasto público debe ser eficiente, es decir que la población debe tener la convicción profunda de que el dinero público es gestionado con rigor y eficacia; 2) la gestión pública debe ser transparente, lo que significa que los gobernantes deben explicar claramente cómo y en qué se utiliza el dinero público; y 3) la presión fiscal debe ser percibida como justa, es decir, que paguen más los que más tienen. El respeto de estos tres principios, que legitimarían el incremento de la presión fiscal, supone la puesta de marcha de mecanismos de regulación, como pueden ser la evaluación sistemática de las políticas públicas por organismos independientes; la comunicación automática de las cuentas públicas de las instituciones, administraciones y empresas públicas a los medios de comunicación y la ciudadanía; o el fortalecimiento de los impuestos directos, no solamente sobre las rentas del trabajo sino también, y sobre todo, sobre las rentas del capital y del patrimonio.

Si no se realizan ese tipo se reformas, es poco probable que el incremento de la presión fiscal sea percibida como legítima, lo que propiciará la elusión fiscal que constituye hoy en día una práctica habitual y un serio problema para las arcas públicas.